Paz de día; guerra de noche

Santander de Quilichao, Cauca, Colombia.- “Crear media masivos de comunicación”, señala uno de los integrantes y vecino del municipio de Buenos Aires, Cauca. Forma parte del grupo de “Reconciliación, Convivencia y Paz” que la Agencia de Reconstrucción Territorial (ART) ha convocado para conocer y trasladar las peticiones de sus vecinos al gobierno colombiano. La idea: construir un nuevo país. “¿Pero de verdad queremos medios de comunicación masivos? Pensemos mejor en radios comunitarias, en cuántas necesitaríamos, qué contenido le daríamos y hasta dónde alcanzaríamos en cuanto a cobertura?”, matizan el resto de participantes (ocho, hombres y mujeres afros e indígenas). Durante dos días negocian cada uno de los puntos que previamente se han trabajado en las veredas y corregimientos de la zona. Los otros grupos (compuestos cada uno por una decena de personas) hablan de soberanía alimenticia; reactivación económica; vivienda, agua potable y saneamientos; educación rural y primera infancia; salud rural; infraestructuras y ordenamiento social. Se trata de ir escalando los temas que han salido de sus comunidades a las cabeceras de sus municipios y de ahí a las regiones. Son los denominados Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), hijos del acuerdo de paz firmado en La Habana entre el Gobierno y las FARC.

La prevención de alcoholismos y otras sustancias adictivas aparece en el debate de quienes discuten cómo articular un territorio reconciliado y en paz. Los participantes zanjan rápidamente que ese asunto le corresponde al grupo que trabaja temas de salud. No obstante, rescatan un ángulo que sí consideran importante para conseguir una buena convivencia: evitar la exclusión y marginación de los consumidores y la prevención, también en los temas del grupo que debate Educación. “Criminalizarnos no es bueno”, sugieren. “Compañero escribiente, digitador, apunte: centros para el deporte. Es importante contar con espacios de recreación y ocio para los jóvenes”, pide una indígena al funcionario estatal que va registrando en un portátil.

Antes de hacerlo, el empleado público lee en voz alta cómo queda la petición. Si hay acuerdo, solicita un nombre, el de la persona que dará continuidad y seguimiento al tema.

Una vez zanjado, abordan los otros puntos del bloque temático en el que están: empoderamiento de las mujeres indígenas; fortalecimiento de una justicia propia (donde deben convivir, así lo dice la Constitución, las normas indígenas y afros con las leyes generales); refuerzo de la Casa de Justicia y definición de las guardias indígenas, cimarronas y campesinas. El manejo intercultural también se toca. Al debatirlo surge la importancia de defender sus culturas, pero teniendo en cuenta que los usos y costumbres no vayan en contra de los derechos de las mujeres… “Es nuestra responsabilidad concienciar a los hombres en una cultura del respeto hacia ellas”, apunta un indígena. “Ustedes lo definen”, espeta Franklin Ramírez, de la organización gubernamental.

La dinámica con la que transcurre la jornada va sobre ruedas. Hay respeto, participación, representatividad… “Recuerde: este es un espacio de construcción colectiva por el municipio que soñamos”, se lee en las acreditaciones. La tarde es soleada, se trabaja en un local al aire libre y el Cauca atardece en apariencia tranquilo. Solo es apariencia, parte de los participantes deben irse: viven en el campo y en la noche nadie garantiza su seguridad por las carreteras o trochas. Algunos líderes comunitarios, apuntan desde la Agencia de Reconstrucción Territorial, no han podido llegar: están amenazados. Hace unas semanas mataron a uno de ellos; uno más. El conflicto en esta zona del país está lejos de haberse acabado. La guerra con las Farc ha terminado, sí, pero la ausencia del Estado sigue siendo una pauta en una región donde la presencia del Eln, los mexicanos (cartel de Sinaloa), disidentes de las Farc y bandas criminales operan como quieren. En otras palabras, la barbarie de siempre.

“Teníamos muchas esperanzas, pero las élites de este país no quieren oír hablar de otras formas de gobierno alternativas. No quieren entrar en temas como verdad, justicia y reparación, de una ley de víctimas o de restitución de tierras. No ha habido una buena planificación, no llega la respuesta del gobierno y no hay garantías de seguridad”, apunta Franklin Ramírez. Por contra, sí reconoce una gran avance en el trabajo que vienen haciendo: es la primera vez que el Gobierno no dice lo que hay que hacer sino que acude a las comunidades a escuchar sus necesidades. El reto, coinciden todos: implementar esos planes.

Otro puntal para la esperanza, sería según el técnico de la agencia estatal, el fortalecimiento de la ciudadanía, la resistencia, que llaman ellos. “Sí, y debemos estar preparados, porque no hay voluntad política para implementar todos estos cambios y que no quede en papel. De ahí lo importante de que estemos organizados. No queremos ser víctimas. Somos sujetos activos de derechos y queremos tener voz y voto”, señala una de las mujeres. Lo hace con la misma sonrisa, dulzura y contundencia con la que defendía hace unos minutos cómo construir un país en reconciliación, convivencia y paz. Es tarde. Ella debe ser de las que no deben tomar carretera. FIN

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