Jineth Bedoya: “Que por primera vez Colombia vaya a ser juzgada por crímenes de violencia sexual es un triunfo”

Jineth Bedoya, subdirectora del diario ‘El Tiempo’, compagina su labor de reportera con el activismo y es hoy una de las caras internacionales contra la violencia sexual contra las mujeres.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) juzgará al Estado de Colombia por el caso de la periodista colombiana Jineth Bedoya (Bogotá, 1974), secuestrada y violada hace 19 años cuando realizaba una investigación sobre el tráfico de armas en una cárcel de Bogotá.

Bedoya, subdirectora del diario El Tiempo, compagina su labor de reportera con el activismo y es hoy una de las caras internacionales contra la violencia sexual contra las mujeres. A pesar del horror que sufrió y de un posterior secuestro, sigue amenazada. Sus continuas denuncias la ponen en la diana y hoy vive y se mueve en su país con siete escoltas. Público habló con ella.

¿Qué supone que la Corte Interamericana de DDHH juzgue al Estado colombiano por su secuestro, torturas y violación?

Llegar a la Corte Interamericana para que el Estado colombiano sea juzgado por todo lo que me ocurrió el 25 de mayo del 2000 es un gran triunfo y es histórico para las mujeres en Colombia. Para las que hemos tenido que afrontar violencia sexual y para las mujeres periodistas que hemos vivido violencia de género ejerciendo nuestro trabajo en medio del conflicto armado.

Pero además es una luz muy grande de esperanza de que sí va a haber justicia y de que la verdad de no solo lo que me ocurrió a mí, sino lo que rodeaba en ese momento al país. Hablo de corrupción, del manejo por parte del narcotráfico, del paramilitarismo y de la guerrilla en una asociación ilegal con integrantes de la fuerza publica.

Es usted la primera víctima que lleva la violencia sexual en Colombia ante un Tribunal internacional.

“Soy la primera víctima que lleva la violencia sexual cometida en Colombia ante un tribunal internacional y esto es histórico”

Efectivamente soy la primera víctima que lleva la violencia sexual cometida en Colombia ante un tribunal internacional y esto es histórico. Por primera vez Colombia va a ser juzgada por crímenes de violencia sexual en el marco de un conflicto armado, un acto que es un crimen de guerra y de lesa humanidad. Y es importante porque en Colombia, el delito que más impunidad tiene es el de la violencia sexualdentro del conflicto armado, que llega al 98%. Se abre una puerta muy grande para se dé justicia en los tribunales internacionales.

¡Hablamos de unos hechos que ocurrieron hace casi 20 años! Sobre los que hay sentencia reciente para dos paramilitares, pero hay más… y mucha impunidad.

En mi caso hay tres personas que están condenadas de cerca de 27 que están mencionados en el proceso judicial. Los tres condenados son paramilitares. Son dos de los autores materiales y un tercero que permitió o facilitó que yo asistiera a una cita, una trampa, para que me secuestraran. Las dos últimas condenas salieron hace apenas dos meses.

Pero lo paradójico es que aunque están mencionados en el proceso, oficialmente, los actores intelectuales aún no han sido investigados ni judicializados. Y entre esos autores hay integrantes de la policía colombiana y del Ejército. Esa tal vez ha sido la mayor responsabilidad del Estado colombiano: no investigar esa línea.

El diario ‘Tiempo’ titulaba: “He sido la investigadora de mi propio crimen”. ¿A qué se refiere?

Cuando aseguró que yo he sido la investigadora de mi propio crimen es porque es así. Eso se lo manifesté en una carta a la Comisión Interamericana. Les decía que el Estado colombiano no tienen nada de lo que vanagloriarse ni atribuirse por haber logrado las únicas condenas que existen por el crimen del que fui víctima.

Yo fui la persona que durante estos 19 años recopiló todas las pruebas e hizo la investigación con el apoyo incansable de los abogados de la Fundación para la Libertad de prensa.

¿Ha sido la Justicia colombiana patriarcal con su caso? ¿Y con los casos de las otras tantas miles de mujeres víctimas de violencia sexual? 

Indudablemente sí. Sigo considerando que si no hubiese sido Jineth Bedoya, sino Pedro Pérez, a Pedro Pérez le habrían dado un tiro. A mí me tuvieron que torturar y violarme por el hecho de ser mujer, porque eso se sigue considerando como un escarmiento. Y en la Justicia no ha sido diferente: se manejó de una forma totalmente patriarcal. Tengo que mencionar los primeros años de investigación donde el propio fiscal argumentaba que si yo sabía que corría peligro yendo a hacer un trabajo periodístico a una cárcel, para qué lo hacía; que las mujeres no deberían hacer investigación a una cárcel. Se dijo que seguramente yo tenía alguna relación sentimental con algún guerrillero y que seguramente por eso habían organizado violarme. Se dijo que era muy difícil que todo lo que yo narraba de la violación pudiera ser cierto porque las mujeres en estado de emocionalidad perdemos el sentido y el raciocinio, y que por lo tanto no era tan creíble.

Y lo mismo durante las audiencias: se me revictimizó y me hicieron contar 12 veces mi violación, la última frente a mis verdugos.

¿Es posible dimensionar el número de mujeres que han sido víctimas de la violencia sexual durante la guerra en Colombia?

La Unidad de Víctimas dice tener 27.000 casos de violencia sexual registradospero mis investigaciones y las de otras organizaciones nos hablan de que pueden ser unas dos millones de mujeres violentadas sexualmente.

En mayo, el 25, se cumplirán 20 años de aquel crimen contra usted. Tengo entendido que quiere hacer ruido. ¿Qué está pensando?

Quiero sentar un precedente para la prensa internacional para las mujeres periodistas del mundo. Quiero organizar un acto de memoria que no se centre solo en Jineth Bedoya, sino en las mujeres periodistas de todo el mundo que tienen que afrontar su trabajo de una forma muy diferente a la de un hombre. Quiero hacer un homenaje a todas las mujeres corresponsales de guerra que han tenido que padecer abuso, acoso, violencia, estigmatización en medio de su trabajo. Porque eso fue lo que me ocurrió a mí. Es un día para recordarlas a todas. La violencia sexual es uno de los peores crímenes que existen en la humanidad.

Porque usted sigue con la campaña #NoEsHoraDeCallar para que las mujeres denuncien los abusos sexuales, ¿verdad?

Sí, porque cada vez que nos silenciamos, estamos beneficiando a nuestros verdugos; cada vez que guardamos silencio, le estamos dando el poder a quien nos violenta; cada vez que callamos frente a la violencia de género estamos empoderando a ese que nos hace daño. Hay que hablar. Levantar la voz, nos permite liberarnos y evitar que a alguien más le pase. Todos y todas tenemos que levantar la voz contra la violencia sexual. No denunciarla es ser cómplice de esa sedicia y esa barbarie que significa el abuso sexual. 

Publicado en https://www.publico.es/internacional/jineth-bedoya-primera-vez-colombia-juzgada-crimenes-violencia-sexual-triunfo.html

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La sangrante paz de Colombia

«En tres semanas han atentado contra tres mujeres, tres mujeres que conocí este verano en Colombia». Ese fue el arranque de este artículo, un comentario a la directora de LA MAREA que rápidamente me pidió escribiese sobre el tema. Afortunadamente a ninguna de ellas la mataron, pero desde entonces, hace poco más de un mes, los asesinos varios que andan desangrando esa esquina de América han aniquilado a decenas de defensores y defensoras de los derechos humanos. Y estamos en paz. Y en Colombia no hay guerra. Y la mítica guerrilla de las FARC, la más antigua de América Latina entregó las armas hace ya dos años. Y los informativos no hablan de ello. 

Quizás los más avezados lectores hayan visto en Internet los gritos de un niño de 9 años este fin de semana. La criatura presenció cómo disparaban a su madre. En las imágenes, el pequeño golpea como un loco la puerta de su casa con el cadáver de su madre a unos metros. Aúlla, patalea y se desgarra ante el cuerpo sin vida tirado en el suelo de quien le crió. María del Pilar Hurtado, que así se llamaba, había sido declarada objetivo militar por los paramilitares. «Nosotros no estamos con rodeos. Nosotros vamos es matando y recuperando el control y si buscan que el pueblo se caliente, pues se calienta esta mierda. Le damos plazo hasta las 12 de la noche de hoy», rezaba uno de los panfletos que le enviaron un día antes de matarla. Se dirigían a ella como «gorda, hija e puta y mujer del cacharrero». No está claro si ella, dirigente social, desplazada de otras tierras por otros violentos, era defensora o no. Hay fuentes que apuntan que fue un error y dicen que estaba incluida en esa lista fatal por equivocación. 

Mayerlis Angarita durante el rodaje de Mujeres al frente.

Que acertasen o no es lo de menos: está muerta, como los 702 líderes sociales y 135 excombatientes que han sido asesinados según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) desde que se firmó el tratado de paz de la Habana. Repito el recuento, una cifra que seguramente estará desactualizada cuando lean estas líneas: 837 personas entre enero de 2016 y mayo de 2019. El gobierno colombiano entre esas dos fechas “solo» reconoce 281 homicidios de líderes sociales, otras fuentes oficiales como la Defensoría del Pueblo hablan de 462 asesinatos. 

Ya sea con un asesinato cada 24 o 48 horas, lo que está ocurriendo en Colombia es un asesinato sistemático, están matando el acuerdo de paz mientras que el Gobierno y gran parte de la sociedad civil mira para otro lado. Es molesto mancharse de barro; es incómodo acercarse a los territorios (o sea, a las tierras que los campesinos y campesinas defienden con su piel y su sangre, donde “estuvo” la guerra); es cansino y aburrido seguir hablando de armas, desplazados y veredas a las que no llegan ni los funcionarios, ni los hospitales ni las carreteras. Porque en ellas reinan a sus anchas los narcos de Sinaloa -en unos tiempos donde los cultivos de coca se multiplican-, las disidencias de las FARC, el ELN (otra de las míticas milicias del país que viendo los incumplimientos de las promesas Gobierno hacia el grupo armado resulta difícil creer que entreguen las armas), las bandas criminales y los paramilitares. 

«Estamos alarmados por el chocante número de activistas asesinados, acosados o amenazados en Colombia, y el hecho es que esta terrible tendencia parece empeorar», decía hace apenas unos días el portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Rupert Colville. Y por poner cara, esbozo un somero perfil de esas tres mujeres que sobreviven y que podrían haber engrosado esa interminable escabechina que no cesa y que se dirige claramente hacia quienes defienden la paz y sus territorios. 

Tiemblo al hacerlo porque se me mezclan con las palabras de otra defensora, la periodista Jineth Bedoya, contra quien los bestias también han atentado varias veces. Ella, que fue secuestrada dos veces, torturada y violada de forma masiva. Ella, que vive con siete guardaespaldas, este fin de semana en Acampa por la Paz, en Coruña, decía que no callará a pesar de que la siguen apuntando. De algún modo, espera las balas. Algo muy parecido repite Mayerlis Angarita, otra defensora, otra mujer que ha renunciado a una vida propia por defender un país donde no sea normal que las maten, desaparezcan, violenten o torturen, explica. Ella es una de las mujeres más perseguidas en la zona en la que vive, Montes de María, en el norte de Colombia. Cuestiona el sistema de arriba abajo: por eso la quieren tumbar. Angarita ha sobrevivido a varios atentados, el último hace apenas un mes cuando iba en el coche con su hija y su sobrino. Vive también custodiada y tanto a la reportera como a ella se les quiebra la voz cuando piensan que cada vez que hablan puede ser la última. “Resulta difícil de entender que sigamos, claro. De hecho me ofrecieron salir de Colombia, pero quiero cambiar las cosas desde aquí. Me criticaron, me dijeron que no pensaba en mis hijos. Pero es porque pienso en mis hijos que me quedo. Y si tú no haces nada, eres parte de la indiferencia que nos mata. Las balas no matan, mata la indiferencia”, afirmaba en el libro Mujeres al frente. “A nosotros nos vulneraron los derechos y nos los tienen que restablecer. No nos protegieron, ni nos dieron garantías para que esos grupos no nos tocaran. Es el mismo escenario de lo que está pasando ahora. Nos están matando sin que a nadie le importe. La diferencia con lo que viví empezando el milenio es que ya no pueden tapar el sol con un dedo”, escribía hace unos días en el suplemento Semana.  

Contra Francia Márquez también fallaron. La afrocolombiana ostenta el premio Goldman, considerado como el Nobel del Medioambiente y vive en el Cauca, una de las zonas más peligrosas del país y una auténtica «mina de oro», un vergel que ha quedado seco por la actividad ilegal minera que drena y contamina los ríos. Con ella estaba la activista Clemencia Carabalí cuando las dispararon la última vez. Las dos siguen en pie y dicen que cuando les usurparon todo (amigos asesinados, tierras y derechos), también les quitaron el miedo. «El atentado del cual fuimos víctimas líderes y lideresas, nos invita a continuar apostándole a lograr la paz en nuestros territorios, en el departamento del Cauca y en nuestro país. Ya está bueno de tanta sangre derramada», comentaba Márquez en twitter. 

Hartas de tanta guerra tienen claro que deben seguir. Deben ser las lecciones que les ha dado la vida en un mundo que no ha conocido la paz. Otra defensora, la campesina Nelly Velandia, también desplazada, también perseguida, también acosada apuntaba hace tiempo que la guerra les enseñó que no podían claudicar. Sigo escribiendo, pero según lo hago -alentada por su fuerza- vuelvo a temblar. Me llega al móvil una nueva advertencia contra Mayerlis Angarita. Es de ayer. Y en ellas, las Aguilas Negras (paramilitares) la ponen la primera en su lista de las personas a callar. “Ninguno de los anteriores se salvarán de nuestras órdenes como son torturar, secuestrar, desaparecer, mutilar, descuartizar como ejemplo para que otros dejen de abrir la boca”. Tras el último tiroteo que vivió el Gobierno dijo que eran ladrones. Señores gobernantes: ¿van a hacer algo? Porque no vale lamentar las muertas. No vale aterrarse ante las imágenes de un niño desconsolado. FIN

Publicado en La Marea https://www.lamarea.com/2019/06/27/la-sangrante-paz-de-colombia/

Cada 48 horas muere un activista: la lucha por la paz en Colombia

Martha Ceballos tuvo que salir de su país, amenazada de muerte. Ahora vuelve a su país, Colombia, donde la paz es realidad solo en el papel.

Desde Intermón Oxfam avisan que Martha Ceballos, defensora de los derechos humanos, regresa en unos días a su país, Colombia. Vuelve tras haber estado durante unos meses acogida por un programa de protección de la Generalitat gestionado por la ONG y Cear: estaba amenazada de muerte. La activista, una de las caras de MOVICE, una agrupación que reúne a casi 200 organizaciones de víctimas del conflicto de crímenes de Estado, sabe lo que es la guerra. A su padre lo mataron. Su delito: ser indígena en unas tierras disputadas por los actores armados. A su hermano, la primera vez le dispararon por error; iban a por otra persona” [esos horrores del relato de cuando una guerra se hace cotidiana]; y sobrevivió. La segunda que le “balearon”, le hicieron pasar por un “falso positivo”, otra forma atroz de matar en el país del café a quienes no tenían nada. Les hacían pasar por guerrilleros. “Fueron los paramilitares en convenio con la fuerza pública”, aclara.

Ceballos, que también sabe lo que es el desplazamiento, el primero, con 15 años, afirma que a pesar de todo, no tiene miedo a volver. “Ya no nos pueden quitar nada. Y eso que es tan duro, a nosotros nos hace fuertes y a ellos les atemoriza. No tenemos nada que perder”, explica suavemente. Pero más allá de su ausencia de temor, las cifras de mujeres y hombres defensores de los Derechos Humanos asesinados desde que se firmó la paz, hace apenas dos años y medio, asciende a más de 500. Dicho de otra forma, cada 48 horas matan a un activista.

La defensora colombiana, con hijos allá cuidados este tiempo por su marido, cuenta que desde que pasaron los primeros 30 días de su estancia en Barcelona, ha estado contando los días que quedaban para volver a verlos. Tomará precauciones, como explican ambiguamente quienes están amenazados. No obstante, tiene claro que quiere seguir trabajando por la construcción de la paz y por poner sobre el tapete las causas que nadie ha tratado, los motivos que tampoco aparecían en el famoso tratado de La Habana: la desigualdad atroz que vive su país y el olvido de lo que ellas llaman los “territorios”, el campo, las zonas alejadas de la ciudad y las oficinas de los ministros. “Colombia pide un S.O.S a la comunidad internacional. Pedimos un S.O.S por la vida de los defensores. Necesitamos la paz”, señala.

Ella es de Nariño, una de las áreas más golpeadas durante lo que en el país americano se ha denominado eufemísticamente “conflicto”, una de los departamentos donde la muerte y la miseria campa a sus anchas. Valga como ejemplo algunos datos que recuerda Ceballos de zonas que, como la suya, ostentan un crecimiento constante de los cultivos de coca combinado con la presencia de un sinfín de grupos armados (paramilitares, disidentes de las FARC, guerrilleros del Eln, bandas criminales y narcos mexicanas). Eso, sí, en Nariño hay todavía localidades donde la luz no llega a todas las casas. Tampoco el agua. Ni las carreteras, ni la escuela, ni los hospitales… Mientras, el Estado sigue ausente, hoy, con la paz, con los pactos firmados y desde hace décadas. Y lamentablemente, este brutal dibujo que hace Ceballos se extiende al Pacífico colombiano y a otros departamentos como Putumayo o el Cauca.

Ella en Colombia es una de las líderes regionales de MOVICE, un movimiento nacional de las víctimas de crímenes de Estado. Su tarea es visibilizar las atrocidades que se cometieron contra ellos y buscar justicia. “Lo primero que tenemos que conseguir es romper con la polarización del país y que se entienda que la confrontación no lleva a nada. Lo decimos nosotras, las víctimas, que a pesar de todas las muertes, y de la falta de voluntad política por llegar a la paz, creemos en la fuerza de la comunidad. Yo no puedo cambiar el mundo, pero sí puedo conseguir pequeños cambios y perdonar, aunque no olvidar”, apunta. Y al hablar de memoria, y tras sus meses en España, apela a la ciudadanía española a hacer un esfuerzo por destapar todo lo que se calló aquí de nuestra guerra.

Desde lo que le toca, Ceballos se niega a que se repita la historia que en su país ha fagocitado a unas 90.000 personas que siguen desaparecidas y hecho a víctimas a más de 8 millones de colombianos. “Para que no ocurra de nuevo es necesario decir lo que pasó”, dice al tiempo que cuenta con ilusión sus logros y próximos trabajos. Este verano tienen autorización para intervenir unas fosas donde fueron asesinadas decenas de personas. Estará una vez más con las víctimas. Es parte de su trabajo con MOVICE. Porque la paz, afirma, no es solo el silencio de los fusiles, “es desarrollo, es justicia y reparación, es llevar financiación a los territorios, es devolver tierras, es pensar en los campesinos y campesinas, en los indígenas”, dice la defensora que no considera que la suya sea una vida excepcional. “Trabajar en mi campo me ha permitido ver que mi historia es la de tantos y tantas colombianas. No soy especialmente valiente”, concluye a pocos días de volar a Bogotá. 

Publicado en https://www.publico.es/internacional/martha-ceballos-defensora-colombiana-48-horas-muere-activista-lucha-paz-colombia.html

Mujeres de armas tomar

Los colombianos están inmersos en un precario proceso de paz que pretende acabar con medio siglo de lucha armada. Para entender cómo se vive ese tránsito, hablamos con cuatro excombatientes, cuatro mujeres que en su día blandieron fusiles desde distintos ejércitos. Todas los han dejado –de momento-. Están convencidas de que, al final, el enemigo es la guerra, maten unos u otros. 

Colombia 2018. Las crónicas cuentan que la guerra ha terminado, que los hasta 15.000 hombres y mujeres que en su día llegaron a integrar las FARC (insurgentes contra el Estado, combatientes, guerrilleros o como prefieran llamarse) han dejado las armas. Y sí, es cierto que en noviembre se cumplirán dos años desde que se firmó el acuerdo de paz entre el Gobierno y este grupo armado que combatió durante 52 años. No obstante, también son ciertos el miedo, las balas, los muertos y hasta los empalamientos a mujeres, una barbarie que ocurre hoy cuando los paramilitares pasan por los pueblos. No es ficción, es parte de los relatos que recoge Pilar Rueda, abogada y asesora en género para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Y aquí no hay literatura; la paz de Colombia es una paz con muertos. Entre ellos, los 77 líderes asesinados en el primer semestre de este 2018, según el Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos. Un cómputo al que hay que sumar también a los 76 exguerrilleros de las FARC asesinados tras haber dejado las armas y a 20 de sus familiares. Pocas bromas. Poca paz.

“EN LA NOCHE, DESPUÉS DEL TOQUE DE QUEDA, DERRIBABAN PUERTAS A CULATAZOS, SACABAN A LOS SOSPECHOSOS DE SUS CAMAS Y SE LOS LLEVABAN A UN VIAJE SIN REGRESO. ERA TODAVÍA LA BÚSQUEDA Y EL EXTERMINIO DE LOS MALHECHORES, ASESINOS, INCENDIARIOS Y REVOLTOSOS DEL DECRETO NÚMERO CUATRO, PERO LOS MILITARES LO NEGABAN A LOS PROPIOS PARIENTES DE SUS VÍCTIMAS, QUE DESBORDABAN LA OFICINA DE LOS COMANDANTES EN BUSCA DE NOTICIAS. “SEGURO QUE FUE UN SUEÑO”, INSISTÍAN LOS OFICIALES. “EN MACONDO NO HA PASADO NADA, NI ESTÁ PASANDO NI PASARÁ NUNCA. ESTE ES UN PUEBLO FELIZ”. ASÍ CONSUMARON EL EXTERMINIO DE LOS JEFES SINDICALES”. (‘CIEN AÑOS DE SOLEDAD’, GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ). 

La campesina Claudia Patricia Guachetá, de 36 años, cuenta que ella entró en las Autodefensas Campesinas a los 2. Ella es de una vereda, un camino estrecho que se forma por el paso de los animales y las personas perteneciente a Ortega, un pequeño pueblo cafetero de la región del Cauca, en el suroccidente del país, un vergel situado entre las regiones andinas y pacífica. Es tímida (prefiere no mirar a su interlocutora a los ojos) y parca en palabras: seguramente la guerra se las ha quitado. “Se cuida”, es decir, se anda con cuidado de por dónde se mueve, con quien habla y a qué hora se recoge a dormir: la noche en su región está marcada por un extraño toque de queda en el que los armados campan aún más a sus anchas. Allá donde vive, las FARC dejaron la región, sí, pero no hay tranquilidad. Desde entonces, merodean por sus ricos ríos y parques naturales hombres del ELN (otra de las guerrillas históricas colombianas), las disidencias de las FARC, grupos paramilitares, bandas criminales y los que allí llaman “los mexicanos”, los narcos de Sinaloa.

“No lo sé bien, fui de las Autodefensas desde que tenía 2 o 3 años. Mis abuelos ya lo eran. Era una forma de defender nuestras tierras del ELN y de las FARC”, explica con la misma naturalidad con la que una campesina sabe que va a llover. “Ocurrió que nos armamos de valor. Nunca entendí qué querían de nosotros. Nosotros no tenemos nada: solo unas tierras fértiles”, explica. Arrastra tristeza, la de haber tenido que normalizar la guerra, la de haber vivido siempre en una región especialmente golpeada por el conflicto donde las madres se despedían de sus hijos en el colegio como si fuera la última vez. Podía pasar que no se volvieran a ver. Está acostumbrada a la violencia, a un país donde hace unos años estaba prohibido llevar casco cuando se iba en moto: una persona con esa protección no es identificable y una nunca sabe si el que dispara es joven, adulto, negro, blanco, mujer u hombre. Tampoco se podía llevar “paquete”: era el que disparaba.

Claudia Patricia Guachetá ha pasado casi toda su vida en las Autodefensas, como el resto de su familia. Dice que era una forma de proteger sus tierras frente al ELN y las FARC
Claudia Patricia Guachetá ha pasado casi toda su vida en las Autodefensas, como el resto de su familia. Dice que era una forma de proteger sus tierras frente al ELN y las FARC

Lo terrible de su historia no es su pasado, que no haya vivido un día de su vida en paz; lo atroz es que todavía tiene miedo. “Volvemos a vivir entre amenazas y no sabemos ni quiénes son. Lo único que sabemos es que nos llegan avisos. Nos dicen que dejemos el café y entremos en los cultivos ilegales [coca]”, apunta esta mujer que apenas llegó a bachiller. “Miedo es que te digan que te van a matar y luego no lo hagan. Es lo que sentíamos durante los tres meses en los que todas las noches tuvimos que meternos en el monte, con la lluvia, con el frío. Porque podían volver y acabar con nosotros”. Habla de la masacre del año 2000. Mataron a trece campesinos. “Dos eran mis tíos. Entraron, los cogieron y les pegaron dos tiros. Primero en el costado y luego en la cabeza. A nosotros nos tenían amarrados para que fuéramos testigos. Lo vimos todo. Luego les cortaron las cabezas. Nos dejaron solo el tronquito. Antes me preguntaron si los conocíamos…Yo les negué”, dice con problemas para contener el llanto. Como remate, aquel comando de las FARC quemó sus casas.

“NO ENTENDÍA QUE HUBIERA NECESITADO TANTAS PALABRAS PARA DESCRIBIR LO QUE SE SENTÍA EN LA GUERRA SI CON UNA SOLA BASTABA: MIEDO”. (‘CIEN AÑOS DE SOLEDAD’, GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ). 

En 2003, con 21 años, Claudia Guachetá dejó las armas. Unas armas que ,paradójicamente, nunca empuñó. Sí reconoce que aprendió a usarlas, los hombres le enseñaron cómo cargarlas y desmontarlas en la plaza del pueblo, que hacía las veces de cuartel, pero nunca salió a patrullar. Tampoco se “enmontañó”, que es como en Colombia se dice a las personas que marchan a la guerra introduciéndose en las descomunales cordilleras andinas que rasgan el país en tres. En su pueblo, afirma, lo único que hicieron era defenderse de los ataques de la guerrilla cuando esta incursionaba. Las escopetas y pistolas que utilizaron las empuñaban los hombres, ellas organizaban la logística y cocinaban. Cuando el pasado gobierno de Uribe desmovilizó (reinsertó) a los paramilitares, ella, junto con otras 166 personas de su pueblo, se acogió a ese armisticio. Casi la mitad eran mujeres, muchas, abuelas que jamás apretaron un gatillo. La Justicia reconoció que aquel grupo de labriegos no causaron daños materiales ni víctimas y que se organizaron –sin un orden jerárquico, sin uniformes y sin una estructura militar- con el único objetivo de defenderse de los ataques de los insurgentes.

De todo lo prometido por dejar aquellas escopetas, casi nada. Su gesto, como el que han hecho ahora las FARC, se recompensaba con las prestaciones que históricamente piden las gentes de los campos: medios para una vida digna. Sí recibió atención psicológica, pero ni el colegio, ni el hospital, ni las carreteras llegaron. Es la ausencia del Estado, la triste historia de décadas de sangre en Colombia. “En mi pueblo desde hace tres años no hay ni una sombra del Estado, no está el ejército, ni siquiera un funcionario de correos”, denuncia. Mientras, la maldita presencia de los armados persiste y la hace reflexionar, pesimista, que quizás la paz no sea cosa de los hombres.

 —“¿Os volveréis a armar?”

 —“Pues creo que sí. ¿Quién nos va a defender? ¿Cuál es la opción, dejarnos matar?”, pregunta. También dice que le gustaría sentarse con los miembros de las FARC y preguntarles qué querían de ellos.

“Y LA NORMALIDAD ERA PRECISAMENTE LO MÁS ESPANTOSO DE AQUELLA GUERRA INFINITA: QUE NO PASABA NADA”. (‘CIEN AÑOS DE SOLEDAD’, GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ). 

Se alzaron en armas porque el Estado nunca estuvo en sus regiones, por la desesperación y la terrible desigualdad en las que vivían esos millones de colombianos a los que no les llegó nunca la prosperidad de un país que era uno de los más ricos del planeta en oro, esmeraldas, petróleo, flora y fauna. Eso arguyen las guerrillas históricas de este país de insurgentes, pobres y millonarios extremos. Lo dicen las personas que tomaron y dejaron las armas de las FARC y del M19, por citar dos movimientos que han marcado (con sangre también) la historia del país andino. Lo sostienen ellos, pero también organizaciones como Cepal (Comisión Económica para América Latina y Caribe), que sitúa a Colombia como el segundo país más desigual de América Latina. Y lo peor, la situación, tras tantos años de guerra, no ha mejorado. La ONG Oxfam, que lleva décadas en el país, denuncia por ejemplo que un millón de explotaciones campesinas tienen, de media, un tamaño inferior a la tierra de la que dispone una vaca. Lo hacía en un informe sobre desigualdad publicado el pasado junio en el que se explicaba que se mida como se mida, “la concentración de la tierra es hoy muy superior a la que existía en la década de 1960, cuando se comprendió que una distribución más equitativa de la tierra no solo era una cuestión fundamental de justicia, sino también de eficiencia productiva”.

“Llegamos a las guerrillas para luchar por una educación, por una tierra, por una salud… por dignidad”, explica Marcela González, 50 años y ex comandante de las FARC. Entró en sus filas con 16 años. Era campesina, pasaba hambre y los armados que “paseaban” por sus tierras desde hacía dos años le hablaron de una revolución para cambiar las cosas. Habla desde la sede en la ciudad de Popayán del partido fundado en agosto de 2017 por los excombatientes de la guerrilla tras firmar la paz con el Gobierno con el nombre de FARC, siglas que en este caso corresponden a Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Su esquema de vida durante 32 años fue el de la guerra, que resume en: carpa [tienda de campaña] en vez de casa; equipo, es decir, armas; ropa de camuflaje, gorra, toalla, jabón, papel y caminatas. No resulta fácil hablar con ella. Desconfía y su discurso suena gélido. “La dureza de la guerra nos templó. Nunca he vivido un estilo de vida relajado. A los 7 años ya andaba en el campo trabajando con la yuca y el plátano. Luego, cuando me enrolé, llegó la disciplina militar”, señala. Normas para levantarse, normas para acostarse, para mandar un regimiento, para disparar y normas también para ser o no madre, algo incompatible con las armas.

Marcela González entró en las FARC con 16 años. Llegó a comandante
Marcela González entró en las FARC con 16 años. Llegó a comandante

Ella se quedó embarazada según entró en la guerrilla, en el campamento en el que aprendían a guerrear. Entregó a su hija a unos campesinos. Era solo un bebé. La vio veinte años más tarde, cuando se firmó la paz. “No fue fácil. Cuando nos reencontramos éramos dos mujeres adultas que se veían por primera vez. Yo simplemente intenté que entendiese el compromiso por el que luchaba”, señala la exguerrillera. Su hija, que se salvó del vivir en un campamento militar (algo que no se permitía), había padecido otra guerra: la del desplazamiento y la pobreza. De cría, la pequeña tuvo que abandonar la casa en la que vivía por amenazas de otros armados que mataron a su familia adoptiva. Con 10 años se fue a una ciudad, donde malvivió, es decir, sobrevivió con dos de sus hermanos “postizos”, todos huérfanos de alguna forma. “Ella fue una víctima, como tantas en este país, de la miseria, de la discriminación, del desprecio, del no tener con qué pagar su alimento”, zanja Marcela González. Su relación con ella hoy sigue siendo muy distante.

— “ESTO ES UN DISPARATE, AURELITO –EXCLAMÓ.

— NINGÚN DISPARATE –DIJO AURELIANO-. ES LA GUERRA. Y NO ME VUELVA A DECIR AURELITO, QUE YA SOY EL CORONEL AURELIANO BUENDÍA”. (‘CIEN AÑOS DE SOLEDAD’, GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ).

Con ella está la excomandante Amanda Ríos, que dice haber cumplido los 40 y no tiene hijos. Sobre la maternidad, comenta que aquello [la guerra] no era un juego y que quien se incorporaba a sus filas sabía que debía someterse a una planificación aceptada. Ella sí tiene formación: estudiaba en la Universidad, estaba ligada a partidos de izquierda y en sus vacaciones se iba a la guerrilla. “Me persuadió la convivencia entre nosotros y poder compartir unas relaciones absolutamente sólidas basadas en las causas que nos llevaron a rebelarnos contra el sistema para dar el poder al pueblo”, resume.

Ríos habla de la difícil situación que viven ambas para reintegrarse a la sociedad. Por una parte, corren riesgo físico. Desde el armisticio, tal y como apuntábamos al principio, han sido asesinados 76 desarmados de las FARC y 20 familiares. Hay además 6 desaparecidos. En su caso, viven con un pie en las zonas que el Gobierno asignó para quienes combatieron (Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación) y otro en la ciudad, de forma semiclandestina. No dan sus nombres verdaderos (siguen utilizando el de la guerra) y tampoco cuentan a sus vecinos a qué se dedicaron durante tantos años. Dicen estar dispuestas a verse cara a cara con sus víctimas. “Con dolor del alma. Doble, el nuestro y el suyo. Porque no ha habido una guerra sin crueldad”, apunta la universitaria, reconociendo los errores que cometió su grupo contra la población civil. No tiene claro si quienes sufrieron sus embestidas están más preparados que ellas para la reconciliación, pero sí reconoce su nobleza y su absoluta voluntad de paz y de conocer la verdad para que nunca más se repitan esas décadas de sangre y fuego. Ellas, por su parte, aseguran que jamás repetirían y no barajan la opción de volver a armarse.

Amanda Ríos empezó en la guerrilla durante las vacaciones de sus estudios universitarios
Amanda Ríos empezó en la guerrilla durante las vacaciones de sus estudios universitarios

Más allá de la empatía y de los intentos de comprensión por parte de unos y otros, el país debe resolver cuestiones como qué empleos y medios de vida se les otorgan a unas personas que durante años no supieron hacer otra cosa que combatir y en muchos casos no pisaron una escuela o una ciudad. En La Habana, el Gobierno se comprometió a darles un sueldo mínimo durante un tiempo, casa y posibilidad de trabajo, casi siempre en el campo. Las promesas están lejos de cumplirse.

Flor González también tomó las armas. Fue hace ya muchos años. Lo hizo como combatiente del M19. Lleva ya veinte reinsertada. Hoy trabaja en la Universidad del Cauca y charla sobre su pasado militar de forma distendida y clara. Uno de sus hijos escucha atento la conversación mientras prepara un trabajo para el instituto. Como las excomandantes, no cree que la guerra haya terminado. Al contrario, para ella la situación ahora es peor, ya que los actores, comenta, están difuminados y nadie sabe quién es quién. Aparte, señala, el ambiente está más polarizado. La gente ve el país en blanco o negro y cuando se le pregunta, como ha ocurrido en los dos últimos referendos, vota incomprensiblemente por seguir en guerra y dice sí a la corrupción. Colombia, Locombia como se nombra algunas veces a esa esquina de América, es difícil de explicar. Para entenderla hay que introducir en el saco variables como bandos armados (legales e ilegales), desigualdad, narcotráfico, desplazados, armas y corrupción, por citar algunas.

“Para empezar a entendernos deberíamos plantear un buen diccionario del lenguaje de la guerra y la paz. Porque ahora todo el país habla del ‘proceso’ y todo lo que tiene que ver con ello suena muy bonito, pero está muy alejado de nosotros. Es un lenguaje de la élite, pertenece a quienes estuvieron en La Habana, pero sigue faltando realidad. Nos perdemos en conferencias y en cátedras que hablan de reinserción, rehabilitación, dejación de armas, reincorporación… Pero la verdad del país es que seguimos en una guerra, aunque se considere un hecho aislado que sucede en los territorios. Los muertos, los líderes sociales, son muertos aislados”, señala contundente.

Para Flor Fernández, en Colombia se da un juego maldito que asume que todo aquel que tomó las armas es malo y no se juzga al corrupto que dirige el funcionamiento del país. “¿De qué estamos hablando cuando aquí hay presidentes como Uribe que tienen un vínculo directo con los paramilitares? Y si hablamos de narcos, solo hace falta pensar en Samper”, apunta la exguerrillera. Ella, ya reinsertada y con familia, tuvo en un momento dado que huir de su país y exiliarse. Entonces estaba en la diana de los paramilitares.

Tras años combatiendo en las filas del M19, Flor González se reinsertó hace dos décadas. Ahora trabaja en la Universidad del Cauca
Tras años combatiendo en las filas del M19, Flor Fernández se reinsertó hace dos décadas. Ahora trabaja en la Universidad del Cauca

En su opinión, para que las mujeres y hombres que como ella se armaron puedan volver a ser ciudadanos, hace falta acompañamiento del Estado. Desde un punto de vista social, dice, es necesario articular una vuelta a las comunidades de donde salieron esas personas. “Hay que llevarlas a los lugares desde los que se perdieron y seguir un proceso de transición. Esa gente no puede volver sola, debe hacerlo con ese Estado que nunca estuvo y que fue la razón por la que empuñamos las armas. Hay que pensar en convertirnos todos en gestores de paz, en volver a reconstruir lazos y acabar con el desarraigo familiar que crea una guerra. Lo segundo es ver qué aptitudes tienen. No vale con idear -desde Bogotá- un proyecto productivo y olvidarlos en el campo”.

Respecto a las cuestiones más relacionadas con el género y la guerra, es contundente. No duda de que las combatientes lo tienen más complicado para volver a ser ciudadanas: “Quienes hacen las políticas de reinserción son hombres”, explica. También habla de la existencia de una “política vaginal” dentro de las guerrillas, algo que no está en ningún manual y pocas reconocen. “El problema del machismo es estructural y se da en la guerra y en la paz. Lo único a lo que nos podemos agarrar es que ahora somos más conscientes y estamos más preparadas, pero el patriarcado está en todas partes”.

En su caso, no tuvo hijos mientras combatía: “Imposible en un campamento”. Decidió ser madre tras dejar las armas. Su compañero también guerreó. A los niños no les contaron que habían sido parte de la guerra hasta que fueron lo suficientemente mayores. No lo hicieron para que no se autolimitaran política y socialmente. No querían que cayesen en esa división del mundo en buenos y malos y porque, como apuntaban sus compañeras, la guerra duele desde cualquier lado. Hoy, conocedores de su historia, ambos hijos se sienten orgullosos de su pasado. Y ahí, el adolescente, que nos ha servido café, se acerca, sonríe y besa a su madre.

—“Si la guerra sigue, si no se han resuelto los problemas, ¿qué os queda? El panorama es duro. ¿Hay esperanza para la paz?”, le preguntamos.

—“Nos queda soñar y sí hay cierta esperanza, la de nuestros hijos”, contesta. Victoria Sandino, senadora de las FARC y excombatiente, coincide: “Colombia ha cambiado y dado pasos importantes. Nunca antes se había pensado que la izquierda sacara ocho millones de votos. La gente ha empezado a perder el miedo. No obstante, se deben dar cambios estructurales para que haya justicia social. No se justifica que en este país, con un territorio tan rico y diverso, mueran niños de hambre, y eso pasa en El Chocó, en la Guajira y en Bogotá. No se justifica que siga existiendo una población tan numerosa con vocación agropecuaria y tantas tierras, y que no se asignen tierras. Eso tiene que cambiar, pero repito, hay esperanza”.   

“SIN EMBARGO, FRENTE A LA OPRESIÓN, EL SAQUEO Y EL ABANDONO, NUESTRA RESPUESTA ES LA VIDA. NI LOS DILUVIOS NI LAS PESTES, NI LAS HAMBRUNAS NI LOS CATACLISMOS, NI SIQUIERA LAS GUERRAS ETERNAS A TRAVÉS DE LOS SIGLOS Y LOS SIGLOS HAN CONSEGUIDO REDUCIR LA VENTAJA TENAZ DE LA VIDA SOBRE LA MUERTE…. ANTE ESTA REALIDAD SOBRECOGEDORA, LOS INVENTORES DE FÁBULAS QUE TODO LO CREEMOS, NOS SENTIMOS CON EL DERECHO DE CREER QUE TODAVÍA NO ES DEMASIADO TARDE PARA EMPRENDER LA CREACIÓN DE LA UTOPÍA CONTRARIA. UNA NUEVA Y ARRASADORA UTOPÍA DE LA VIDA, DONDE NADIE PUEDA DECIDIR POR OTROS HASTA LA FORMA DE MORIR, DONDE DE VERAS SEA CIERTO EL AMOR Y SEA POSIBLE LA FELICIDAD, Y DONDE LAS ESTIRPES CONDENADAS A CIEN AÑOS DE SOLEDAD TENGAN POR FIN Y PARA SIEMPRE UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD SOBRE LA TIERRA”. (EXTRACTO DEL DISCURSO DE GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ AL RECOGER EL PREMIO NOBEL DE LITERATURA EN 1982).

Publicado en ttp://www.mujeresaseguir.com/social/noticia/1118397048615/mujeres-de-armas-tomar.1.html

Victoria Sandino: “La paz es un sueño para Colombia”

Durante 20 años estuvo enmontañada, es decir, fue guerrillera y combatió fusil en ristre al Estado, históricamente ausente en gran parte de las tierras colombianas. Judith Simanca Herrera, más conocida como Victoria Sandino, excomandante de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), es hoy senadora y forma parte de la dirección de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el partido fundado en agosto de 2017 por los excombatientes de la guerrilla tras firmar la paz con el Gobierno. Además de a la guerra, su nombre quedará asociado a la perspectiva de género que se incluyó en el acuerdo, el primero en entender que la paz es cuestión de hombres y de mujeres.

Victoria –su nombre– sería hoy hablar de paz, pero la realidad del país no lo permite, sobre todo si una sale de los despachos ministeriales de Bogotá. El ELN, como otra de las guerrillas históricas del país, ha ocupado los espacios donde se encontraban las FARC y amenaza a los hombres y mujeres del campo, un espacio que se disputa con los narcos mexicanos, ya en la zona, los disidentes de las FARC, los paramilitares y las bandas criminales (bacrims). En ese caos y con un país tremendamente polarizado, caen los pobres y los defensores de los derechos humanos, que inoportunan. También los antiguos miembros de la guerrilla.

¿Qué habría que hacer para que se dé una reinserción exitosa de todos esos excombatientes? ¿Cómo se vuelve a una vida normal tras no haber conocido otra realidad que la guerra? 

Para que se dé una reinserción exitosa hace falta mucha voluntad política, la que pactamos en La Habana, la que queremos y soñamos los hombres y mujeres de las FARC. Lo que hay que hacer es concretar lo pactado. Y eso hay que hacerlo en muchas facetas. En política, garantizándose que todo nuestro personal pueda participar en una esfera cualquiera como ciudadano; en lo económico, haciendo que se materialicen los proyectos productivos, que se asignen las tierras ya que la mayoría de nuestra gente tiene vocación agropecuaria y es lo que pactamos y soñamos. En cuanto a seguridad, debemos hablar desde dos planos: el jurídico y el personal. Por una parte, según lo que pactamos, la Ley de Amnistía debía permitir la salida de la cárcel de más de 4.000 de nuestros integrantes. Pero hoy, después de casi dos años del acuerdo, más de 370 personas siguen en prisiones. Y así y todo, el Gobierno –en contra de lo establecido– quiere cambiar esas reglas que habíamos previsto. Es decir, se quiere derogar que la gente pueda amnistiarse, que pueda pasar a la JEP (Jurisprudencia Especial para la PAZ), que tenga las garantías de las que hablamos allí. El Congreso pretende cambiar esa reglamentación para mandar a toda la dirección [de las FARC] a la cárcel o a la extradición.

Y por supuesto hay que hablar de seguridad personal. Desde la firma, han asesinado a 76 de nuestros compañeros, a 20 de sus familiares y hay 6 desaparecidos. Nuestra integridad física está en riesgo.

En los territorios las comunidades están amenazadas por el ELN, los paras, los narcos de Sinaloa, la disidencia de las FARC… Eso no es paz.

Sí, la barbarie de la guerra sigue allí. Aquí siempre se ha pretendido ver una sola parte de la guerra, la de las FARC, pero la historia es otra y en ella entran muchos más actores. Para que se dé la paz el Estado debe estar presente en los territorios, pero no solo con fuerzas militares sino con inversión social. La institucionalidad debe resolver los problemas de las comunidades, donde hoy faltan profesores, carreteras, servicios médicos y programas de nutrición para que los niños no se desvanezcan en las escuelas.

¿Qué sería entonces la paz?

La paz es un sueño para nosotros, pero también una esperanza. La paz es que pare la persecución contra los líderes y lideresas sociales, que la lucha por los derechos sociales no nos cueste la vida. La paz es también que se amplíe la democracia y podamos disfrutar de este país tan hermoso, tan inmenso y diverso.

¿Están más preparadas las víctimas para mirarse cara a cara con el otro que los excombatientes?

Yo creo que las víctimas han hecho un proceso absolutamente loable y admirable. Desde que estábamos en el proceso quisieron participar y lo primero que decían era: “No se levanten de la mesa. Terminen esta guerra, hagan la paz”. Las víctimas tienen mucha esperanzas en este proceso. Aunque también  incertidumbres y decepción. Ahora lo que hay que hacer es garantizar la restitución de los derechos que se les arrebataron. Porque tras la firma, quienes han hecho actos de reparación hemos sido nosotros, algo con lo que no ha cumplido todavía ni el Gobierno ni el Estado colombiano.

¿Es fácil mirarlos y reconocer el dolor que causaron?

Nosotros reconocemos ataques por parte de las FARC que no nos enorgullecen, pero que ocurrieron. Hoy decimos que se haga verdad y justicia. De hecho, las mujeres nos estamos reuniendo con las víctimas. Es duro pero es también un proceso muy bonito de sanación, de reconocimiento y de identificar que nosotros también tenemos dolores y padecimos el conflicto. Muchas nos fuimos a la guerra como consecuencia de un conflicto que no era político, era económico.

¿A usted qué le quitó la guerra?

(Respira) La guerra me quitó muchos afectos. La guerra me quitó a muchas personas que amaba. Y no solo en los años en que estuve como combatiente; antes también. Yo entré en la guerra empujada por la violencia, yo fui parte de la Unión Patriótica [partido de izquierdas], yo viví parte de ese genocidio en el que mataron a más de 5.000 personas.

Hablemos de género. ¿Qué significó incluir esa perspectiva en el acuerdo?

Supuso que por primera vez en la historia de un acuerdo de paz logramos incluir que se reconociera que las mujeres habíamos sido impactadas de manera diferencial y que era necesario tomar medidas específicas, tanto en la norma como en las políticas públicas. Ese enfoque significa garantizar sus derechos fundamentales y con los de ellas, los de la toda la población. Diría, además, con todo el respeto y humildad, porque esto es un acumulado del movimiento de mujeres colombianas, que, tras el derecho a voto de las mujeres, el acuerdo de paz y el enfoque de género es, para las colombianas, la segunda conquista más importante de la historia reciente del país.

¿Una mujer guerrillera tiene un estigma mayor a la hora de reincorporarse?

Definitivamente. El estigma que padecemos hombres y mujeres que hemos estado en la guerra y que estamos haciendo el tránsito a la vida civil es durísimo. Nos tratan de asesinos, de violadores, pero a nosotras en particular se nos castiga más. Y eso ocurre porque tuvimos la osadía de tomar un arma, de dejar a nuestros hijos, de no tenerlos… porque la maternidad era incompatible con aquello. Hoy tenemos, por ejemplo, unos problemas muy complejos cuando esas madres están queriendo recuperar a sus hijos. Algunos desaparecieron, otros fueron dados en adopción, otros… jamás lo entendieron.

Vayamos a otro punto, las mujeres utilizadas como botín de guerra. 

Sí, definitivamente, las mujeres fueron utilizadas como botín de guerra. Tanto sus cuerpos como su propia existencia. Desde todos los ángulos. Cuando los paramilitares incursionaban, las principales víctimas eran las mujeres. Las abusaban, las violaban y luego las mataban. Hay pruebas, pero no hay justicia: esos delitos no se han juzgado.

Perdón, ¿y las FARC no violaron a las mujeres?

Voy. Voy por partes. Entiéndame que yo tengo una visión propia. Pero hoy, tras el acuerdo, se quiere olvidar de tajo lo que hicieron los paramilitares. Y en esto, también hay que acusar a las fuerzas militares [de abusos y violaciones]. Por nuestra parte, sí, tengo que señalar que es seguro, que a pesar de las normas rigurosas que teníamos que condenaban cualquier tipo de violencia contra las mujeres, en el contexto de la guerra ocurrieron hechos de ese tipo por parte de integrantes de nuestra organización.

Entonces, ¿reconocerán esas violaciones? Porque todos, también las fuerzas del Estado, cuentan con normas que dicen que no se puede violentar a las mujeres. 

Sí. Tendrán que salir y hacerlo. Todos. Ahí está la JEP. El problema es el de siempre, que no hablamos solo de los actores armados. Aquí todo el mundo participaba. La clase política dirigente no tenía el fusil directamente, pero sí financiaba, promovía y facilitaba para que se crearan estas violencias contras las mujeres. Afortunadamente esos delitos no pueden ser amnistiados.

¿Qué papel puede jugar ahora la comunidad internacional?

La comunidad tiene un papel fundamental para que se logre este acuerdo. Primero, debe estar presente en el territorio. Y dos, tiene que estar conminando al Gobierno para que cumpla lo prometido: nosotros lo hemos hecho. Cumplimiento y puesta en marcha. Hacen falta resultados específicos en materia de implementación.

Aparte, puede ayudar con apoyo técnico y recursos económicos. Porque muchos países de la comunidad internacional aportaron para la guerra, para fortalecer a las fuerzas militares y al Estado que seguía atacando a las comunidades y territorios. Invitamos a esos países ricos, que tienen además intereses en el país, que aporten, que inviertan para que esta paz llegue a los territorios y a la Colombia profunda, a esa que nunca ha conocido un escenario distinto al olvido, a la miseria, a la pobreza y a la guerra.

A pesar de todo, ¿cómo ve el futuro?

Hay esperanza. Colombia ha cambiado y dado pasos importantes. Nunca antes se había pensado que la izquierda sacara ocho millones de votos. La gente ha empezado a perder el miedo. No obstante, se deben dar cambios estructurales para que haya justicia social. No se justifica que en este país, con un territorio tan rico y diverso, mueran niños de hambre y eso pasa en El Chocó, en la Guajira y en Bogotá. No se justifica que existiendo una población tan numerosa con vocación agropecuaria y tantas tierras, no se asignen tierras. Eso tiene que cambiar, pero repito, hay esperanza.

Por cierto, su partido aparece totalmente dividido, ¿se rompe?

Yo diría que no, que simplemente hay discusión. FIN

Publicado en La Marea https://m.lamarea.com/2018/11/02/victoria-sandino-la-paz-es-un-sueno-

Francia Márquez: “El río es mi vida”

-¡Negra¡, gritó la niña al verse en el espejo. //Desde entonces, ese es mi color favorito”. Ese fue el verso elegido por Francia Márquez, la mujer afrocolombiana que ostenta el premio Goldman, considerado como el Nobel del Medioambiente, en la presentación del libro Horas de guerra, minutos de paz, de Emilio Polo. Era uno de los muchos actos que ha mantenido durante su gira por España para subrayar el abandono de sus comunidades por parte del Estado.

La activista es del Cauca, una de la zonas más golpeadas por la guerra en Colombia donde a pesar de los pactos firmados entre las FARC y el Gobierno, la guerra persiste. A esa violencia han de sumar la que trae la minería ilegal: un auténtico cáncer en sus territorios que se está comiendo su tierras –que son deforestadas en busca del metal- y ríos, envenenados por el mercurio utilizado para separar sustancias. Márquez empezó como activista siendo una adolescente, pero su “master” como defensora del medio ambiente le llegó tras una marcha que realizó para gritar al mundo, tras un sinfín de denuncias infructuosas, que la minería ilegal estaba acabando con sus tierras. Caminó 350 kilómetros durante 10 días junto con otras 130 mujeres y jóvenes. Consiguió sacar unas máquinas retroexcavadoras de sus tierras, pero solo unas; las hay por miles. Según fuentes de la Fiscalía colombiana, el 80% de todo el oro minado anualmente en Colombia se produce de forma ilegal con métodos que causan una devastadora destrucción ambiental. Un reciente estudio de la Universidad Externado de Bogotá encontró que hasta 80 ríos del país están contaminados. La Fiscalía también señala que diez importantes ríos están a punto de “desaparecer”.

Francia Márquez, que tuvo que desplazarse de su tierra y vive amenazada, dice haberse inspirado en la sabiduría de sus mayores, “gente que no sabía leer pero que le decían: ‘ustedes tiene que cuidar al río como a su papá y a su mamá, porque eso es el ciclo de vida’”.

Usted denuncia una política extractivista por parte del gobierno colombiano que va en contra de las comunidades.

Desde que se empezó a vender a Colombia como un país para la minería, se disparó la minería ilegal en toda la región del Pacífico. Para mí, la minería ilegal es una estrategia para justificar la gran minería y esa política extractivista en Colombia que no mira a las comunidades. Porque la minería ilegal ha llegado a nuestras regiones con la complicidad de las instituciones del Estado, que dejan pasar esas máquinas retroexcavadoras por nuestros caminos hasta llegar a los ríos. ¿Cómo llegan esas máquinas allí, no los ven los retenes de la fuerza pública? Pareciese que esas grúas y dragas fuesen cájas de fósforos se llevan en un bolsillo. ¿Quién permite esa compra de un mercurio que forzosamente debe ser importado del exterior? Con licencias o sin ellas, solo hay que asomarse y ver cómo se están destruyendo el territorio, pero eso no lo ven ni el ejército ni las instituciones ambientales.

Les acusan de ir contra el desarrollo.

En muchos territorios donde el Gobierno ha entregado títulos mineros a empresas, se nos ha acusado de ser perturbadores de mala fe. Cuando nos dicen que nos oponemos al desarrollo, yo pregunto: ¿al desarrollo de quién? A la gente la han despojado de sus tierras y ahora se ven forzadas a trabajar en latifundios de caña de azúcar, monocultivos que solo dan intereses para los grandes terratenientes. ¿De qué desarrollo estamos hablando si para construir una represa han tenido que quedar sepultadas las tierras con las que vivíamos del café, cacao y plátano, la pesca y la minería artesanal?.

El problema de la minería ilegal viene de hace años, pero además ahora con el nuevo Gobierno estamos saltándonos la Constitución del 91 y retrocediendo a la del 86, donde los afrocolombianos no teníamos derechos. Esos derechos fundamentales que nos permitían proteger nuestros territorios, entendidos como espacio de vida, donde podíamos recrear nuestra cultura, se han ido menoscabando. Se está presentando un proyecto de ley para que el derecho fundamental de la consulta previa [otorgado para la poblaciones originarias] no sea un obstáculo para la élite que defiende que el desarrollo se mida en términos económicos y no en bienestar social.

Resulta paradójico que ríos en su país sean sujetos de Derecho y sus gentes no tengan ni agua potable, ni pescado que comer.

Se explica si miras a sus habitantes: somos negros. Y yo no me olvido de nuestra historia, a nosotros nos dijeron que éramos salvajes. A nosotros nos quitaron nuestra humanidad. Y eso está ahí: el racismo hace que nosotros seamos considerados como cosas que no merecemos derechos. Y cuando nos dan derechos, se quedan en el papel. Y cuando los exigimos, nos replican: “Su derecho no puede obstaculizar nuestro desarrollo”.

Estamos hablando casi más de derechos humanos que de medioambiente.

Es que no se pueden separar. Están totalmente relacionados. Para mí, la naturaleza no se desprende del territorio, que es vida. Y esa es parte de nuestra lucha, luchamos por nuestro modo de vida, luchamos por el río.

No parece que quede mucho espacio para los derechos humanos hoy en Colombia, a pesar del pacto entre las FARC y el Gobierno.

Es cierto. Como comunidades afro, como campesinas y como mujeres hoy le apostamos a la paz, pero el nuevo panorama es muy duro: está el ELN, las disidencias de las FARC, los paras, los narcos… A mí se me parte el corazón, porque tenía la esperanza de que el conflicto iba a disminuir, y sí, ya no hay bombardeos, pero la violencia sigue, entre otras cosas, porque el Gobierno no cumple con su compromiso de implementación de esos acuerdos de paz.

No podemos hablar de paz cuando vivimos realidades como el horror del desplazamiento forzado. La semana pasada en una audiencia pública el gobernador de Nariño denunciaba que en este año se han desplazado por el conflicto armado 5.000 personas en su departamento. ¿No lo ven? Allí no hay que hablar de guerrillas, hay que hablar de gente que lucha todos los días por vivir de una forma digna y que por el contrario, les ha tocado vivir una guerra que no es la suya, una guerra que ha sido introducida por un mismo sistema económico de muerte.

Yo quisiera que no haya gente muriendo en los territorios, sobre todo porque muchos de los jóvenes, de la gente que está en esos grupos armados, son los nuestros. Y se van al ejército, a la policía o a los paramilitares por absoluta necesidad. En muchas comunidades el Estado no está en términos de inversión social. Las vías las levantan la gente a punta de pico y pala. No obstante, sí están para entregar nuestras tierras a empresas multinacionales.

Hace unas semanas daban el Nobel de la Paz a dos personas que luchan contra la violencia sexual ejercida contra las mujeres en la guerra. ¿Qué pasa en su país?

Ese tema no es algo que yo haya trabajado, pero por ejemplo en Buenaventura, en el mayor puerto de Colombia, el feminicidio ha sido una estrategia para generar terror en la comunidad y entrar allí con un megaproyecto sin tener oposición.

¿Qué responsabilidad tiene la comunidad internacional en esa compleja guerra?

Muchas de las presiones económicas que tenemos sobre los territorios tienen que ver con las empresas que se han lucrado y saqueado nuestros territorios, que son las mismas que esclavizaron a nuestros ancestros y ancestras. Unión Fenosa, entre ellas.

En Europa hay muchas empresas que están violentando y vaciando nuestros territorios. Y eso pasa en mi país, en el resto de Latinoamérica y en África. La gente que se está cruzando el Mediterráneo, que se está muriendo en él, es producto de cómo le han destrozado su casa, de no tener condiciones de vida dignas. Y los que tienen la suerte de llegar y no morir, deben soportar la discriminación y el maltrato, que les traten como basura.

Luego, cada persona debe ver qué hace y cómo consume. No nos preguntamos si los productos que consumimos están bañados de sangre, si el costo de obtenerlos implica la destrucción de ríos y envenenamiento del territorio. Hoy el cambio climático es una muestra de que es necesario transformar esa visión de vida basada solo en el consumo. Hay que repensarnos la vida. Pero algunos, quienes tienen una serie de privilegios, no quieren verlo: creen que los recursos son ilimitados. Quizás nosotros somos los primeros que nos vamos a morir allá, pero el planeta se está apagando día a día. Todos los días esa lucecita se va mermando y va a llegar un momento en donde ya no va a alumbrar más.  FIN

Publicado en Diario Público

Paz de día; guerra de noche

Santander de Quilichao, Cauca, Colombia.- “Crear media masivos de comunicación”, señala uno de los integrantes y vecino del municipio de Buenos Aires, Cauca. Forma parte del grupo de “Reconciliación, Convivencia y Paz” que la Agencia de Reconstrucción Territorial (ART) ha convocado para conocer y trasladar las peticiones de sus vecinos al gobierno colombiano. La idea: construir un nuevo país. “¿Pero de verdad queremos medios de comunicación masivos? Pensemos mejor en radios comunitarias, en cuántas necesitaríamos, qué contenido le daríamos y hasta dónde alcanzaríamos en cuanto a cobertura?”, matizan el resto de participantes (ocho, hombres y mujeres afros e indígenas). Durante dos días negocian cada uno de los puntos que previamente se han trabajado en las veredas y corregimientos de la zona. Los otros grupos (compuestos cada uno por una decena de personas) hablan de soberanía alimenticia; reactivación económica; vivienda, agua potable y saneamientos; educación rural y primera infancia; salud rural; infraestructuras y ordenamiento social. Se trata de ir escalando los temas que han salido de sus comunidades a las cabeceras de sus municipios y de ahí a las regiones. Son los denominados Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), hijos del acuerdo de paz firmado en La Habana entre el Gobierno y las FARC.

La prevención de alcoholismos y otras sustancias adictivas aparece en el debate de quienes discuten cómo articular un territorio reconciliado y en paz. Los participantes zanjan rápidamente que ese asunto le corresponde al grupo que trabaja temas de salud. No obstante, rescatan un ángulo que sí consideran importante para conseguir una buena convivencia: evitar la exclusión y marginación de los consumidores y la prevención, también en los temas del grupo que debate Educación. “Criminalizarnos no es bueno”, sugieren. “Compañero escribiente, digitador, apunte: centros para el deporte. Es importante contar con espacios de recreación y ocio para los jóvenes”, pide una indígena al funcionario estatal que va registrando en un portátil.

Antes de hacerlo, el empleado público lee en voz alta cómo queda la petición. Si hay acuerdo, solicita un nombre, el de la persona que dará continuidad y seguimiento al tema.

Una vez zanjado, abordan los otros puntos del bloque temático en el que están: empoderamiento de las mujeres indígenas; fortalecimiento de una justicia propia (donde deben convivir, así lo dice la Constitución, las normas indígenas y afros con las leyes generales); refuerzo de la Casa de Justicia y definición de las guardias indígenas, cimarronas y campesinas. El manejo intercultural también se toca. Al debatirlo surge la importancia de defender sus culturas, pero teniendo en cuenta que los usos y costumbres no vayan en contra de los derechos de las mujeres… “Es nuestra responsabilidad concienciar a los hombres en una cultura del respeto hacia ellas”, apunta un indígena. “Ustedes lo definen”, espeta Franklin Ramírez, de la organización gubernamental.

La dinámica con la que transcurre la jornada va sobre ruedas. Hay respeto, participación, representatividad… “Recuerde: este es un espacio de construcción colectiva por el municipio que soñamos”, se lee en las acreditaciones. La tarde es soleada, se trabaja en un local al aire libre y el Cauca atardece en apariencia tranquilo. Solo es apariencia, parte de los participantes deben irse: viven en el campo y en la noche nadie garantiza su seguridad por las carreteras o trochas. Algunos líderes comunitarios, apuntan desde la Agencia de Reconstrucción Territorial, no han podido llegar: están amenazados. Hace unas semanas mataron a uno de ellos; uno más. El conflicto en esta zona del país está lejos de haberse acabado. La guerra con las Farc ha terminado, sí, pero la ausencia del Estado sigue siendo una pauta en una región donde la presencia del Eln, los mexicanos (cartel de Sinaloa), disidentes de las Farc y bandas criminales operan como quieren. En otras palabras, la barbarie de siempre.

“Teníamos muchas esperanzas, pero las élites de este país no quieren oír hablar de otras formas de gobierno alternativas. No quieren entrar en temas como verdad, justicia y reparación, de una ley de víctimas o de restitución de tierras. No ha habido una buena planificación, no llega la respuesta del gobierno y no hay garantías de seguridad”, apunta Franklin Ramírez. Por contra, sí reconoce una gran avance en el trabajo que vienen haciendo: es la primera vez que el Gobierno no dice lo que hay que hacer sino que acude a las comunidades a escuchar sus necesidades. El reto, coinciden todos: implementar esos planes.

Otro puntal para la esperanza, sería según el técnico de la agencia estatal, el fortalecimiento de la ciudadanía, la resistencia, que llaman ellos. “Sí, y debemos estar preparados, porque no hay voluntad política para implementar todos estos cambios y que no quede en papel. De ahí lo importante de que estemos organizados. No queremos ser víctimas. Somos sujetos activos de derechos y queremos tener voz y voto”, señala una de las mujeres. Lo hace con la misma sonrisa, dulzura y contundencia con la que defendía hace unos minutos cómo construir un país en reconciliación, convivencia y paz. Es tarde. Ella debe ser de las que no deben tomar carretera. FIN

Laura Mora: “En Colombia, la belleza y la violencia son igualmente democráticas”

Tiene un tatuaje que le atraviesa el cuello como si fuera una raja. El tatuaje dice “latina”. Y es cierto, si por ello se entiende fuerza y coraje unido a no tener miedo a sentir. Laura Mora (Medellín, 1981) lleva también otro tatuaje: el asesinato de su padre, un señor normal, un profesor de universidad al que un sicario disparó hace casi 20 años.

Ese disparo –como el de tantos otros sobre personajes anónimos de su país, Colombia- le ha servido para dirigir y escribir la película Matar a Jesús. La cinta, con una larga lista de premios a sus espaldas, es el testimonio salvaje de una chica de 22 años, ella, que busca al asesino de su padre. Mora está en Madrid para presentar su trabajo, que se estrena el próximo 13 de abril en España. Allí participará también en la primera edición del festival Cine por mujeres. Su largometraje fue uno de las grandes vencedoras del Festival de Cine de Guadalajara que se celebró en marzo en la ciudad mexicana. En el certamen se llevó el premio a mejor película de ficción y el de mejor actor por el papel de Giovanni Rodríguez.

Pregunta. ¿Cómo se puede filmar con honestidad un drama como el que cuentas?

Respuesta. No lo sé. Con años, diría. Me interesaba poder sobrepasar la trágica anécdota y ser capaz de contar una historia que tuviese más impacto. Se trataba de poder separarme de dolor. Y eso se logra con los años.

Me gusta que menciones la honestidad; es lo que buscaba. Y es así gracias a la educación que recibí. Y sí, el guión está más pegado a lo que pueda ser una catarsis, pero la película es una carta de amor a mi papá y a una educación que dice que no se debe excluir a nadie y que está en contra de dividirnos en “buenos” y “malos”. Me refiero a una educación de una humanidad tan excesiva que te permite contar esta historia.

P. Hablas de resistencia.

R. Eso es. La película trata de resistirse a ser violento. Eso es de Sábato, cuando dice que la resistencia es el único lugar donde habita la esperanza siento que todas las familias que nos hemos resistido a la venganza, a pesar de no tener ninguna verdad o reparación, somos la resistencia. Resulta muy complejo, cuando la violencia es tan cotidiana. Porque cuando uno sufre una pérdida de este tipo, es normal que surja la venganza; es una pasión humana que de repente se despierta de una forma totalmente natural. El problema es cómo la contenemos. Además, aquí es más complicado desactivarla porque lo que en otros países va acompañado de una sociedad que compadece y de un sistema penal que acompaña, en Colombia hay una sociedad indolente, impunidad y un sistema corrupto.

P. Dices que te gusta hacer preguntas…

R. Me interesa más generar preguntas que construir mensajes, moralejas o imponer mi visión del mundo. Prefiero construir reflexiones. Por eso me sigue inquietando la violencia de una forma muy profunda, porque no tengo las respuestas.

Me impresiona la exclusión, que es la que la violencia que opera a diario. Y en la película cuento la exclusión del sicario, pero también la de ella, que también ha sido excluida de un sistema penal. Y sí, la protagonista crece con un tipo de privilegios, pero a ella la sociedad y la justicia la excluyen, como a él, que está fuera del sistema desde que nace. Me preocupa cómo hemos perdido la capacidad de compasión, de mirar al otro.

P. En Matar a Jesús la víctima y el verdugo llegan a bailar juntos. ¿Eso es posible?

R. Aplaudo el proceso de paz con todas mis fuerzas y me quito el sombrero ante esas víctimas que fueron a La Habana, se enfrentaron a los victimarios y se abrazaron. Pero creo que el tema del perdón debe ser algo muy íntimo. Imponérselo a toda una sociedad no debe ser la forma. Debes permitir a una víctima decir: “Yo no perdono”. Yo no lo hago, pero no perpetúo. Me siento incapaz de perdonar a quienes ordenaron asesinar a mi papá, pero lo que sí sé es que yo no voy a perpetuar la violencia.

¿Por qué puedo escribir de otra forma sobre el sicario? Porque él es también una víctima de ese aparato criminal que se vale de su exclusión, de una pobreza que le convierte en un soldado de ellos que pone la cara.

El baile entre los dos protagonistas tiene que ver con esos odios heredados. Si este mundo salvaje alrededor de ellos no existiera, quizás hubieran podido ser amigos, amantes, hermanos. Es la sociedad la que los ha enemistado antes de nacer. Antes de que él cometa el crimen.

P. ¿Colombia está acostumbrada a la muerte?

R. Sí, estamos anestesiados, acostumbrados. En Colombia nos duelen los grandes líderes, los hombres, no. Mi papá era un abogado, un hombre, un padre, un profesor… y esos hombres no parecen importarnos. Por eso era importante decir en la película “se nos marchó un hombre”. Deberían dolernos todos. Los muertos nos tienen que seguir doliendo.

P. La indiferencia mata, dicen las víctimas colombianas.

R. Sin duda. ¿Qué me iba a imaginar yo cuando escribía la película, que todo esto iba a coincidir con el proceso de paz? Imposible imaginármelo. Pero fíjate, casualidades, empezamos la preproducción de la película el domingo que ganó el “no” en el referéndum. Y mientras trabajábamos, se oía pólvora y la gente pitaba y celebraba como si hubiesen ganado un partido de fútbol. Eso es ser bárbaros. Ese día la película cobró más sentido que nunca, un sentido político. El proceso de paz tiene todos los problemas del mundo, pero si con eso estamos salvándonos 500 vidas al año, vale la pena.

Seguimos enfrascados en el discurso del odio. Es como si los colombianos estuviésemos asustados de desprendernos de la violencia. Porque en Colombia la belleza y la violencia son igualmente democráticas: la tenemos todos. Es así de trágico. Por eso el cine es importante, porque puede ayudarnos a desprendernos del relato de la violencia, desactivarla y ver la monstruosidad que hay en ella. Tenemos tanto miedo porque tenemos que reinventarnos para construir un nuevo relato social.

P. ¿Es la educación la clave, como lo fue en tu caso?

R. Yo creo que la educación es un eje fundamental, pero el Estado debe empezar a ocupar unos lugares que ha dejado desprotegidos en un sistema absolutamente desigual. La educación funciona cuando te va a servir para algo. Porque si dices, sí, voy a la escuela, pero llego a casa y no hay qué comer, mi mamá no tiene trabajo, no hay salud, no hay pensión, no hay agua… ¿Entonces? Hay que repensar radicalmente el sistema de igualdad.

P. Qué ha sido de los dos actores protagonistas, actores naturales, por cierto.

R. Natasha no tiene ningún interés en volver a actuar. Es artista plástica, estudia en la Universidad, trabaja con un colectivo y es una chica con una postura política y artística impresionante. ¡22 años y tanta coherencia! Es maravillosa. Él tiene una vida más compleja. Giovanni es la tragedia de Colombia en un cuerpo de 24 años. Le mataron a su papá cuando su mamá estaba en embarazo, su mamá lo abandonó, creció a la merced de la calle, a los 11 fue reclutado por grupos ilegales en la ciudad. ¿Qué más querés? Pero es un chico de una inteligencia brillante, ya no como actor, sino en la vida. Lo que hablábamos de la educación: Ella es hija de profesores, le han inculcado la libertad, el respeto. Y él… ¿ves? No cerramos esas brechas con educación, hace falta igualdad. FIN

Publicado en El País