Jody Williams: “Si la gente quiere democracia, debe involucrarse”

La Premio Nobel de la Paz en 1997 ejerce de activista en muy distintos campos. La lucha contra las armas es una, pero no solo esa. Esta semana ha estado en España para defender el derecho a un referéndum en Cataluña.

Lula Gómez (@lulagomez), Madrid.- Jody Williams (Vermont, EE UU, 1950), la profesora estadounidense que consiguió hace ya dos décadas que se prohibiese de forma internacional el uso de minas antipersonales y bombas de racimo, trabajo que le valió el Nobel de la Paz en 1997, sigue recorriéndose el mundo para alzar su voz en defensa de los Derechos Humanos. España le ha merecido un viaje para denunciar el trato a los presos del procès y la “insana” situación de conflicto político entre Cataluña y el Gobierno central.

Deslenguada, malhablada y lenguaraz, la entrevistada habla fuerte, con fuerza y hasta risas ante la sarta de tacos que va soltando contra lo divino, lo humano y el más allá. Durante la charla, conduce la entrevista, repregunta e invita a la acción al tiempo que afirma que “puede hablar de cualquier cosa, vinculada siempre a la defensa de los derechos humanos”. Y sí, Williams se posiciona sobre Cataluña, Naciones Unidas, Trump y el auge de los populismos de extrema derecha.

¿En qué consiste la campaña Stop Killer Robots por la que también ha venido a España?

Bueno, aunque vengo de una charla sobre eso, yo no he viajado a España para explicar la campaña. Estoy aquí por el juicio del procés porque creo que España vive una situación de conflicto político. Y sí, acabo de hablar de esa forma de matar y de derechos humanos porque al final todo está relacionado. Porque si no estás al lado de los derechos civiles en cualquier lugar del mundo, estás defendiendo la muerte. Creo que si alguien sufre, yo también. No de una forma literal, pero sí me mantengo indiferente. Hoy van por ellos, mañana por ti.

Los killer robots se refieren a armas autónomas para llegar a determinadas áreas y matar. Es decir, un comandante podría decidir dejar a sus máquinas y que estas, por reconocimiento facial, por ejemplo, ejecuten. ¿Quién mierda piensa que está bien dejar a las máquinas que maten ellas solas? ¿Y quién es luego culpable, y la ética y la moral? Recuerdo el asco que sentí cuando empecé a entrar en el tema. Si no paramos esto, que ya está en marcha en mi país, en Reino Unido, Rusia, China y Corea del Sur, nos encontraremos ante la tercera gran revolución en cuanto a armas. La primera fue la pólvora; la segunda la atómica, y esta, de armas autónomas, sería la tercera y más peligrosa.

Lanzamos la campaña Stop Killer Robots en 2012 y nueve meses más tarde empezaron las discusiones en Ginebra, en la ONU. Pero ya sabes, esa es justo la estrategia para no hacer nada. Por eso estamos negociando un tratado desde fuera.

Usted es activista en muchos campos, ¿por qué ahora su presencia y apoyo a los presos del procés?  Porque pareciese un terreno muy distinto al de las armas.

No. No, no lo creo. En términos de violación de derechos humanos es muy parecido. Y ahí aclaro que mi posicionamiento, mi apoyo por los presos de este juicio no tiene nada que ver con mi opinión sobre Cataluña: no sé qué votaría si viviese aquí. Yo no hablo sobre si Cataluña debe ser independiente, autónoma o debe irse a Marte. No lo sé… Yo defiendo el derecho a tener un referéndum y repito que los países inteligentes como Reino Unido o Canadá los han permitido. Y fíjate, los perdieron. Lo mismo ocurrió en Escocia.

La negación del derecho a expresarse libremente es una grave violación de los derechos humanos. España vive una situación de conflicto político que debe resolverse con diálogo.

Uno de los derechos humanos básicos es la dignidad, reconocer al otro como tu igual. Pero si yo pienso que lo eres, debo garantizarte el derecho a hablar, reunirte y manifestarte. Y Madrid violó esos derechos. Pero no solo eso, el Gobierno negó el derecho a la asamblea y mandó a la guardia civil para que actuasen de forma violenta contra la gente que salía pacíficamente a las calles. Los vídeos de aquel día [1-0] son aterradores, recordaban los tiempos de Franco.

Además la gente está sufriendo y hay políticos prisioneros políticos desde hace año y medio sin haber sido sentenciados. En una democracia sana no se hace eso. El mensaje que se está lanzando es algo así como “no nos enfades, porque acabarás en prisión”. Se utiliza el sistema judicial para aterrorizar a la gente, mantener la situación de alarma y conseguir votos.

Sí, pero una parte de la sociedad habla de hasta Golpe de Estado. Y están encarcelados, según la ley.

¿Tú crees eso que aquí ha habido un Golpe de Estado?, zanja burlonamente. Yo solo advierto que cuando los Estados ganan en autoritarismo, parte de sus políticas es recortar los derechos humanos. Cuando los demagogos, como mi presidente Trump, y los de derechas extremas llegan al poder, no piensan en derechos humanos. Solo quieren más poder.

Pero se les vota…

Sí, Trump gana haciendo un populismo de extrema derecha. Y lo peor es que

su pensamiento se está extendiendo a todo el mundo. Mira a Italia en Europa. O Brasil. O India… 

Es complicado, pero hace falta analizar el cambio de la economía mundial y ver a qué ha llevado el modelo de globalización. Es ridículo: en mi país la clase media es cada día más pobre y los ricos son dueños del mundo entero. Trump, siendo un demagogo, atemorizó a esas gentes hablándoles de los derechos de las mujeres, de las minorías y de la diversidad. Eso sí, les escuchó, lo que no hicieron otras políticos como Hillary Clinton, que tampoco me gustaba, aunque lógicamente la prefiero a mi presidente. El problema es que en un mundo con una economía colapsada, la gente no vota por un político tradicional que promete cosas en campaña que luego no cumple.

¿Y qué hacer ante eso?

Si la gente quiere democracia, debe involucrarse. Las cosas no cambian solo porque una las piense. La inacción no lleva a nada. Quejarse en un bar con una maravillosa copa de vino no lleva a nada. A la gente le da miedo la palabra activista, cuando su base simplemente habla de “acción”. FIN

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Mujeres de armas tomar

Los colombianos están inmersos en un precario proceso de paz que pretende acabar con medio siglo de lucha armada. Para entender cómo se vive ese tránsito, hablamos con cuatro excombatientes, cuatro mujeres que en su día blandieron fusiles desde distintos ejércitos. Todas los han dejado –de momento-. Están convencidas de que, al final, el enemigo es la guerra, maten unos u otros. 

Colombia 2018. Las crónicas cuentan que la guerra ha terminado, que los hasta 15.000 hombres y mujeres que en su día llegaron a integrar las FARC (insurgentes contra el Estado, combatientes, guerrilleros o como prefieran llamarse) han dejado las armas. Y sí, es cierto que en noviembre se cumplirán dos años desde que se firmó el acuerdo de paz entre el Gobierno y este grupo armado que combatió durante 52 años. No obstante, también son ciertos el miedo, las balas, los muertos y hasta los empalamientos a mujeres, una barbarie que ocurre hoy cuando los paramilitares pasan por los pueblos. No es ficción, es parte de los relatos que recoge Pilar Rueda, abogada y asesora en género para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Y aquí no hay literatura; la paz de Colombia es una paz con muertos. Entre ellos, los 77 líderes asesinados en el primer semestre de este 2018, según el Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos. Un cómputo al que hay que sumar también a los 76 exguerrilleros de las FARC asesinados tras haber dejado las armas y a 20 de sus familiares. Pocas bromas. Poca paz.

“EN LA NOCHE, DESPUÉS DEL TOQUE DE QUEDA, DERRIBABAN PUERTAS A CULATAZOS, SACABAN A LOS SOSPECHOSOS DE SUS CAMAS Y SE LOS LLEVABAN A UN VIAJE SIN REGRESO. ERA TODAVÍA LA BÚSQUEDA Y EL EXTERMINIO DE LOS MALHECHORES, ASESINOS, INCENDIARIOS Y REVOLTOSOS DEL DECRETO NÚMERO CUATRO, PERO LOS MILITARES LO NEGABAN A LOS PROPIOS PARIENTES DE SUS VÍCTIMAS, QUE DESBORDABAN LA OFICINA DE LOS COMANDANTES EN BUSCA DE NOTICIAS. “SEGURO QUE FUE UN SUEÑO”, INSISTÍAN LOS OFICIALES. “EN MACONDO NO HA PASADO NADA, NI ESTÁ PASANDO NI PASARÁ NUNCA. ESTE ES UN PUEBLO FELIZ”. ASÍ CONSUMARON EL EXTERMINIO DE LOS JEFES SINDICALES”. (‘CIEN AÑOS DE SOLEDAD’, GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ). 

La campesina Claudia Patricia Guachetá, de 36 años, cuenta que ella entró en las Autodefensas Campesinas a los 2. Ella es de una vereda, un camino estrecho que se forma por el paso de los animales y las personas perteneciente a Ortega, un pequeño pueblo cafetero de la región del Cauca, en el suroccidente del país, un vergel situado entre las regiones andinas y pacífica. Es tímida (prefiere no mirar a su interlocutora a los ojos) y parca en palabras: seguramente la guerra se las ha quitado. “Se cuida”, es decir, se anda con cuidado de por dónde se mueve, con quien habla y a qué hora se recoge a dormir: la noche en su región está marcada por un extraño toque de queda en el que los armados campan aún más a sus anchas. Allá donde vive, las FARC dejaron la región, sí, pero no hay tranquilidad. Desde entonces, merodean por sus ricos ríos y parques naturales hombres del ELN (otra de las guerrillas históricas colombianas), las disidencias de las FARC, grupos paramilitares, bandas criminales y los que allí llaman “los mexicanos”, los narcos de Sinaloa.

“No lo sé bien, fui de las Autodefensas desde que tenía 2 o 3 años. Mis abuelos ya lo eran. Era una forma de defender nuestras tierras del ELN y de las FARC”, explica con la misma naturalidad con la que una campesina sabe que va a llover. “Ocurrió que nos armamos de valor. Nunca entendí qué querían de nosotros. Nosotros no tenemos nada: solo unas tierras fértiles”, explica. Arrastra tristeza, la de haber tenido que normalizar la guerra, la de haber vivido siempre en una región especialmente golpeada por el conflicto donde las madres se despedían de sus hijos en el colegio como si fuera la última vez. Podía pasar que no se volvieran a ver. Está acostumbrada a la violencia, a un país donde hace unos años estaba prohibido llevar casco cuando se iba en moto: una persona con esa protección no es identificable y una nunca sabe si el que dispara es joven, adulto, negro, blanco, mujer u hombre. Tampoco se podía llevar “paquete”: era el que disparaba.

Claudia Patricia Guachetá ha pasado casi toda su vida en las Autodefensas, como el resto de su familia. Dice que era una forma de proteger sus tierras frente al ELN y las FARC
Claudia Patricia Guachetá ha pasado casi toda su vida en las Autodefensas, como el resto de su familia. Dice que era una forma de proteger sus tierras frente al ELN y las FARC

Lo terrible de su historia no es su pasado, que no haya vivido un día de su vida en paz; lo atroz es que todavía tiene miedo. “Volvemos a vivir entre amenazas y no sabemos ni quiénes son. Lo único que sabemos es que nos llegan avisos. Nos dicen que dejemos el café y entremos en los cultivos ilegales [coca]”, apunta esta mujer que apenas llegó a bachiller. “Miedo es que te digan que te van a matar y luego no lo hagan. Es lo que sentíamos durante los tres meses en los que todas las noches tuvimos que meternos en el monte, con la lluvia, con el frío. Porque podían volver y acabar con nosotros”. Habla de la masacre del año 2000. Mataron a trece campesinos. “Dos eran mis tíos. Entraron, los cogieron y les pegaron dos tiros. Primero en el costado y luego en la cabeza. A nosotros nos tenían amarrados para que fuéramos testigos. Lo vimos todo. Luego les cortaron las cabezas. Nos dejaron solo el tronquito. Antes me preguntaron si los conocíamos…Yo les negué”, dice con problemas para contener el llanto. Como remate, aquel comando de las FARC quemó sus casas.

“NO ENTENDÍA QUE HUBIERA NECESITADO TANTAS PALABRAS PARA DESCRIBIR LO QUE SE SENTÍA EN LA GUERRA SI CON UNA SOLA BASTABA: MIEDO”. (‘CIEN AÑOS DE SOLEDAD’, GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ). 

En 2003, con 21 años, Claudia Guachetá dejó las armas. Unas armas que ,paradójicamente, nunca empuñó. Sí reconoce que aprendió a usarlas, los hombres le enseñaron cómo cargarlas y desmontarlas en la plaza del pueblo, que hacía las veces de cuartel, pero nunca salió a patrullar. Tampoco se “enmontañó”, que es como en Colombia se dice a las personas que marchan a la guerra introduciéndose en las descomunales cordilleras andinas que rasgan el país en tres. En su pueblo, afirma, lo único que hicieron era defenderse de los ataques de la guerrilla cuando esta incursionaba. Las escopetas y pistolas que utilizaron las empuñaban los hombres, ellas organizaban la logística y cocinaban. Cuando el pasado gobierno de Uribe desmovilizó (reinsertó) a los paramilitares, ella, junto con otras 166 personas de su pueblo, se acogió a ese armisticio. Casi la mitad eran mujeres, muchas, abuelas que jamás apretaron un gatillo. La Justicia reconoció que aquel grupo de labriegos no causaron daños materiales ni víctimas y que se organizaron –sin un orden jerárquico, sin uniformes y sin una estructura militar- con el único objetivo de defenderse de los ataques de los insurgentes.

De todo lo prometido por dejar aquellas escopetas, casi nada. Su gesto, como el que han hecho ahora las FARC, se recompensaba con las prestaciones que históricamente piden las gentes de los campos: medios para una vida digna. Sí recibió atención psicológica, pero ni el colegio, ni el hospital, ni las carreteras llegaron. Es la ausencia del Estado, la triste historia de décadas de sangre en Colombia. “En mi pueblo desde hace tres años no hay ni una sombra del Estado, no está el ejército, ni siquiera un funcionario de correos”, denuncia. Mientras, la maldita presencia de los armados persiste y la hace reflexionar, pesimista, que quizás la paz no sea cosa de los hombres.

 —“¿Os volveréis a armar?”

 —“Pues creo que sí. ¿Quién nos va a defender? ¿Cuál es la opción, dejarnos matar?”, pregunta. También dice que le gustaría sentarse con los miembros de las FARC y preguntarles qué querían de ellos.

“Y LA NORMALIDAD ERA PRECISAMENTE LO MÁS ESPANTOSO DE AQUELLA GUERRA INFINITA: QUE NO PASABA NADA”. (‘CIEN AÑOS DE SOLEDAD’, GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ). 

Se alzaron en armas porque el Estado nunca estuvo en sus regiones, por la desesperación y la terrible desigualdad en las que vivían esos millones de colombianos a los que no les llegó nunca la prosperidad de un país que era uno de los más ricos del planeta en oro, esmeraldas, petróleo, flora y fauna. Eso arguyen las guerrillas históricas de este país de insurgentes, pobres y millonarios extremos. Lo dicen las personas que tomaron y dejaron las armas de las FARC y del M19, por citar dos movimientos que han marcado (con sangre también) la historia del país andino. Lo sostienen ellos, pero también organizaciones como Cepal (Comisión Económica para América Latina y Caribe), que sitúa a Colombia como el segundo país más desigual de América Latina. Y lo peor, la situación, tras tantos años de guerra, no ha mejorado. La ONG Oxfam, que lleva décadas en el país, denuncia por ejemplo que un millón de explotaciones campesinas tienen, de media, un tamaño inferior a la tierra de la que dispone una vaca. Lo hacía en un informe sobre desigualdad publicado el pasado junio en el que se explicaba que se mida como se mida, “la concentración de la tierra es hoy muy superior a la que existía en la década de 1960, cuando se comprendió que una distribución más equitativa de la tierra no solo era una cuestión fundamental de justicia, sino también de eficiencia productiva”.

“Llegamos a las guerrillas para luchar por una educación, por una tierra, por una salud… por dignidad”, explica Marcela González, 50 años y ex comandante de las FARC. Entró en sus filas con 16 años. Era campesina, pasaba hambre y los armados que “paseaban” por sus tierras desde hacía dos años le hablaron de una revolución para cambiar las cosas. Habla desde la sede en la ciudad de Popayán del partido fundado en agosto de 2017 por los excombatientes de la guerrilla tras firmar la paz con el Gobierno con el nombre de FARC, siglas que en este caso corresponden a Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Su esquema de vida durante 32 años fue el de la guerra, que resume en: carpa [tienda de campaña] en vez de casa; equipo, es decir, armas; ropa de camuflaje, gorra, toalla, jabón, papel y caminatas. No resulta fácil hablar con ella. Desconfía y su discurso suena gélido. “La dureza de la guerra nos templó. Nunca he vivido un estilo de vida relajado. A los 7 años ya andaba en el campo trabajando con la yuca y el plátano. Luego, cuando me enrolé, llegó la disciplina militar”, señala. Normas para levantarse, normas para acostarse, para mandar un regimiento, para disparar y normas también para ser o no madre, algo incompatible con las armas.

Marcela González entró en las FARC con 16 años. Llegó a comandante
Marcela González entró en las FARC con 16 años. Llegó a comandante

Ella se quedó embarazada según entró en la guerrilla, en el campamento en el que aprendían a guerrear. Entregó a su hija a unos campesinos. Era solo un bebé. La vio veinte años más tarde, cuando se firmó la paz. “No fue fácil. Cuando nos reencontramos éramos dos mujeres adultas que se veían por primera vez. Yo simplemente intenté que entendiese el compromiso por el que luchaba”, señala la exguerrillera. Su hija, que se salvó del vivir en un campamento militar (algo que no se permitía), había padecido otra guerra: la del desplazamiento y la pobreza. De cría, la pequeña tuvo que abandonar la casa en la que vivía por amenazas de otros armados que mataron a su familia adoptiva. Con 10 años se fue a una ciudad, donde malvivió, es decir, sobrevivió con dos de sus hermanos “postizos”, todos huérfanos de alguna forma. “Ella fue una víctima, como tantas en este país, de la miseria, de la discriminación, del desprecio, del no tener con qué pagar su alimento”, zanja Marcela González. Su relación con ella hoy sigue siendo muy distante.

— “ESTO ES UN DISPARATE, AURELITO –EXCLAMÓ.

— NINGÚN DISPARATE –DIJO AURELIANO-. ES LA GUERRA. Y NO ME VUELVA A DECIR AURELITO, QUE YA SOY EL CORONEL AURELIANO BUENDÍA”. (‘CIEN AÑOS DE SOLEDAD’, GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ).

Con ella está la excomandante Amanda Ríos, que dice haber cumplido los 40 y no tiene hijos. Sobre la maternidad, comenta que aquello [la guerra] no era un juego y que quien se incorporaba a sus filas sabía que debía someterse a una planificación aceptada. Ella sí tiene formación: estudiaba en la Universidad, estaba ligada a partidos de izquierda y en sus vacaciones se iba a la guerrilla. “Me persuadió la convivencia entre nosotros y poder compartir unas relaciones absolutamente sólidas basadas en las causas que nos llevaron a rebelarnos contra el sistema para dar el poder al pueblo”, resume.

Ríos habla de la difícil situación que viven ambas para reintegrarse a la sociedad. Por una parte, corren riesgo físico. Desde el armisticio, tal y como apuntábamos al principio, han sido asesinados 76 desarmados de las FARC y 20 familiares. Hay además 6 desaparecidos. En su caso, viven con un pie en las zonas que el Gobierno asignó para quienes combatieron (Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación) y otro en la ciudad, de forma semiclandestina. No dan sus nombres verdaderos (siguen utilizando el de la guerra) y tampoco cuentan a sus vecinos a qué se dedicaron durante tantos años. Dicen estar dispuestas a verse cara a cara con sus víctimas. “Con dolor del alma. Doble, el nuestro y el suyo. Porque no ha habido una guerra sin crueldad”, apunta la universitaria, reconociendo los errores que cometió su grupo contra la población civil. No tiene claro si quienes sufrieron sus embestidas están más preparados que ellas para la reconciliación, pero sí reconoce su nobleza y su absoluta voluntad de paz y de conocer la verdad para que nunca más se repitan esas décadas de sangre y fuego. Ellas, por su parte, aseguran que jamás repetirían y no barajan la opción de volver a armarse.

Amanda Ríos empezó en la guerrilla durante las vacaciones de sus estudios universitarios
Amanda Ríos empezó en la guerrilla durante las vacaciones de sus estudios universitarios

Más allá de la empatía y de los intentos de comprensión por parte de unos y otros, el país debe resolver cuestiones como qué empleos y medios de vida se les otorgan a unas personas que durante años no supieron hacer otra cosa que combatir y en muchos casos no pisaron una escuela o una ciudad. En La Habana, el Gobierno se comprometió a darles un sueldo mínimo durante un tiempo, casa y posibilidad de trabajo, casi siempre en el campo. Las promesas están lejos de cumplirse.

Flor González también tomó las armas. Fue hace ya muchos años. Lo hizo como combatiente del M19. Lleva ya veinte reinsertada. Hoy trabaja en la Universidad del Cauca y charla sobre su pasado militar de forma distendida y clara. Uno de sus hijos escucha atento la conversación mientras prepara un trabajo para el instituto. Como las excomandantes, no cree que la guerra haya terminado. Al contrario, para ella la situación ahora es peor, ya que los actores, comenta, están difuminados y nadie sabe quién es quién. Aparte, señala, el ambiente está más polarizado. La gente ve el país en blanco o negro y cuando se le pregunta, como ha ocurrido en los dos últimos referendos, vota incomprensiblemente por seguir en guerra y dice sí a la corrupción. Colombia, Locombia como se nombra algunas veces a esa esquina de América, es difícil de explicar. Para entenderla hay que introducir en el saco variables como bandos armados (legales e ilegales), desigualdad, narcotráfico, desplazados, armas y corrupción, por citar algunas.

“Para empezar a entendernos deberíamos plantear un buen diccionario del lenguaje de la guerra y la paz. Porque ahora todo el país habla del ‘proceso’ y todo lo que tiene que ver con ello suena muy bonito, pero está muy alejado de nosotros. Es un lenguaje de la élite, pertenece a quienes estuvieron en La Habana, pero sigue faltando realidad. Nos perdemos en conferencias y en cátedras que hablan de reinserción, rehabilitación, dejación de armas, reincorporación… Pero la verdad del país es que seguimos en una guerra, aunque se considere un hecho aislado que sucede en los territorios. Los muertos, los líderes sociales, son muertos aislados”, señala contundente.

Para Flor Fernández, en Colombia se da un juego maldito que asume que todo aquel que tomó las armas es malo y no se juzga al corrupto que dirige el funcionamiento del país. “¿De qué estamos hablando cuando aquí hay presidentes como Uribe que tienen un vínculo directo con los paramilitares? Y si hablamos de narcos, solo hace falta pensar en Samper”, apunta la exguerrillera. Ella, ya reinsertada y con familia, tuvo en un momento dado que huir de su país y exiliarse. Entonces estaba en la diana de los paramilitares.

Tras años combatiendo en las filas del M19, Flor González se reinsertó hace dos décadas. Ahora trabaja en la Universidad del Cauca
Tras años combatiendo en las filas del M19, Flor Fernández se reinsertó hace dos décadas. Ahora trabaja en la Universidad del Cauca

En su opinión, para que las mujeres y hombres que como ella se armaron puedan volver a ser ciudadanos, hace falta acompañamiento del Estado. Desde un punto de vista social, dice, es necesario articular una vuelta a las comunidades de donde salieron esas personas. “Hay que llevarlas a los lugares desde los que se perdieron y seguir un proceso de transición. Esa gente no puede volver sola, debe hacerlo con ese Estado que nunca estuvo y que fue la razón por la que empuñamos las armas. Hay que pensar en convertirnos todos en gestores de paz, en volver a reconstruir lazos y acabar con el desarraigo familiar que crea una guerra. Lo segundo es ver qué aptitudes tienen. No vale con idear -desde Bogotá- un proyecto productivo y olvidarlos en el campo”.

Respecto a las cuestiones más relacionadas con el género y la guerra, es contundente. No duda de que las combatientes lo tienen más complicado para volver a ser ciudadanas: “Quienes hacen las políticas de reinserción son hombres”, explica. También habla de la existencia de una “política vaginal” dentro de las guerrillas, algo que no está en ningún manual y pocas reconocen. “El problema del machismo es estructural y se da en la guerra y en la paz. Lo único a lo que nos podemos agarrar es que ahora somos más conscientes y estamos más preparadas, pero el patriarcado está en todas partes”.

En su caso, no tuvo hijos mientras combatía: “Imposible en un campamento”. Decidió ser madre tras dejar las armas. Su compañero también guerreó. A los niños no les contaron que habían sido parte de la guerra hasta que fueron lo suficientemente mayores. No lo hicieron para que no se autolimitaran política y socialmente. No querían que cayesen en esa división del mundo en buenos y malos y porque, como apuntaban sus compañeras, la guerra duele desde cualquier lado. Hoy, conocedores de su historia, ambos hijos se sienten orgullosos de su pasado. Y ahí, el adolescente, que nos ha servido café, se acerca, sonríe y besa a su madre.

—“Si la guerra sigue, si no se han resuelto los problemas, ¿qué os queda? El panorama es duro. ¿Hay esperanza para la paz?”, le preguntamos.

—“Nos queda soñar y sí hay cierta esperanza, la de nuestros hijos”, contesta. Victoria Sandino, senadora de las FARC y excombatiente, coincide: “Colombia ha cambiado y dado pasos importantes. Nunca antes se había pensado que la izquierda sacara ocho millones de votos. La gente ha empezado a perder el miedo. No obstante, se deben dar cambios estructurales para que haya justicia social. No se justifica que en este país, con un territorio tan rico y diverso, mueran niños de hambre, y eso pasa en El Chocó, en la Guajira y en Bogotá. No se justifica que siga existiendo una población tan numerosa con vocación agropecuaria y tantas tierras, y que no se asignen tierras. Eso tiene que cambiar, pero repito, hay esperanza”.   

“SIN EMBARGO, FRENTE A LA OPRESIÓN, EL SAQUEO Y EL ABANDONO, NUESTRA RESPUESTA ES LA VIDA. NI LOS DILUVIOS NI LAS PESTES, NI LAS HAMBRUNAS NI LOS CATACLISMOS, NI SIQUIERA LAS GUERRAS ETERNAS A TRAVÉS DE LOS SIGLOS Y LOS SIGLOS HAN CONSEGUIDO REDUCIR LA VENTAJA TENAZ DE LA VIDA SOBRE LA MUERTE…. ANTE ESTA REALIDAD SOBRECOGEDORA, LOS INVENTORES DE FÁBULAS QUE TODO LO CREEMOS, NOS SENTIMOS CON EL DERECHO DE CREER QUE TODAVÍA NO ES DEMASIADO TARDE PARA EMPRENDER LA CREACIÓN DE LA UTOPÍA CONTRARIA. UNA NUEVA Y ARRASADORA UTOPÍA DE LA VIDA, DONDE NADIE PUEDA DECIDIR POR OTROS HASTA LA FORMA DE MORIR, DONDE DE VERAS SEA CIERTO EL AMOR Y SEA POSIBLE LA FELICIDAD, Y DONDE LAS ESTIRPES CONDENADAS A CIEN AÑOS DE SOLEDAD TENGAN POR FIN Y PARA SIEMPRE UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD SOBRE LA TIERRA”. (EXTRACTO DEL DISCURSO DE GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ AL RECOGER EL PREMIO NOBEL DE LITERATURA EN 1982).

Publicado en ttp://www.mujeresaseguir.com/social/noticia/1118397048615/mujeres-de-armas-tomar.1.html

Victoria Sandino: “La paz es un sueño para Colombia”

Durante 20 años estuvo enmontañada, es decir, fue guerrillera y combatió fusil en ristre al Estado, históricamente ausente en gran parte de las tierras colombianas. Judith Simanca Herrera, más conocida como Victoria Sandino, excomandante de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), es hoy senadora y forma parte de la dirección de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el partido fundado en agosto de 2017 por los excombatientes de la guerrilla tras firmar la paz con el Gobierno. Además de a la guerra, su nombre quedará asociado a la perspectiva de género que se incluyó en el acuerdo, el primero en entender que la paz es cuestión de hombres y de mujeres.

Victoria –su nombre– sería hoy hablar de paz, pero la realidad del país no lo permite, sobre todo si una sale de los despachos ministeriales de Bogotá. El ELN, como otra de las guerrillas históricas del país, ha ocupado los espacios donde se encontraban las FARC y amenaza a los hombres y mujeres del campo, un espacio que se disputa con los narcos mexicanos, ya en la zona, los disidentes de las FARC, los paramilitares y las bandas criminales (bacrims). En ese caos y con un país tremendamente polarizado, caen los pobres y los defensores de los derechos humanos, que inoportunan. También los antiguos miembros de la guerrilla.

¿Qué habría que hacer para que se dé una reinserción exitosa de todos esos excombatientes? ¿Cómo se vuelve a una vida normal tras no haber conocido otra realidad que la guerra? 

Para que se dé una reinserción exitosa hace falta mucha voluntad política, la que pactamos en La Habana, la que queremos y soñamos los hombres y mujeres de las FARC. Lo que hay que hacer es concretar lo pactado. Y eso hay que hacerlo en muchas facetas. En política, garantizándose que todo nuestro personal pueda participar en una esfera cualquiera como ciudadano; en lo económico, haciendo que se materialicen los proyectos productivos, que se asignen las tierras ya que la mayoría de nuestra gente tiene vocación agropecuaria y es lo que pactamos y soñamos. En cuanto a seguridad, debemos hablar desde dos planos: el jurídico y el personal. Por una parte, según lo que pactamos, la Ley de Amnistía debía permitir la salida de la cárcel de más de 4.000 de nuestros integrantes. Pero hoy, después de casi dos años del acuerdo, más de 370 personas siguen en prisiones. Y así y todo, el Gobierno –en contra de lo establecido– quiere cambiar esas reglas que habíamos previsto. Es decir, se quiere derogar que la gente pueda amnistiarse, que pueda pasar a la JEP (Jurisprudencia Especial para la PAZ), que tenga las garantías de las que hablamos allí. El Congreso pretende cambiar esa reglamentación para mandar a toda la dirección [de las FARC] a la cárcel o a la extradición.

Y por supuesto hay que hablar de seguridad personal. Desde la firma, han asesinado a 76 de nuestros compañeros, a 20 de sus familiares y hay 6 desaparecidos. Nuestra integridad física está en riesgo.

En los territorios las comunidades están amenazadas por el ELN, los paras, los narcos de Sinaloa, la disidencia de las FARC… Eso no es paz.

Sí, la barbarie de la guerra sigue allí. Aquí siempre se ha pretendido ver una sola parte de la guerra, la de las FARC, pero la historia es otra y en ella entran muchos más actores. Para que se dé la paz el Estado debe estar presente en los territorios, pero no solo con fuerzas militares sino con inversión social. La institucionalidad debe resolver los problemas de las comunidades, donde hoy faltan profesores, carreteras, servicios médicos y programas de nutrición para que los niños no se desvanezcan en las escuelas.

¿Qué sería entonces la paz?

La paz es un sueño para nosotros, pero también una esperanza. La paz es que pare la persecución contra los líderes y lideresas sociales, que la lucha por los derechos sociales no nos cueste la vida. La paz es también que se amplíe la democracia y podamos disfrutar de este país tan hermoso, tan inmenso y diverso.

¿Están más preparadas las víctimas para mirarse cara a cara con el otro que los excombatientes?

Yo creo que las víctimas han hecho un proceso absolutamente loable y admirable. Desde que estábamos en el proceso quisieron participar y lo primero que decían era: “No se levanten de la mesa. Terminen esta guerra, hagan la paz”. Las víctimas tienen mucha esperanzas en este proceso. Aunque también  incertidumbres y decepción. Ahora lo que hay que hacer es garantizar la restitución de los derechos que se les arrebataron. Porque tras la firma, quienes han hecho actos de reparación hemos sido nosotros, algo con lo que no ha cumplido todavía ni el Gobierno ni el Estado colombiano.

¿Es fácil mirarlos y reconocer el dolor que causaron?

Nosotros reconocemos ataques por parte de las FARC que no nos enorgullecen, pero que ocurrieron. Hoy decimos que se haga verdad y justicia. De hecho, las mujeres nos estamos reuniendo con las víctimas. Es duro pero es también un proceso muy bonito de sanación, de reconocimiento y de identificar que nosotros también tenemos dolores y padecimos el conflicto. Muchas nos fuimos a la guerra como consecuencia de un conflicto que no era político, era económico.

¿A usted qué le quitó la guerra?

(Respira) La guerra me quitó muchos afectos. La guerra me quitó a muchas personas que amaba. Y no solo en los años en que estuve como combatiente; antes también. Yo entré en la guerra empujada por la violencia, yo fui parte de la Unión Patriótica [partido de izquierdas], yo viví parte de ese genocidio en el que mataron a más de 5.000 personas.

Hablemos de género. ¿Qué significó incluir esa perspectiva en el acuerdo?

Supuso que por primera vez en la historia de un acuerdo de paz logramos incluir que se reconociera que las mujeres habíamos sido impactadas de manera diferencial y que era necesario tomar medidas específicas, tanto en la norma como en las políticas públicas. Ese enfoque significa garantizar sus derechos fundamentales y con los de ellas, los de la toda la población. Diría, además, con todo el respeto y humildad, porque esto es un acumulado del movimiento de mujeres colombianas, que, tras el derecho a voto de las mujeres, el acuerdo de paz y el enfoque de género es, para las colombianas, la segunda conquista más importante de la historia reciente del país.

¿Una mujer guerrillera tiene un estigma mayor a la hora de reincorporarse?

Definitivamente. El estigma que padecemos hombres y mujeres que hemos estado en la guerra y que estamos haciendo el tránsito a la vida civil es durísimo. Nos tratan de asesinos, de violadores, pero a nosotras en particular se nos castiga más. Y eso ocurre porque tuvimos la osadía de tomar un arma, de dejar a nuestros hijos, de no tenerlos… porque la maternidad era incompatible con aquello. Hoy tenemos, por ejemplo, unos problemas muy complejos cuando esas madres están queriendo recuperar a sus hijos. Algunos desaparecieron, otros fueron dados en adopción, otros… jamás lo entendieron.

Vayamos a otro punto, las mujeres utilizadas como botín de guerra. 

Sí, definitivamente, las mujeres fueron utilizadas como botín de guerra. Tanto sus cuerpos como su propia existencia. Desde todos los ángulos. Cuando los paramilitares incursionaban, las principales víctimas eran las mujeres. Las abusaban, las violaban y luego las mataban. Hay pruebas, pero no hay justicia: esos delitos no se han juzgado.

Perdón, ¿y las FARC no violaron a las mujeres?

Voy. Voy por partes. Entiéndame que yo tengo una visión propia. Pero hoy, tras el acuerdo, se quiere olvidar de tajo lo que hicieron los paramilitares. Y en esto, también hay que acusar a las fuerzas militares [de abusos y violaciones]. Por nuestra parte, sí, tengo que señalar que es seguro, que a pesar de las normas rigurosas que teníamos que condenaban cualquier tipo de violencia contra las mujeres, en el contexto de la guerra ocurrieron hechos de ese tipo por parte de integrantes de nuestra organización.

Entonces, ¿reconocerán esas violaciones? Porque todos, también las fuerzas del Estado, cuentan con normas que dicen que no se puede violentar a las mujeres. 

Sí. Tendrán que salir y hacerlo. Todos. Ahí está la JEP. El problema es el de siempre, que no hablamos solo de los actores armados. Aquí todo el mundo participaba. La clase política dirigente no tenía el fusil directamente, pero sí financiaba, promovía y facilitaba para que se crearan estas violencias contras las mujeres. Afortunadamente esos delitos no pueden ser amnistiados.

¿Qué papel puede jugar ahora la comunidad internacional?

La comunidad tiene un papel fundamental para que se logre este acuerdo. Primero, debe estar presente en el territorio. Y dos, tiene que estar conminando al Gobierno para que cumpla lo prometido: nosotros lo hemos hecho. Cumplimiento y puesta en marcha. Hacen falta resultados específicos en materia de implementación.

Aparte, puede ayudar con apoyo técnico y recursos económicos. Porque muchos países de la comunidad internacional aportaron para la guerra, para fortalecer a las fuerzas militares y al Estado que seguía atacando a las comunidades y territorios. Invitamos a esos países ricos, que tienen además intereses en el país, que aporten, que inviertan para que esta paz llegue a los territorios y a la Colombia profunda, a esa que nunca ha conocido un escenario distinto al olvido, a la miseria, a la pobreza y a la guerra.

A pesar de todo, ¿cómo ve el futuro?

Hay esperanza. Colombia ha cambiado y dado pasos importantes. Nunca antes se había pensado que la izquierda sacara ocho millones de votos. La gente ha empezado a perder el miedo. No obstante, se deben dar cambios estructurales para que haya justicia social. No se justifica que en este país, con un territorio tan rico y diverso, mueran niños de hambre y eso pasa en El Chocó, en la Guajira y en Bogotá. No se justifica que existiendo una población tan numerosa con vocación agropecuaria y tantas tierras, no se asignen tierras. Eso tiene que cambiar, pero repito, hay esperanza.

Por cierto, su partido aparece totalmente dividido, ¿se rompe?

Yo diría que no, que simplemente hay discusión. FIN

Publicado en La Marea https://m.lamarea.com/2018/11/02/victoria-sandino-la-paz-es-un-sueno-

Paz de día; guerra de noche

Santander de Quilichao, Cauca, Colombia.- “Crear media masivos de comunicación”, señala uno de los integrantes y vecino del municipio de Buenos Aires, Cauca. Forma parte del grupo de “Reconciliación, Convivencia y Paz” que la Agencia de Reconstrucción Territorial (ART) ha convocado para conocer y trasladar las peticiones de sus vecinos al gobierno colombiano. La idea: construir un nuevo país. “¿Pero de verdad queremos medios de comunicación masivos? Pensemos mejor en radios comunitarias, en cuántas necesitaríamos, qué contenido le daríamos y hasta dónde alcanzaríamos en cuanto a cobertura?”, matizan el resto de participantes (ocho, hombres y mujeres afros e indígenas). Durante dos días negocian cada uno de los puntos que previamente se han trabajado en las veredas y corregimientos de la zona. Los otros grupos (compuestos cada uno por una decena de personas) hablan de soberanía alimenticia; reactivación económica; vivienda, agua potable y saneamientos; educación rural y primera infancia; salud rural; infraestructuras y ordenamiento social. Se trata de ir escalando los temas que han salido de sus comunidades a las cabeceras de sus municipios y de ahí a las regiones. Son los denominados Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), hijos del acuerdo de paz firmado en La Habana entre el Gobierno y las FARC.

La prevención de alcoholismos y otras sustancias adictivas aparece en el debate de quienes discuten cómo articular un territorio reconciliado y en paz. Los participantes zanjan rápidamente que ese asunto le corresponde al grupo que trabaja temas de salud. No obstante, rescatan un ángulo que sí consideran importante para conseguir una buena convivencia: evitar la exclusión y marginación de los consumidores y la prevención, también en los temas del grupo que debate Educación. “Criminalizarnos no es bueno”, sugieren. “Compañero escribiente, digitador, apunte: centros para el deporte. Es importante contar con espacios de recreación y ocio para los jóvenes”, pide una indígena al funcionario estatal que va registrando en un portátil.

Antes de hacerlo, el empleado público lee en voz alta cómo queda la petición. Si hay acuerdo, solicita un nombre, el de la persona que dará continuidad y seguimiento al tema.

Una vez zanjado, abordan los otros puntos del bloque temático en el que están: empoderamiento de las mujeres indígenas; fortalecimiento de una justicia propia (donde deben convivir, así lo dice la Constitución, las normas indígenas y afros con las leyes generales); refuerzo de la Casa de Justicia y definición de las guardias indígenas, cimarronas y campesinas. El manejo intercultural también se toca. Al debatirlo surge la importancia de defender sus culturas, pero teniendo en cuenta que los usos y costumbres no vayan en contra de los derechos de las mujeres… “Es nuestra responsabilidad concienciar a los hombres en una cultura del respeto hacia ellas”, apunta un indígena. “Ustedes lo definen”, espeta Franklin Ramírez, de la organización gubernamental.

La dinámica con la que transcurre la jornada va sobre ruedas. Hay respeto, participación, representatividad… “Recuerde: este es un espacio de construcción colectiva por el municipio que soñamos”, se lee en las acreditaciones. La tarde es soleada, se trabaja en un local al aire libre y el Cauca atardece en apariencia tranquilo. Solo es apariencia, parte de los participantes deben irse: viven en el campo y en la noche nadie garantiza su seguridad por las carreteras o trochas. Algunos líderes comunitarios, apuntan desde la Agencia de Reconstrucción Territorial, no han podido llegar: están amenazados. Hace unas semanas mataron a uno de ellos; uno más. El conflicto en esta zona del país está lejos de haberse acabado. La guerra con las Farc ha terminado, sí, pero la ausencia del Estado sigue siendo una pauta en una región donde la presencia del Eln, los mexicanos (cartel de Sinaloa), disidentes de las Farc y bandas criminales operan como quieren. En otras palabras, la barbarie de siempre.

“Teníamos muchas esperanzas, pero las élites de este país no quieren oír hablar de otras formas de gobierno alternativas. No quieren entrar en temas como verdad, justicia y reparación, de una ley de víctimas o de restitución de tierras. No ha habido una buena planificación, no llega la respuesta del gobierno y no hay garantías de seguridad”, apunta Franklin Ramírez. Por contra, sí reconoce una gran avance en el trabajo que vienen haciendo: es la primera vez que el Gobierno no dice lo que hay que hacer sino que acude a las comunidades a escuchar sus necesidades. El reto, coinciden todos: implementar esos planes.

Otro puntal para la esperanza, sería según el técnico de la agencia estatal, el fortalecimiento de la ciudadanía, la resistencia, que llaman ellos. “Sí, y debemos estar preparados, porque no hay voluntad política para implementar todos estos cambios y que no quede en papel. De ahí lo importante de que estemos organizados. No queremos ser víctimas. Somos sujetos activos de derechos y queremos tener voz y voto”, señala una de las mujeres. Lo hace con la misma sonrisa, dulzura y contundencia con la que defendía hace unos minutos cómo construir un país en reconciliación, convivencia y paz. Es tarde. Ella debe ser de las que no deben tomar carretera. FIN