La sangrante paz de Colombia

«En tres semanas han atentado contra tres mujeres, tres mujeres que conocí este verano en Colombia». Ese fue el arranque de este artículo, un comentario a la directora de LA MAREA que rápidamente me pidió escribiese sobre el tema. Afortunadamente a ninguna de ellas la mataron, pero desde entonces, hace poco más de un mes, los asesinos varios que andan desangrando esa esquina de América han aniquilado a decenas de defensores y defensoras de los derechos humanos. Y estamos en paz. Y en Colombia no hay guerra. Y la mítica guerrilla de las FARC, la más antigua de América Latina entregó las armas hace ya dos años. Y los informativos no hablan de ello. 

Quizás los más avezados lectores hayan visto en Internet los gritos de un niño de 9 años este fin de semana. La criatura presenció cómo disparaban a su madre. En las imágenes, el pequeño golpea como un loco la puerta de su casa con el cadáver de su madre a unos metros. Aúlla, patalea y se desgarra ante el cuerpo sin vida tirado en el suelo de quien le crió. María del Pilar Hurtado, que así se llamaba, había sido declarada objetivo militar por los paramilitares. «Nosotros no estamos con rodeos. Nosotros vamos es matando y recuperando el control y si buscan que el pueblo se caliente, pues se calienta esta mierda. Le damos plazo hasta las 12 de la noche de hoy», rezaba uno de los panfletos que le enviaron un día antes de matarla. Se dirigían a ella como «gorda, hija e puta y mujer del cacharrero». No está claro si ella, dirigente social, desplazada de otras tierras por otros violentos, era defensora o no. Hay fuentes que apuntan que fue un error y dicen que estaba incluida en esa lista fatal por equivocación. 

Mayerlis Angarita durante el rodaje de Mujeres al frente.

Que acertasen o no es lo de menos: está muerta, como los 702 líderes sociales y 135 excombatientes que han sido asesinados según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) desde que se firmó el tratado de paz de la Habana. Repito el recuento, una cifra que seguramente estará desactualizada cuando lean estas líneas: 837 personas entre enero de 2016 y mayo de 2019. El gobierno colombiano entre esas dos fechas “solo» reconoce 281 homicidios de líderes sociales, otras fuentes oficiales como la Defensoría del Pueblo hablan de 462 asesinatos. 

Ya sea con un asesinato cada 24 o 48 horas, lo que está ocurriendo en Colombia es un asesinato sistemático, están matando el acuerdo de paz mientras que el Gobierno y gran parte de la sociedad civil mira para otro lado. Es molesto mancharse de barro; es incómodo acercarse a los territorios (o sea, a las tierras que los campesinos y campesinas defienden con su piel y su sangre, donde “estuvo” la guerra); es cansino y aburrido seguir hablando de armas, desplazados y veredas a las que no llegan ni los funcionarios, ni los hospitales ni las carreteras. Porque en ellas reinan a sus anchas los narcos de Sinaloa -en unos tiempos donde los cultivos de coca se multiplican-, las disidencias de las FARC, el ELN (otra de las míticas milicias del país que viendo los incumplimientos de las promesas Gobierno hacia el grupo armado resulta difícil creer que entreguen las armas), las bandas criminales y los paramilitares. 

«Estamos alarmados por el chocante número de activistas asesinados, acosados o amenazados en Colombia, y el hecho es que esta terrible tendencia parece empeorar», decía hace apenas unos días el portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Rupert Colville. Y por poner cara, esbozo un somero perfil de esas tres mujeres que sobreviven y que podrían haber engrosado esa interminable escabechina que no cesa y que se dirige claramente hacia quienes defienden la paz y sus territorios. 

Tiemblo al hacerlo porque se me mezclan con las palabras de otra defensora, la periodista Jineth Bedoya, contra quien los bestias también han atentado varias veces. Ella, que fue secuestrada dos veces, torturada y violada de forma masiva. Ella, que vive con siete guardaespaldas, este fin de semana en Acampa por la Paz, en Coruña, decía que no callará a pesar de que la siguen apuntando. De algún modo, espera las balas. Algo muy parecido repite Mayerlis Angarita, otra defensora, otra mujer que ha renunciado a una vida propia por defender un país donde no sea normal que las maten, desaparezcan, violenten o torturen, explica. Ella es una de las mujeres más perseguidas en la zona en la que vive, Montes de María, en el norte de Colombia. Cuestiona el sistema de arriba abajo: por eso la quieren tumbar. Angarita ha sobrevivido a varios atentados, el último hace apenas un mes cuando iba en el coche con su hija y su sobrino. Vive también custodiada y tanto a la reportera como a ella se les quiebra la voz cuando piensan que cada vez que hablan puede ser la última. “Resulta difícil de entender que sigamos, claro. De hecho me ofrecieron salir de Colombia, pero quiero cambiar las cosas desde aquí. Me criticaron, me dijeron que no pensaba en mis hijos. Pero es porque pienso en mis hijos que me quedo. Y si tú no haces nada, eres parte de la indiferencia que nos mata. Las balas no matan, mata la indiferencia”, afirmaba en el libro Mujeres al frente. “A nosotros nos vulneraron los derechos y nos los tienen que restablecer. No nos protegieron, ni nos dieron garantías para que esos grupos no nos tocaran. Es el mismo escenario de lo que está pasando ahora. Nos están matando sin que a nadie le importe. La diferencia con lo que viví empezando el milenio es que ya no pueden tapar el sol con un dedo”, escribía hace unos días en el suplemento Semana.  

Contra Francia Márquez también fallaron. La afrocolombiana ostenta el premio Goldman, considerado como el Nobel del Medioambiente y vive en el Cauca, una de las zonas más peligrosas del país y una auténtica «mina de oro», un vergel que ha quedado seco por la actividad ilegal minera que drena y contamina los ríos. Con ella estaba la activista Clemencia Carabalí cuando las dispararon la última vez. Las dos siguen en pie y dicen que cuando les usurparon todo (amigos asesinados, tierras y derechos), también les quitaron el miedo. «El atentado del cual fuimos víctimas líderes y lideresas, nos invita a continuar apostándole a lograr la paz en nuestros territorios, en el departamento del Cauca y en nuestro país. Ya está bueno de tanta sangre derramada», comentaba Márquez en twitter. 

Hartas de tanta guerra tienen claro que deben seguir. Deben ser las lecciones que les ha dado la vida en un mundo que no ha conocido la paz. Otra defensora, la campesina Nelly Velandia, también desplazada, también perseguida, también acosada apuntaba hace tiempo que la guerra les enseñó que no podían claudicar. Sigo escribiendo, pero según lo hago -alentada por su fuerza- vuelvo a temblar. Me llega al móvil una nueva advertencia contra Mayerlis Angarita. Es de ayer. Y en ellas, las Aguilas Negras (paramilitares) la ponen la primera en su lista de las personas a callar. “Ninguno de los anteriores se salvarán de nuestras órdenes como son torturar, secuestrar, desaparecer, mutilar, descuartizar como ejemplo para que otros dejen de abrir la boca”. Tras el último tiroteo que vivió el Gobierno dijo que eran ladrones. Señores gobernantes: ¿van a hacer algo? Porque no vale lamentar las muertas. No vale aterrarse ante las imágenes de un niño desconsolado. FIN

Publicado en La Marea https://www.lamarea.com/2019/06/27/la-sangrante-paz-de-colombia/

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Francia Márquez: “El río es mi vida”

-¡Negra¡, gritó la niña al verse en el espejo. //Desde entonces, ese es mi color favorito”. Ese fue el verso elegido por Francia Márquez, la mujer afrocolombiana que ostenta el premio Goldman, considerado como el Nobel del Medioambiente, en la presentación del libro Horas de guerra, minutos de paz, de Emilio Polo. Era uno de los muchos actos que ha mantenido durante su gira por España para subrayar el abandono de sus comunidades por parte del Estado.

La activista es del Cauca, una de la zonas más golpeadas por la guerra en Colombia donde a pesar de los pactos firmados entre las FARC y el Gobierno, la guerra persiste. A esa violencia han de sumar la que trae la minería ilegal: un auténtico cáncer en sus territorios que se está comiendo su tierras –que son deforestadas en busca del metal- y ríos, envenenados por el mercurio utilizado para separar sustancias. Márquez empezó como activista siendo una adolescente, pero su “master” como defensora del medio ambiente le llegó tras una marcha que realizó para gritar al mundo, tras un sinfín de denuncias infructuosas, que la minería ilegal estaba acabando con sus tierras. Caminó 350 kilómetros durante 10 días junto con otras 130 mujeres y jóvenes. Consiguió sacar unas máquinas retroexcavadoras de sus tierras, pero solo unas; las hay por miles. Según fuentes de la Fiscalía colombiana, el 80% de todo el oro minado anualmente en Colombia se produce de forma ilegal con métodos que causan una devastadora destrucción ambiental. Un reciente estudio de la Universidad Externado de Bogotá encontró que hasta 80 ríos del país están contaminados. La Fiscalía también señala que diez importantes ríos están a punto de “desaparecer”.

Francia Márquez, que tuvo que desplazarse de su tierra y vive amenazada, dice haberse inspirado en la sabiduría de sus mayores, “gente que no sabía leer pero que le decían: ‘ustedes tiene que cuidar al río como a su papá y a su mamá, porque eso es el ciclo de vida’”.

Usted denuncia una política extractivista por parte del gobierno colombiano que va en contra de las comunidades.

Desde que se empezó a vender a Colombia como un país para la minería, se disparó la minería ilegal en toda la región del Pacífico. Para mí, la minería ilegal es una estrategia para justificar la gran minería y esa política extractivista en Colombia que no mira a las comunidades. Porque la minería ilegal ha llegado a nuestras regiones con la complicidad de las instituciones del Estado, que dejan pasar esas máquinas retroexcavadoras por nuestros caminos hasta llegar a los ríos. ¿Cómo llegan esas máquinas allí, no los ven los retenes de la fuerza pública? Pareciese que esas grúas y dragas fuesen cájas de fósforos se llevan en un bolsillo. ¿Quién permite esa compra de un mercurio que forzosamente debe ser importado del exterior? Con licencias o sin ellas, solo hay que asomarse y ver cómo se están destruyendo el territorio, pero eso no lo ven ni el ejército ni las instituciones ambientales.

Les acusan de ir contra el desarrollo.

En muchos territorios donde el Gobierno ha entregado títulos mineros a empresas, se nos ha acusado de ser perturbadores de mala fe. Cuando nos dicen que nos oponemos al desarrollo, yo pregunto: ¿al desarrollo de quién? A la gente la han despojado de sus tierras y ahora se ven forzadas a trabajar en latifundios de caña de azúcar, monocultivos que solo dan intereses para los grandes terratenientes. ¿De qué desarrollo estamos hablando si para construir una represa han tenido que quedar sepultadas las tierras con las que vivíamos del café, cacao y plátano, la pesca y la minería artesanal?.

El problema de la minería ilegal viene de hace años, pero además ahora con el nuevo Gobierno estamos saltándonos la Constitución del 91 y retrocediendo a la del 86, donde los afrocolombianos no teníamos derechos. Esos derechos fundamentales que nos permitían proteger nuestros territorios, entendidos como espacio de vida, donde podíamos recrear nuestra cultura, se han ido menoscabando. Se está presentando un proyecto de ley para que el derecho fundamental de la consulta previa [otorgado para la poblaciones originarias] no sea un obstáculo para la élite que defiende que el desarrollo se mida en términos económicos y no en bienestar social.

Resulta paradójico que ríos en su país sean sujetos de Derecho y sus gentes no tengan ni agua potable, ni pescado que comer.

Se explica si miras a sus habitantes: somos negros. Y yo no me olvido de nuestra historia, a nosotros nos dijeron que éramos salvajes. A nosotros nos quitaron nuestra humanidad. Y eso está ahí: el racismo hace que nosotros seamos considerados como cosas que no merecemos derechos. Y cuando nos dan derechos, se quedan en el papel. Y cuando los exigimos, nos replican: “Su derecho no puede obstaculizar nuestro desarrollo”.

Estamos hablando casi más de derechos humanos que de medioambiente.

Es que no se pueden separar. Están totalmente relacionados. Para mí, la naturaleza no se desprende del territorio, que es vida. Y esa es parte de nuestra lucha, luchamos por nuestro modo de vida, luchamos por el río.

No parece que quede mucho espacio para los derechos humanos hoy en Colombia, a pesar del pacto entre las FARC y el Gobierno.

Es cierto. Como comunidades afro, como campesinas y como mujeres hoy le apostamos a la paz, pero el nuevo panorama es muy duro: está el ELN, las disidencias de las FARC, los paras, los narcos… A mí se me parte el corazón, porque tenía la esperanza de que el conflicto iba a disminuir, y sí, ya no hay bombardeos, pero la violencia sigue, entre otras cosas, porque el Gobierno no cumple con su compromiso de implementación de esos acuerdos de paz.

No podemos hablar de paz cuando vivimos realidades como el horror del desplazamiento forzado. La semana pasada en una audiencia pública el gobernador de Nariño denunciaba que en este año se han desplazado por el conflicto armado 5.000 personas en su departamento. ¿No lo ven? Allí no hay que hablar de guerrillas, hay que hablar de gente que lucha todos los días por vivir de una forma digna y que por el contrario, les ha tocado vivir una guerra que no es la suya, una guerra que ha sido introducida por un mismo sistema económico de muerte.

Yo quisiera que no haya gente muriendo en los territorios, sobre todo porque muchos de los jóvenes, de la gente que está en esos grupos armados, son los nuestros. Y se van al ejército, a la policía o a los paramilitares por absoluta necesidad. En muchas comunidades el Estado no está en términos de inversión social. Las vías las levantan la gente a punta de pico y pala. No obstante, sí están para entregar nuestras tierras a empresas multinacionales.

Hace unas semanas daban el Nobel de la Paz a dos personas que luchan contra la violencia sexual ejercida contra las mujeres en la guerra. ¿Qué pasa en su país?

Ese tema no es algo que yo haya trabajado, pero por ejemplo en Buenaventura, en el mayor puerto de Colombia, el feminicidio ha sido una estrategia para generar terror en la comunidad y entrar allí con un megaproyecto sin tener oposición.

¿Qué responsabilidad tiene la comunidad internacional en esa compleja guerra?

Muchas de las presiones económicas que tenemos sobre los territorios tienen que ver con las empresas que se han lucrado y saqueado nuestros territorios, que son las mismas que esclavizaron a nuestros ancestros y ancestras. Unión Fenosa, entre ellas.

En Europa hay muchas empresas que están violentando y vaciando nuestros territorios. Y eso pasa en mi país, en el resto de Latinoamérica y en África. La gente que se está cruzando el Mediterráneo, que se está muriendo en él, es producto de cómo le han destrozado su casa, de no tener condiciones de vida dignas. Y los que tienen la suerte de llegar y no morir, deben soportar la discriminación y el maltrato, que les traten como basura.

Luego, cada persona debe ver qué hace y cómo consume. No nos preguntamos si los productos que consumimos están bañados de sangre, si el costo de obtenerlos implica la destrucción de ríos y envenenamiento del territorio. Hoy el cambio climático es una muestra de que es necesario transformar esa visión de vida basada solo en el consumo. Hay que repensarnos la vida. Pero algunos, quienes tienen una serie de privilegios, no quieren verlo: creen que los recursos son ilimitados. Quizás nosotros somos los primeros que nos vamos a morir allá, pero el planeta se está apagando día a día. Todos los días esa lucecita se va mermando y va a llegar un momento en donde ya no va a alumbrar más.  FIN

Publicado en Diario Público