La falsa paz de Colombia

La paz en Colombia es un espejismo en gran parte del país, donde persiste la desigualdad y el control de ciertas partes del país por grupos armados que asesinan, extorsionan y amenazan a quienes defienden sus tierras y se agarran a lo pactado hace ya casi tres años. Papel mojado.

Se cumplen casi tres años (noviembre de 2016) de la firma del Acuerdo para la Terminación Definitiva del Conflicto colombiano y la paz está muy lejos de ser real. Casi tres años y la ausencia del Estado en los territorios es un hecho. Casi tres años y la muerte, violencia, amenazas y desapariciones siguen siendo el pan nuestro de cada día en ese rincón de América terriblemente acostumbrado a ver muertos flotando por sus ríos.

Casi tres años de paz teórica y el país no deja de sangrar. Casi tres años desde que  las FARC se desarmó (era parte del acuerdo), para evidenciar el abandono de la violencia, pero el conflicto sigue allí. También la desigualdad, que se entiende fácilmente con una cifra: el 1% de los propietarios posee el 80% del territorio. Y en este aspecto, las mujeres -esenciales en la firma de un acuerdo histórico por su perspectiva de género-, por quienes la guerra pasó de forma atroz convirtiéndolas en botín de guerra, sufren con mayor fuerza esa desproporción. “Una vaca tiene más derechos que una mujer. Ellas tienen derecho a una hectárea de tierra mientras que nosotras, no. Una vaca tiene derecho a vacunación y eso es sagrado acá, tiene un veterinario. Las mujeres rurales no tienen ni un centro de salud”, declara una campesina que no da su nombre por miedo a ser perseguida. Es una de las declaraciones que recoge el informe Defensoras de Derechos agrarios, territoriales y medioambientales de Colombia, presentado por Intermón Oxfam en estos días.

Porque las están matando y Colombia es ya el segundo país más peligroso del mundo para quienes defienden los derechos humanos. En este sentido, el grado de violencia es tal que la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresaba hace unos meses su alarma por la cantidad de civiles asesinados, hostigados y amenazados. A fecha de julio de este año, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz -INDEPAZ, entre el 24 de noviembre de 2016 (fecha en la que se suscribió el acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC – EP) y el 20 de julio de 2019, 627 personas líderes sociales y defensores de Derechos Humanos han sido asesinados.

En tan solo los primeros cuatro meses de este año, se contabilizaban al menos 51 asesinatos de líderes comunitarios, ambientalistas, campesinos e indígenas. Y de nuevo aquí ellas, las mujeres que deciden defender su territorio, sufren con fuerza el estigma de género y el hecho de ser indígenas, afros o campesinas. En este sentido, Oxfam Intermón alerta de que en el primer trimestre del año, los ataques contra las defensoras se han incrementado en un 97% respecto al mismo periodo del año anterior. 55 defensoras han sido asesinadas desde 2016.

Pero mientras, van pasando días, casi 1.000 desde aquella esperanzadora jornada…, y muertos. Porque la realidad, en estos casi tres años, parece estar matando la esperanza. Porque ante la ausencia del Estado, esas tierras anteriormente ocupadas por los guerrilleros de las FARC, han sido tomadas por el ELN (todavía alzado en armas), las disidencias de las FARC, los grupos paramilitares y las llamadas “bacrins” (bandas criminales).

Tampoco han llegado las promesas de hace casi tres años. La reforma rural no se ha acometido y no han llegado ni los recursos y ni planes prometidos. “Hasta la fecha, solo el 3% de las disposiciones incluidas en el capítulo de la Reforma Rural se ha completado y casi la mitad ni se han iniciado”, recoge el documento de la ONG.

Han pasado más cosas en el país andino con la guerra interna más larga de Latinoamérica: 50 años. Desde hace casi tres años el cultivo de coca crece anualmente. Casi tres años en los que las empresas extractivistas aumentan su negocio. Casi tres años en los que las gentes del campo denuncian unas políticas extractivistas que va en contravía de sus intereses y que además contaminan sus ríos y bosques.

“El país se raja en materia de Derechos Humanos. Nos están matando en un contexto de conflicto y con total impunidad”, afirma Jaqueline Rivera, una activista indígena traída a Europa por la ONG para denunciar la vulnerabilidad de sus vidas y del acuerdo de paz. Ella pide que se haga un “ejercicio de escucha” hacia sus comunidades, históricamente olvidadas. “La pobreza está nosotras”, denuncia gráficamente Luz Amparo Vázquez, también defensora y parte de la misma campaña, Todas somos Victoria. Ambas subrayan que las matan por defender el territorio. También dicen hablar en nombre de todos y todas. Piden acompañamiento internacional y ser reconocidas como sujetos de derecho. Y en estos casi tres años, y con tantas compañeras y compañeros asesinados, amenazas a sus familias, y amistades forzadas al desplazamiento, reconocen que tienen miedo, pero también que han aprendido a tragárselo, a veces, confiesan conscientes de que su activismo las sitúa en el centro de la diana. FIN.

Publicado en Diario Público

La sangrante paz de Colombia

«En tres semanas han atentado contra tres mujeres, tres mujeres que conocí este verano en Colombia». Ese fue el arranque de este artículo, un comentario a la directora de LA MAREA que rápidamente me pidió escribiese sobre el tema. Afortunadamente a ninguna de ellas la mataron, pero desde entonces, hace poco más de un mes, los asesinos varios que andan desangrando esa esquina de América han aniquilado a decenas de defensores y defensoras de los derechos humanos. Y estamos en paz. Y en Colombia no hay guerra. Y la mítica guerrilla de las FARC, la más antigua de América Latina entregó las armas hace ya dos años. Y los informativos no hablan de ello. 

Quizás los más avezados lectores hayan visto en Internet los gritos de un niño de 9 años este fin de semana. La criatura presenció cómo disparaban a su madre. En las imágenes, el pequeño golpea como un loco la puerta de su casa con el cadáver de su madre a unos metros. Aúlla, patalea y se desgarra ante el cuerpo sin vida tirado en el suelo de quien le crió. María del Pilar Hurtado, que así se llamaba, había sido declarada objetivo militar por los paramilitares. «Nosotros no estamos con rodeos. Nosotros vamos es matando y recuperando el control y si buscan que el pueblo se caliente, pues se calienta esta mierda. Le damos plazo hasta las 12 de la noche de hoy», rezaba uno de los panfletos que le enviaron un día antes de matarla. Se dirigían a ella como «gorda, hija e puta y mujer del cacharrero». No está claro si ella, dirigente social, desplazada de otras tierras por otros violentos, era defensora o no. Hay fuentes que apuntan que fue un error y dicen que estaba incluida en esa lista fatal por equivocación. 

Mayerlis Angarita durante el rodaje de Mujeres al frente.

Que acertasen o no es lo de menos: está muerta, como los 702 líderes sociales y 135 excombatientes que han sido asesinados según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) desde que se firmó el tratado de paz de la Habana. Repito el recuento, una cifra que seguramente estará desactualizada cuando lean estas líneas: 837 personas entre enero de 2016 y mayo de 2019. El gobierno colombiano entre esas dos fechas “solo» reconoce 281 homicidios de líderes sociales, otras fuentes oficiales como la Defensoría del Pueblo hablan de 462 asesinatos. 

Ya sea con un asesinato cada 24 o 48 horas, lo que está ocurriendo en Colombia es un asesinato sistemático, están matando el acuerdo de paz mientras que el Gobierno y gran parte de la sociedad civil mira para otro lado. Es molesto mancharse de barro; es incómodo acercarse a los territorios (o sea, a las tierras que los campesinos y campesinas defienden con su piel y su sangre, donde “estuvo” la guerra); es cansino y aburrido seguir hablando de armas, desplazados y veredas a las que no llegan ni los funcionarios, ni los hospitales ni las carreteras. Porque en ellas reinan a sus anchas los narcos de Sinaloa -en unos tiempos donde los cultivos de coca se multiplican-, las disidencias de las FARC, el ELN (otra de las míticas milicias del país que viendo los incumplimientos de las promesas Gobierno hacia el grupo armado resulta difícil creer que entreguen las armas), las bandas criminales y los paramilitares. 

«Estamos alarmados por el chocante número de activistas asesinados, acosados o amenazados en Colombia, y el hecho es que esta terrible tendencia parece empeorar», decía hace apenas unos días el portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Rupert Colville. Y por poner cara, esbozo un somero perfil de esas tres mujeres que sobreviven y que podrían haber engrosado esa interminable escabechina que no cesa y que se dirige claramente hacia quienes defienden la paz y sus territorios. 

Tiemblo al hacerlo porque se me mezclan con las palabras de otra defensora, la periodista Jineth Bedoya, contra quien los bestias también han atentado varias veces. Ella, que fue secuestrada dos veces, torturada y violada de forma masiva. Ella, que vive con siete guardaespaldas, este fin de semana en Acampa por la Paz, en Coruña, decía que no callará a pesar de que la siguen apuntando. De algún modo, espera las balas. Algo muy parecido repite Mayerlis Angarita, otra defensora, otra mujer que ha renunciado a una vida propia por defender un país donde no sea normal que las maten, desaparezcan, violenten o torturen, explica. Ella es una de las mujeres más perseguidas en la zona en la que vive, Montes de María, en el norte de Colombia. Cuestiona el sistema de arriba abajo: por eso la quieren tumbar. Angarita ha sobrevivido a varios atentados, el último hace apenas un mes cuando iba en el coche con su hija y su sobrino. Vive también custodiada y tanto a la reportera como a ella se les quiebra la voz cuando piensan que cada vez que hablan puede ser la última. “Resulta difícil de entender que sigamos, claro. De hecho me ofrecieron salir de Colombia, pero quiero cambiar las cosas desde aquí. Me criticaron, me dijeron que no pensaba en mis hijos. Pero es porque pienso en mis hijos que me quedo. Y si tú no haces nada, eres parte de la indiferencia que nos mata. Las balas no matan, mata la indiferencia”, afirmaba en el libro Mujeres al frente. “A nosotros nos vulneraron los derechos y nos los tienen que restablecer. No nos protegieron, ni nos dieron garantías para que esos grupos no nos tocaran. Es el mismo escenario de lo que está pasando ahora. Nos están matando sin que a nadie le importe. La diferencia con lo que viví empezando el milenio es que ya no pueden tapar el sol con un dedo”, escribía hace unos días en el suplemento Semana.  

Contra Francia Márquez también fallaron. La afrocolombiana ostenta el premio Goldman, considerado como el Nobel del Medioambiente y vive en el Cauca, una de las zonas más peligrosas del país y una auténtica «mina de oro», un vergel que ha quedado seco por la actividad ilegal minera que drena y contamina los ríos. Con ella estaba la activista Clemencia Carabalí cuando las dispararon la última vez. Las dos siguen en pie y dicen que cuando les usurparon todo (amigos asesinados, tierras y derechos), también les quitaron el miedo. «El atentado del cual fuimos víctimas líderes y lideresas, nos invita a continuar apostándole a lograr la paz en nuestros territorios, en el departamento del Cauca y en nuestro país. Ya está bueno de tanta sangre derramada», comentaba Márquez en twitter. 

Hartas de tanta guerra tienen claro que deben seguir. Deben ser las lecciones que les ha dado la vida en un mundo que no ha conocido la paz. Otra defensora, la campesina Nelly Velandia, también desplazada, también perseguida, también acosada apuntaba hace tiempo que la guerra les enseñó que no podían claudicar. Sigo escribiendo, pero según lo hago -alentada por su fuerza- vuelvo a temblar. Me llega al móvil una nueva advertencia contra Mayerlis Angarita. Es de ayer. Y en ellas, las Aguilas Negras (paramilitares) la ponen la primera en su lista de las personas a callar. “Ninguno de los anteriores se salvarán de nuestras órdenes como son torturar, secuestrar, desaparecer, mutilar, descuartizar como ejemplo para que otros dejen de abrir la boca”. Tras el último tiroteo que vivió el Gobierno dijo que eran ladrones. Señores gobernantes: ¿van a hacer algo? Porque no vale lamentar las muertas. No vale aterrarse ante las imágenes de un niño desconsolado. FIN

Publicado en La Marea https://www.lamarea.com/2019/06/27/la-sangrante-paz-de-colombia/

Mujeres de armas tomar

Los colombianos están inmersos en un precario proceso de paz que pretende acabar con medio siglo de lucha armada. Para entender cómo se vive ese tránsito, hablamos con cuatro excombatientes, cuatro mujeres que en su día blandieron fusiles desde distintos ejércitos. Todas los han dejado –de momento-. Están convencidas de que, al final, el enemigo es la guerra, maten unos u otros. 

Colombia 2018. Las crónicas cuentan que la guerra ha terminado, que los hasta 15.000 hombres y mujeres que en su día llegaron a integrar las FARC (insurgentes contra el Estado, combatientes, guerrilleros o como prefieran llamarse) han dejado las armas. Y sí, es cierto que en noviembre se cumplirán dos años desde que se firmó el acuerdo de paz entre el Gobierno y este grupo armado que combatió durante 52 años. No obstante, también son ciertos el miedo, las balas, los muertos y hasta los empalamientos a mujeres, una barbarie que ocurre hoy cuando los paramilitares pasan por los pueblos. No es ficción, es parte de los relatos que recoge Pilar Rueda, abogada y asesora en género para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Y aquí no hay literatura; la paz de Colombia es una paz con muertos. Entre ellos, los 77 líderes asesinados en el primer semestre de este 2018, según el Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos. Un cómputo al que hay que sumar también a los 76 exguerrilleros de las FARC asesinados tras haber dejado las armas y a 20 de sus familiares. Pocas bromas. Poca paz.

“EN LA NOCHE, DESPUÉS DEL TOQUE DE QUEDA, DERRIBABAN PUERTAS A CULATAZOS, SACABAN A LOS SOSPECHOSOS DE SUS CAMAS Y SE LOS LLEVABAN A UN VIAJE SIN REGRESO. ERA TODAVÍA LA BÚSQUEDA Y EL EXTERMINIO DE LOS MALHECHORES, ASESINOS, INCENDIARIOS Y REVOLTOSOS DEL DECRETO NÚMERO CUATRO, PERO LOS MILITARES LO NEGABAN A LOS PROPIOS PARIENTES DE SUS VÍCTIMAS, QUE DESBORDABAN LA OFICINA DE LOS COMANDANTES EN BUSCA DE NOTICIAS. “SEGURO QUE FUE UN SUEÑO”, INSISTÍAN LOS OFICIALES. “EN MACONDO NO HA PASADO NADA, NI ESTÁ PASANDO NI PASARÁ NUNCA. ESTE ES UN PUEBLO FELIZ”. ASÍ CONSUMARON EL EXTERMINIO DE LOS JEFES SINDICALES”. (‘CIEN AÑOS DE SOLEDAD’, GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ). 

La campesina Claudia Patricia Guachetá, de 36 años, cuenta que ella entró en las Autodefensas Campesinas a los 2. Ella es de una vereda, un camino estrecho que se forma por el paso de los animales y las personas perteneciente a Ortega, un pequeño pueblo cafetero de la región del Cauca, en el suroccidente del país, un vergel situado entre las regiones andinas y pacífica. Es tímida (prefiere no mirar a su interlocutora a los ojos) y parca en palabras: seguramente la guerra se las ha quitado. “Se cuida”, es decir, se anda con cuidado de por dónde se mueve, con quien habla y a qué hora se recoge a dormir: la noche en su región está marcada por un extraño toque de queda en el que los armados campan aún más a sus anchas. Allá donde vive, las FARC dejaron la región, sí, pero no hay tranquilidad. Desde entonces, merodean por sus ricos ríos y parques naturales hombres del ELN (otra de las guerrillas históricas colombianas), las disidencias de las FARC, grupos paramilitares, bandas criminales y los que allí llaman “los mexicanos”, los narcos de Sinaloa.

“No lo sé bien, fui de las Autodefensas desde que tenía 2 o 3 años. Mis abuelos ya lo eran. Era una forma de defender nuestras tierras del ELN y de las FARC”, explica con la misma naturalidad con la que una campesina sabe que va a llover. “Ocurrió que nos armamos de valor. Nunca entendí qué querían de nosotros. Nosotros no tenemos nada: solo unas tierras fértiles”, explica. Arrastra tristeza, la de haber tenido que normalizar la guerra, la de haber vivido siempre en una región especialmente golpeada por el conflicto donde las madres se despedían de sus hijos en el colegio como si fuera la última vez. Podía pasar que no se volvieran a ver. Está acostumbrada a la violencia, a un país donde hace unos años estaba prohibido llevar casco cuando se iba en moto: una persona con esa protección no es identificable y una nunca sabe si el que dispara es joven, adulto, negro, blanco, mujer u hombre. Tampoco se podía llevar “paquete”: era el que disparaba.

Claudia Patricia Guachetá ha pasado casi toda su vida en las Autodefensas, como el resto de su familia. Dice que era una forma de proteger sus tierras frente al ELN y las FARC
Claudia Patricia Guachetá ha pasado casi toda su vida en las Autodefensas, como el resto de su familia. Dice que era una forma de proteger sus tierras frente al ELN y las FARC

Lo terrible de su historia no es su pasado, que no haya vivido un día de su vida en paz; lo atroz es que todavía tiene miedo. “Volvemos a vivir entre amenazas y no sabemos ni quiénes son. Lo único que sabemos es que nos llegan avisos. Nos dicen que dejemos el café y entremos en los cultivos ilegales [coca]”, apunta esta mujer que apenas llegó a bachiller. “Miedo es que te digan que te van a matar y luego no lo hagan. Es lo que sentíamos durante los tres meses en los que todas las noches tuvimos que meternos en el monte, con la lluvia, con el frío. Porque podían volver y acabar con nosotros”. Habla de la masacre del año 2000. Mataron a trece campesinos. “Dos eran mis tíos. Entraron, los cogieron y les pegaron dos tiros. Primero en el costado y luego en la cabeza. A nosotros nos tenían amarrados para que fuéramos testigos. Lo vimos todo. Luego les cortaron las cabezas. Nos dejaron solo el tronquito. Antes me preguntaron si los conocíamos…Yo les negué”, dice con problemas para contener el llanto. Como remate, aquel comando de las FARC quemó sus casas.

“NO ENTENDÍA QUE HUBIERA NECESITADO TANTAS PALABRAS PARA DESCRIBIR LO QUE SE SENTÍA EN LA GUERRA SI CON UNA SOLA BASTABA: MIEDO”. (‘CIEN AÑOS DE SOLEDAD’, GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ). 

En 2003, con 21 años, Claudia Guachetá dejó las armas. Unas armas que ,paradójicamente, nunca empuñó. Sí reconoce que aprendió a usarlas, los hombres le enseñaron cómo cargarlas y desmontarlas en la plaza del pueblo, que hacía las veces de cuartel, pero nunca salió a patrullar. Tampoco se “enmontañó”, que es como en Colombia se dice a las personas que marchan a la guerra introduciéndose en las descomunales cordilleras andinas que rasgan el país en tres. En su pueblo, afirma, lo único que hicieron era defenderse de los ataques de la guerrilla cuando esta incursionaba. Las escopetas y pistolas que utilizaron las empuñaban los hombres, ellas organizaban la logística y cocinaban. Cuando el pasado gobierno de Uribe desmovilizó (reinsertó) a los paramilitares, ella, junto con otras 166 personas de su pueblo, se acogió a ese armisticio. Casi la mitad eran mujeres, muchas, abuelas que jamás apretaron un gatillo. La Justicia reconoció que aquel grupo de labriegos no causaron daños materiales ni víctimas y que se organizaron –sin un orden jerárquico, sin uniformes y sin una estructura militar- con el único objetivo de defenderse de los ataques de los insurgentes.

De todo lo prometido por dejar aquellas escopetas, casi nada. Su gesto, como el que han hecho ahora las FARC, se recompensaba con las prestaciones que históricamente piden las gentes de los campos: medios para una vida digna. Sí recibió atención psicológica, pero ni el colegio, ni el hospital, ni las carreteras llegaron. Es la ausencia del Estado, la triste historia de décadas de sangre en Colombia. “En mi pueblo desde hace tres años no hay ni una sombra del Estado, no está el ejército, ni siquiera un funcionario de correos”, denuncia. Mientras, la maldita presencia de los armados persiste y la hace reflexionar, pesimista, que quizás la paz no sea cosa de los hombres.

 —“¿Os volveréis a armar?”

 —“Pues creo que sí. ¿Quién nos va a defender? ¿Cuál es la opción, dejarnos matar?”, pregunta. También dice que le gustaría sentarse con los miembros de las FARC y preguntarles qué querían de ellos.

“Y LA NORMALIDAD ERA PRECISAMENTE LO MÁS ESPANTOSO DE AQUELLA GUERRA INFINITA: QUE NO PASABA NADA”. (‘CIEN AÑOS DE SOLEDAD’, GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ). 

Se alzaron en armas porque el Estado nunca estuvo en sus regiones, por la desesperación y la terrible desigualdad en las que vivían esos millones de colombianos a los que no les llegó nunca la prosperidad de un país que era uno de los más ricos del planeta en oro, esmeraldas, petróleo, flora y fauna. Eso arguyen las guerrillas históricas de este país de insurgentes, pobres y millonarios extremos. Lo dicen las personas que tomaron y dejaron las armas de las FARC y del M19, por citar dos movimientos que han marcado (con sangre también) la historia del país andino. Lo sostienen ellos, pero también organizaciones como Cepal (Comisión Económica para América Latina y Caribe), que sitúa a Colombia como el segundo país más desigual de América Latina. Y lo peor, la situación, tras tantos años de guerra, no ha mejorado. La ONG Oxfam, que lleva décadas en el país, denuncia por ejemplo que un millón de explotaciones campesinas tienen, de media, un tamaño inferior a la tierra de la que dispone una vaca. Lo hacía en un informe sobre desigualdad publicado el pasado junio en el que se explicaba que se mida como se mida, “la concentración de la tierra es hoy muy superior a la que existía en la década de 1960, cuando se comprendió que una distribución más equitativa de la tierra no solo era una cuestión fundamental de justicia, sino también de eficiencia productiva”.

“Llegamos a las guerrillas para luchar por una educación, por una tierra, por una salud… por dignidad”, explica Marcela González, 50 años y ex comandante de las FARC. Entró en sus filas con 16 años. Era campesina, pasaba hambre y los armados que “paseaban” por sus tierras desde hacía dos años le hablaron de una revolución para cambiar las cosas. Habla desde la sede en la ciudad de Popayán del partido fundado en agosto de 2017 por los excombatientes de la guerrilla tras firmar la paz con el Gobierno con el nombre de FARC, siglas que en este caso corresponden a Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Su esquema de vida durante 32 años fue el de la guerra, que resume en: carpa [tienda de campaña] en vez de casa; equipo, es decir, armas; ropa de camuflaje, gorra, toalla, jabón, papel y caminatas. No resulta fácil hablar con ella. Desconfía y su discurso suena gélido. “La dureza de la guerra nos templó. Nunca he vivido un estilo de vida relajado. A los 7 años ya andaba en el campo trabajando con la yuca y el plátano. Luego, cuando me enrolé, llegó la disciplina militar”, señala. Normas para levantarse, normas para acostarse, para mandar un regimiento, para disparar y normas también para ser o no madre, algo incompatible con las armas.

Marcela González entró en las FARC con 16 años. Llegó a comandante
Marcela González entró en las FARC con 16 años. Llegó a comandante

Ella se quedó embarazada según entró en la guerrilla, en el campamento en el que aprendían a guerrear. Entregó a su hija a unos campesinos. Era solo un bebé. La vio veinte años más tarde, cuando se firmó la paz. “No fue fácil. Cuando nos reencontramos éramos dos mujeres adultas que se veían por primera vez. Yo simplemente intenté que entendiese el compromiso por el que luchaba”, señala la exguerrillera. Su hija, que se salvó del vivir en un campamento militar (algo que no se permitía), había padecido otra guerra: la del desplazamiento y la pobreza. De cría, la pequeña tuvo que abandonar la casa en la que vivía por amenazas de otros armados que mataron a su familia adoptiva. Con 10 años se fue a una ciudad, donde malvivió, es decir, sobrevivió con dos de sus hermanos “postizos”, todos huérfanos de alguna forma. “Ella fue una víctima, como tantas en este país, de la miseria, de la discriminación, del desprecio, del no tener con qué pagar su alimento”, zanja Marcela González. Su relación con ella hoy sigue siendo muy distante.

— “ESTO ES UN DISPARATE, AURELITO –EXCLAMÓ.

— NINGÚN DISPARATE –DIJO AURELIANO-. ES LA GUERRA. Y NO ME VUELVA A DECIR AURELITO, QUE YA SOY EL CORONEL AURELIANO BUENDÍA”. (‘CIEN AÑOS DE SOLEDAD’, GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ).

Con ella está la excomandante Amanda Ríos, que dice haber cumplido los 40 y no tiene hijos. Sobre la maternidad, comenta que aquello [la guerra] no era un juego y que quien se incorporaba a sus filas sabía que debía someterse a una planificación aceptada. Ella sí tiene formación: estudiaba en la Universidad, estaba ligada a partidos de izquierda y en sus vacaciones se iba a la guerrilla. “Me persuadió la convivencia entre nosotros y poder compartir unas relaciones absolutamente sólidas basadas en las causas que nos llevaron a rebelarnos contra el sistema para dar el poder al pueblo”, resume.

Ríos habla de la difícil situación que viven ambas para reintegrarse a la sociedad. Por una parte, corren riesgo físico. Desde el armisticio, tal y como apuntábamos al principio, han sido asesinados 76 desarmados de las FARC y 20 familiares. Hay además 6 desaparecidos. En su caso, viven con un pie en las zonas que el Gobierno asignó para quienes combatieron (Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación) y otro en la ciudad, de forma semiclandestina. No dan sus nombres verdaderos (siguen utilizando el de la guerra) y tampoco cuentan a sus vecinos a qué se dedicaron durante tantos años. Dicen estar dispuestas a verse cara a cara con sus víctimas. “Con dolor del alma. Doble, el nuestro y el suyo. Porque no ha habido una guerra sin crueldad”, apunta la universitaria, reconociendo los errores que cometió su grupo contra la población civil. No tiene claro si quienes sufrieron sus embestidas están más preparados que ellas para la reconciliación, pero sí reconoce su nobleza y su absoluta voluntad de paz y de conocer la verdad para que nunca más se repitan esas décadas de sangre y fuego. Ellas, por su parte, aseguran que jamás repetirían y no barajan la opción de volver a armarse.

Amanda Ríos empezó en la guerrilla durante las vacaciones de sus estudios universitarios
Amanda Ríos empezó en la guerrilla durante las vacaciones de sus estudios universitarios

Más allá de la empatía y de los intentos de comprensión por parte de unos y otros, el país debe resolver cuestiones como qué empleos y medios de vida se les otorgan a unas personas que durante años no supieron hacer otra cosa que combatir y en muchos casos no pisaron una escuela o una ciudad. En La Habana, el Gobierno se comprometió a darles un sueldo mínimo durante un tiempo, casa y posibilidad de trabajo, casi siempre en el campo. Las promesas están lejos de cumplirse.

Flor González también tomó las armas. Fue hace ya muchos años. Lo hizo como combatiente del M19. Lleva ya veinte reinsertada. Hoy trabaja en la Universidad del Cauca y charla sobre su pasado militar de forma distendida y clara. Uno de sus hijos escucha atento la conversación mientras prepara un trabajo para el instituto. Como las excomandantes, no cree que la guerra haya terminado. Al contrario, para ella la situación ahora es peor, ya que los actores, comenta, están difuminados y nadie sabe quién es quién. Aparte, señala, el ambiente está más polarizado. La gente ve el país en blanco o negro y cuando se le pregunta, como ha ocurrido en los dos últimos referendos, vota incomprensiblemente por seguir en guerra y dice sí a la corrupción. Colombia, Locombia como se nombra algunas veces a esa esquina de América, es difícil de explicar. Para entenderla hay que introducir en el saco variables como bandos armados (legales e ilegales), desigualdad, narcotráfico, desplazados, armas y corrupción, por citar algunas.

“Para empezar a entendernos deberíamos plantear un buen diccionario del lenguaje de la guerra y la paz. Porque ahora todo el país habla del ‘proceso’ y todo lo que tiene que ver con ello suena muy bonito, pero está muy alejado de nosotros. Es un lenguaje de la élite, pertenece a quienes estuvieron en La Habana, pero sigue faltando realidad. Nos perdemos en conferencias y en cátedras que hablan de reinserción, rehabilitación, dejación de armas, reincorporación… Pero la verdad del país es que seguimos en una guerra, aunque se considere un hecho aislado que sucede en los territorios. Los muertos, los líderes sociales, son muertos aislados”, señala contundente.

Para Flor Fernández, en Colombia se da un juego maldito que asume que todo aquel que tomó las armas es malo y no se juzga al corrupto que dirige el funcionamiento del país. “¿De qué estamos hablando cuando aquí hay presidentes como Uribe que tienen un vínculo directo con los paramilitares? Y si hablamos de narcos, solo hace falta pensar en Samper”, apunta la exguerrillera. Ella, ya reinsertada y con familia, tuvo en un momento dado que huir de su país y exiliarse. Entonces estaba en la diana de los paramilitares.

Tras años combatiendo en las filas del M19, Flor González se reinsertó hace dos décadas. Ahora trabaja en la Universidad del Cauca
Tras años combatiendo en las filas del M19, Flor Fernández se reinsertó hace dos décadas. Ahora trabaja en la Universidad del Cauca

En su opinión, para que las mujeres y hombres que como ella se armaron puedan volver a ser ciudadanos, hace falta acompañamiento del Estado. Desde un punto de vista social, dice, es necesario articular una vuelta a las comunidades de donde salieron esas personas. “Hay que llevarlas a los lugares desde los que se perdieron y seguir un proceso de transición. Esa gente no puede volver sola, debe hacerlo con ese Estado que nunca estuvo y que fue la razón por la que empuñamos las armas. Hay que pensar en convertirnos todos en gestores de paz, en volver a reconstruir lazos y acabar con el desarraigo familiar que crea una guerra. Lo segundo es ver qué aptitudes tienen. No vale con idear -desde Bogotá- un proyecto productivo y olvidarlos en el campo”.

Respecto a las cuestiones más relacionadas con el género y la guerra, es contundente. No duda de que las combatientes lo tienen más complicado para volver a ser ciudadanas: “Quienes hacen las políticas de reinserción son hombres”, explica. También habla de la existencia de una “política vaginal” dentro de las guerrillas, algo que no está en ningún manual y pocas reconocen. “El problema del machismo es estructural y se da en la guerra y en la paz. Lo único a lo que nos podemos agarrar es que ahora somos más conscientes y estamos más preparadas, pero el patriarcado está en todas partes”.

En su caso, no tuvo hijos mientras combatía: “Imposible en un campamento”. Decidió ser madre tras dejar las armas. Su compañero también guerreó. A los niños no les contaron que habían sido parte de la guerra hasta que fueron lo suficientemente mayores. No lo hicieron para que no se autolimitaran política y socialmente. No querían que cayesen en esa división del mundo en buenos y malos y porque, como apuntaban sus compañeras, la guerra duele desde cualquier lado. Hoy, conocedores de su historia, ambos hijos se sienten orgullosos de su pasado. Y ahí, el adolescente, que nos ha servido café, se acerca, sonríe y besa a su madre.

—“Si la guerra sigue, si no se han resuelto los problemas, ¿qué os queda? El panorama es duro. ¿Hay esperanza para la paz?”, le preguntamos.

—“Nos queda soñar y sí hay cierta esperanza, la de nuestros hijos”, contesta. Victoria Sandino, senadora de las FARC y excombatiente, coincide: “Colombia ha cambiado y dado pasos importantes. Nunca antes se había pensado que la izquierda sacara ocho millones de votos. La gente ha empezado a perder el miedo. No obstante, se deben dar cambios estructurales para que haya justicia social. No se justifica que en este país, con un territorio tan rico y diverso, mueran niños de hambre, y eso pasa en El Chocó, en la Guajira y en Bogotá. No se justifica que siga existiendo una población tan numerosa con vocación agropecuaria y tantas tierras, y que no se asignen tierras. Eso tiene que cambiar, pero repito, hay esperanza”.   

“SIN EMBARGO, FRENTE A LA OPRESIÓN, EL SAQUEO Y EL ABANDONO, NUESTRA RESPUESTA ES LA VIDA. NI LOS DILUVIOS NI LAS PESTES, NI LAS HAMBRUNAS NI LOS CATACLISMOS, NI SIQUIERA LAS GUERRAS ETERNAS A TRAVÉS DE LOS SIGLOS Y LOS SIGLOS HAN CONSEGUIDO REDUCIR LA VENTAJA TENAZ DE LA VIDA SOBRE LA MUERTE…. ANTE ESTA REALIDAD SOBRECOGEDORA, LOS INVENTORES DE FÁBULAS QUE TODO LO CREEMOS, NOS SENTIMOS CON EL DERECHO DE CREER QUE TODAVÍA NO ES DEMASIADO TARDE PARA EMPRENDER LA CREACIÓN DE LA UTOPÍA CONTRARIA. UNA NUEVA Y ARRASADORA UTOPÍA DE LA VIDA, DONDE NADIE PUEDA DECIDIR POR OTROS HASTA LA FORMA DE MORIR, DONDE DE VERAS SEA CIERTO EL AMOR Y SEA POSIBLE LA FELICIDAD, Y DONDE LAS ESTIRPES CONDENADAS A CIEN AÑOS DE SOLEDAD TENGAN POR FIN Y PARA SIEMPRE UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD SOBRE LA TIERRA”. (EXTRACTO DEL DISCURSO DE GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ AL RECOGER EL PREMIO NOBEL DE LITERATURA EN 1982).

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Francia Márquez: “El río es mi vida”

-¡Negra¡, gritó la niña al verse en el espejo. //Desde entonces, ese es mi color favorito”. Ese fue el verso elegido por Francia Márquez, la mujer afrocolombiana que ostenta el premio Goldman, considerado como el Nobel del Medioambiente, en la presentación del libro Horas de guerra, minutos de paz, de Emilio Polo. Era uno de los muchos actos que ha mantenido durante su gira por España para subrayar el abandono de sus comunidades por parte del Estado.

La activista es del Cauca, una de la zonas más golpeadas por la guerra en Colombia donde a pesar de los pactos firmados entre las FARC y el Gobierno, la guerra persiste. A esa violencia han de sumar la que trae la minería ilegal: un auténtico cáncer en sus territorios que se está comiendo su tierras –que son deforestadas en busca del metal- y ríos, envenenados por el mercurio utilizado para separar sustancias. Márquez empezó como activista siendo una adolescente, pero su “master” como defensora del medio ambiente le llegó tras una marcha que realizó para gritar al mundo, tras un sinfín de denuncias infructuosas, que la minería ilegal estaba acabando con sus tierras. Caminó 350 kilómetros durante 10 días junto con otras 130 mujeres y jóvenes. Consiguió sacar unas máquinas retroexcavadoras de sus tierras, pero solo unas; las hay por miles. Según fuentes de la Fiscalía colombiana, el 80% de todo el oro minado anualmente en Colombia se produce de forma ilegal con métodos que causan una devastadora destrucción ambiental. Un reciente estudio de la Universidad Externado de Bogotá encontró que hasta 80 ríos del país están contaminados. La Fiscalía también señala que diez importantes ríos están a punto de “desaparecer”.

Francia Márquez, que tuvo que desplazarse de su tierra y vive amenazada, dice haberse inspirado en la sabiduría de sus mayores, “gente que no sabía leer pero que le decían: ‘ustedes tiene que cuidar al río como a su papá y a su mamá, porque eso es el ciclo de vida’”.

Usted denuncia una política extractivista por parte del gobierno colombiano que va en contra de las comunidades.

Desde que se empezó a vender a Colombia como un país para la minería, se disparó la minería ilegal en toda la región del Pacífico. Para mí, la minería ilegal es una estrategia para justificar la gran minería y esa política extractivista en Colombia que no mira a las comunidades. Porque la minería ilegal ha llegado a nuestras regiones con la complicidad de las instituciones del Estado, que dejan pasar esas máquinas retroexcavadoras por nuestros caminos hasta llegar a los ríos. ¿Cómo llegan esas máquinas allí, no los ven los retenes de la fuerza pública? Pareciese que esas grúas y dragas fuesen cájas de fósforos se llevan en un bolsillo. ¿Quién permite esa compra de un mercurio que forzosamente debe ser importado del exterior? Con licencias o sin ellas, solo hay que asomarse y ver cómo se están destruyendo el territorio, pero eso no lo ven ni el ejército ni las instituciones ambientales.

Les acusan de ir contra el desarrollo.

En muchos territorios donde el Gobierno ha entregado títulos mineros a empresas, se nos ha acusado de ser perturbadores de mala fe. Cuando nos dicen que nos oponemos al desarrollo, yo pregunto: ¿al desarrollo de quién? A la gente la han despojado de sus tierras y ahora se ven forzadas a trabajar en latifundios de caña de azúcar, monocultivos que solo dan intereses para los grandes terratenientes. ¿De qué desarrollo estamos hablando si para construir una represa han tenido que quedar sepultadas las tierras con las que vivíamos del café, cacao y plátano, la pesca y la minería artesanal?.

El problema de la minería ilegal viene de hace años, pero además ahora con el nuevo Gobierno estamos saltándonos la Constitución del 91 y retrocediendo a la del 86, donde los afrocolombianos no teníamos derechos. Esos derechos fundamentales que nos permitían proteger nuestros territorios, entendidos como espacio de vida, donde podíamos recrear nuestra cultura, se han ido menoscabando. Se está presentando un proyecto de ley para que el derecho fundamental de la consulta previa [otorgado para la poblaciones originarias] no sea un obstáculo para la élite que defiende que el desarrollo se mida en términos económicos y no en bienestar social.

Resulta paradójico que ríos en su país sean sujetos de Derecho y sus gentes no tengan ni agua potable, ni pescado que comer.

Se explica si miras a sus habitantes: somos negros. Y yo no me olvido de nuestra historia, a nosotros nos dijeron que éramos salvajes. A nosotros nos quitaron nuestra humanidad. Y eso está ahí: el racismo hace que nosotros seamos considerados como cosas que no merecemos derechos. Y cuando nos dan derechos, se quedan en el papel. Y cuando los exigimos, nos replican: “Su derecho no puede obstaculizar nuestro desarrollo”.

Estamos hablando casi más de derechos humanos que de medioambiente.

Es que no se pueden separar. Están totalmente relacionados. Para mí, la naturaleza no se desprende del territorio, que es vida. Y esa es parte de nuestra lucha, luchamos por nuestro modo de vida, luchamos por el río.

No parece que quede mucho espacio para los derechos humanos hoy en Colombia, a pesar del pacto entre las FARC y el Gobierno.

Es cierto. Como comunidades afro, como campesinas y como mujeres hoy le apostamos a la paz, pero el nuevo panorama es muy duro: está el ELN, las disidencias de las FARC, los paras, los narcos… A mí se me parte el corazón, porque tenía la esperanza de que el conflicto iba a disminuir, y sí, ya no hay bombardeos, pero la violencia sigue, entre otras cosas, porque el Gobierno no cumple con su compromiso de implementación de esos acuerdos de paz.

No podemos hablar de paz cuando vivimos realidades como el horror del desplazamiento forzado. La semana pasada en una audiencia pública el gobernador de Nariño denunciaba que en este año se han desplazado por el conflicto armado 5.000 personas en su departamento. ¿No lo ven? Allí no hay que hablar de guerrillas, hay que hablar de gente que lucha todos los días por vivir de una forma digna y que por el contrario, les ha tocado vivir una guerra que no es la suya, una guerra que ha sido introducida por un mismo sistema económico de muerte.

Yo quisiera que no haya gente muriendo en los territorios, sobre todo porque muchos de los jóvenes, de la gente que está en esos grupos armados, son los nuestros. Y se van al ejército, a la policía o a los paramilitares por absoluta necesidad. En muchas comunidades el Estado no está en términos de inversión social. Las vías las levantan la gente a punta de pico y pala. No obstante, sí están para entregar nuestras tierras a empresas multinacionales.

Hace unas semanas daban el Nobel de la Paz a dos personas que luchan contra la violencia sexual ejercida contra las mujeres en la guerra. ¿Qué pasa en su país?

Ese tema no es algo que yo haya trabajado, pero por ejemplo en Buenaventura, en el mayor puerto de Colombia, el feminicidio ha sido una estrategia para generar terror en la comunidad y entrar allí con un megaproyecto sin tener oposición.

¿Qué responsabilidad tiene la comunidad internacional en esa compleja guerra?

Muchas de las presiones económicas que tenemos sobre los territorios tienen que ver con las empresas que se han lucrado y saqueado nuestros territorios, que son las mismas que esclavizaron a nuestros ancestros y ancestras. Unión Fenosa, entre ellas.

En Europa hay muchas empresas que están violentando y vaciando nuestros territorios. Y eso pasa en mi país, en el resto de Latinoamérica y en África. La gente que se está cruzando el Mediterráneo, que se está muriendo en él, es producto de cómo le han destrozado su casa, de no tener condiciones de vida dignas. Y los que tienen la suerte de llegar y no morir, deben soportar la discriminación y el maltrato, que les traten como basura.

Luego, cada persona debe ver qué hace y cómo consume. No nos preguntamos si los productos que consumimos están bañados de sangre, si el costo de obtenerlos implica la destrucción de ríos y envenenamiento del territorio. Hoy el cambio climático es una muestra de que es necesario transformar esa visión de vida basada solo en el consumo. Hay que repensarnos la vida. Pero algunos, quienes tienen una serie de privilegios, no quieren verlo: creen que los recursos son ilimitados. Quizás nosotros somos los primeros que nos vamos a morir allá, pero el planeta se está apagando día a día. Todos los días esa lucecita se va mermando y va a llegar un momento en donde ya no va a alumbrar más.  FIN

Publicado en Diario Público

Paz de día; guerra de noche

Santander de Quilichao, Cauca, Colombia.- “Crear media masivos de comunicación”, señala uno de los integrantes y vecino del municipio de Buenos Aires, Cauca. Forma parte del grupo de “Reconciliación, Convivencia y Paz” que la Agencia de Reconstrucción Territorial (ART) ha convocado para conocer y trasladar las peticiones de sus vecinos al gobierno colombiano. La idea: construir un nuevo país. “¿Pero de verdad queremos medios de comunicación masivos? Pensemos mejor en radios comunitarias, en cuántas necesitaríamos, qué contenido le daríamos y hasta dónde alcanzaríamos en cuanto a cobertura?”, matizan el resto de participantes (ocho, hombres y mujeres afros e indígenas). Durante dos días negocian cada uno de los puntos que previamente se han trabajado en las veredas y corregimientos de la zona. Los otros grupos (compuestos cada uno por una decena de personas) hablan de soberanía alimenticia; reactivación económica; vivienda, agua potable y saneamientos; educación rural y primera infancia; salud rural; infraestructuras y ordenamiento social. Se trata de ir escalando los temas que han salido de sus comunidades a las cabeceras de sus municipios y de ahí a las regiones. Son los denominados Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), hijos del acuerdo de paz firmado en La Habana entre el Gobierno y las FARC.

La prevención de alcoholismos y otras sustancias adictivas aparece en el debate de quienes discuten cómo articular un territorio reconciliado y en paz. Los participantes zanjan rápidamente que ese asunto le corresponde al grupo que trabaja temas de salud. No obstante, rescatan un ángulo que sí consideran importante para conseguir una buena convivencia: evitar la exclusión y marginación de los consumidores y la prevención, también en los temas del grupo que debate Educación. “Criminalizarnos no es bueno”, sugieren. “Compañero escribiente, digitador, apunte: centros para el deporte. Es importante contar con espacios de recreación y ocio para los jóvenes”, pide una indígena al funcionario estatal que va registrando en un portátil.

Antes de hacerlo, el empleado público lee en voz alta cómo queda la petición. Si hay acuerdo, solicita un nombre, el de la persona que dará continuidad y seguimiento al tema.

Una vez zanjado, abordan los otros puntos del bloque temático en el que están: empoderamiento de las mujeres indígenas; fortalecimiento de una justicia propia (donde deben convivir, así lo dice la Constitución, las normas indígenas y afros con las leyes generales); refuerzo de la Casa de Justicia y definición de las guardias indígenas, cimarronas y campesinas. El manejo intercultural también se toca. Al debatirlo surge la importancia de defender sus culturas, pero teniendo en cuenta que los usos y costumbres no vayan en contra de los derechos de las mujeres… “Es nuestra responsabilidad concienciar a los hombres en una cultura del respeto hacia ellas”, apunta un indígena. “Ustedes lo definen”, espeta Franklin Ramírez, de la organización gubernamental.

La dinámica con la que transcurre la jornada va sobre ruedas. Hay respeto, participación, representatividad… “Recuerde: este es un espacio de construcción colectiva por el municipio que soñamos”, se lee en las acreditaciones. La tarde es soleada, se trabaja en un local al aire libre y el Cauca atardece en apariencia tranquilo. Solo es apariencia, parte de los participantes deben irse: viven en el campo y en la noche nadie garantiza su seguridad por las carreteras o trochas. Algunos líderes comunitarios, apuntan desde la Agencia de Reconstrucción Territorial, no han podido llegar: están amenazados. Hace unas semanas mataron a uno de ellos; uno más. El conflicto en esta zona del país está lejos de haberse acabado. La guerra con las Farc ha terminado, sí, pero la ausencia del Estado sigue siendo una pauta en una región donde la presencia del Eln, los mexicanos (cartel de Sinaloa), disidentes de las Farc y bandas criminales operan como quieren. En otras palabras, la barbarie de siempre.

“Teníamos muchas esperanzas, pero las élites de este país no quieren oír hablar de otras formas de gobierno alternativas. No quieren entrar en temas como verdad, justicia y reparación, de una ley de víctimas o de restitución de tierras. No ha habido una buena planificación, no llega la respuesta del gobierno y no hay garantías de seguridad”, apunta Franklin Ramírez. Por contra, sí reconoce una gran avance en el trabajo que vienen haciendo: es la primera vez que el Gobierno no dice lo que hay que hacer sino que acude a las comunidades a escuchar sus necesidades. El reto, coinciden todos: implementar esos planes.

Otro puntal para la esperanza, sería según el técnico de la agencia estatal, el fortalecimiento de la ciudadanía, la resistencia, que llaman ellos. “Sí, y debemos estar preparados, porque no hay voluntad política para implementar todos estos cambios y que no quede en papel. De ahí lo importante de que estemos organizados. No queremos ser víctimas. Somos sujetos activos de derechos y queremos tener voz y voto”, señala una de las mujeres. Lo hace con la misma sonrisa, dulzura y contundencia con la que defendía hace unos minutos cómo construir un país en reconciliación, convivencia y paz. Es tarde. Ella debe ser de las que no deben tomar carretera. FIN

“Pedimos perdón porque necesitamos sanar heridas”: Camila Cienfuegos

Con 14 años dejó de su casa y se enmontañó, que es como dicen en Colombia, su país, coger un fusil y meterse en la guerrilla. Tras toda su vida en la guerra, la comandante Camila Cienfuegos (Valle del Cauca, 1977) fue una de las mujeres de la insurgencia que estuvo en La Habana durante el largo negociado de la paz. Formaba parte de la Subcomisión de Género. Se declara feminista, a pesar de haber formado parte de un grupo fuertemente patriarcal, jerarquizado y acusado de utilizar la violencia sexual (como el resto de los actores armados legales e ilegales) como un arma de guerra. Cienfuegos lo niega y recuerda los estatutos del grupo insurgente en pro de la igualdad de hombres y mujeres. Molesta ante la afirmación, reitera que jamás existió un mandato para que se dieran esas violaciones, y que si ocurrieron, señala, fueron siempre a modo particular. Terminada la entrevista y apagada la grabadora, pide reiterar ese punto y subraya el papel de la Jurisdicción Espacial para la paz, que se encargará durante 15 años, de juzgar a exguerrilleros de cualquier delito, violencia sexual incluida.

¿Está Colombia hoy más cerca de la paz, tras un año de la firma del acuerdo?

Relativamente, porque sí, formalmente la guerra ha terminado, pero mientras no se implementen los cambios que están en el papel, el avance no será real. Si no se ejecuta lo que firmamos, no habrá paz.

¿Cuáles son las principales dificultades para que la paz sea haga efectiva?

La extrema derecha no quiere la paz. Nosotros hemos cumplido nuestra palabra y el Gobierno en parte, pero un sector de la sociedad no la quiere. Y uno de los motivos es que la paz tiene una gran desventaja: no genera dividendos, como lo hace la guerra.

Dicen que la indiferencia de parte de los colombianos mata más que las balas. 

Sí, y esa parte de falta de solidaridad e insensibilidad también está en los medios de comunicación. De alguna forma parece que si no hay muertos, no hay titular. En Colombia nos hemos acostumbrado y no contamos con periodistas que sepan visibilizar la paz. Entre todos hicimos que la guerra fuera lo ordinario.

Usted nació en un país en guerra, se enroló en las filas de la insurgencia siendo una adolescente y hasta hace un año no supo qué era la dejación de armas. ¿Sabría qué es la paz?

La guerra no se vive simplemente por haber militado en las FARC, tiene muchas más dimensiones. La guerra son las bombas, la metralla, sí, pero también la miseria, el abandono del campo colombiano, la falta de atención a los derechos de las mujeres, que no tengan derecho a unas tierras, a una educación, a una vida más allá de la esfera privada…

La paz es una reforma rural integral, es acceso a la educación, es que se respete el derecho a la vida, es hacer una política distinta a la del uso de las armas. Paz es respeto a la vida, que haya libertad de pensamiento, de opinión, que no nos asesinemos por decir lo que pensamos, es ejercer de verdad una democracia, también para nosotros [las FARC].

Habla de respeto a la vida. ¿Eso lo entenderán también las víctimas de las FARC?

Sí, porque nuestra lucha nunca pretendió hacer daño a nuestro pueblo. Siempre tuvo una intencionalidad política y buscó una salida negociada. Y si nos equivocamos alguna vez, hemos pedido perdón a quien hicimos daño.

Sí, nos hemos acercado a esa gente a la que pudimos hacer daño y les hemos pedido perdón. Perdón porque necesitamos sanar heridas, reconciliarnos y dejar los rencores y odios. Si los que estábamos frente a frente nos hemos dado la mano y hablado con el adversario, que no enemigo, si hemos podido entender que nos enfrentamos innecesariamente porque ninguno entendía al otro… creo que debemos buscar entendernos. Porque además, a nosotros (exguerrilleros y defensores de los derechos humanos) nos siguen matando, prácticamente una persona por semana. La violencia sigue su curso en Colombia.

¿Cómo es la vuelta a la sociedad civil, tras toda una vida en la guerra?

Nosotros siempre estuvimos en la sociedad, con las comunidades. Nosotros estábamos donde no estaba el Estado con escuelas, puestos de salud, construyendo carreteras… Vivíamos el día a día de esa sociedad históricamente marginada. Y seguimos con ellos, especialmente ahora, tras el acuerdo. Somos hijos e hijas de las comunidades y siempre hemos estado con ellos. Estamos trabajando en proyectos productivos y haciendo capacitaciones y pedagogía de la implementación de los acuerdos y de la importancia de incluir el enfoque de género en una nueva Colombia.

Sorprende en sus biografías que una de las primeras cosas que aparecen es su autodefinición como feminista. 

Soy una firme defensora de las mujeres. Hay que tener en cuenta que a nosotras, un 30% de la organización, siempre nos han tachado de ser “las compañeras” , las asistentes y mujeres de los guerrilleros. Y eso no era cierto, en la guerrilla hombres y mujeres cocinaban, batallaban, aprendían y se formaban sin distinción de generos. No se ha contado que somos mujeres empoderadas que luchamos por nuestros derechos, por el acceso a la tierra, por la igualdad, por participar en la esfera política, por todos los derechos vulnerados de las mujeres en Colombia y en todas partes.

A pesar de las dificultades, ¿tiene esperanza en una Colombia en paz?

Sí, siempre. No podemos perder la esperanza.

Camila Cienfuegos es una de las cuatro ponentes invitadas por Alianza por la Solidaridad para analizar la realidad del conflicto colombiano un año después de la firma del acuerdo de paz. La ex comandante, que “concibe la lucha de las mujeres como una conquista de derechos en igualdad para todo el conjunto de la sociedad”, hablará también de la importancia de incluir una perspectiva de género en la implementación de los acuerdos. La exguerrillera participará junto con Pilar Rueda, jurista e integrante de la Subcomisión de Genero de la Mesa de Conversaciones de La Habana, en la que incidió especialmente en los derechos de las mujeres víctimas de la violencia sexual; Charo Mina, activista y afrocolombiana, que jugó un papel importante a la hora de incluir los derechos étnicos en el tratado de paz y Aida Quilcué, lideresa indígena, una voz clave para entender la diversidad del país andino.

(Publicado originalmente en El País)

Un testimonio de dignidad y coraje

Por Piedad Bonnett

(Epílogo del Mujeres al frente, el libro que próximamente será publicado por libros.com. Gracias, querida escritora y poeta colombiana, autora, entre otros de Lo que no tiene nombre, un libro dedicado a la vida y la muerte de su hijo Daniel, donde alcanza los lugares más extremos de la existencia y lleva la literatura hasta la asfixia. Gracias, querida Piedad por regalarme este texto y participar así en Mujeres al frente. Tú eres otra más).

“Cuando decimos la palabra guerra solemos imaginarnos enormes contingentes de hombres armados que luchan, bien de manera formal en ejércitos regulares, bien como grupos dispersos que llevan a cabo ataques sorpresivos en guerra de guerrillas. Visualizamos tanques de guerra, bombarderos, trincheras, camiones, atestados de hombres que exponen sus vidas. A las mujeres en la guerra nos las imaginamos, en cambio, de la manera en que lo ha mostrado el cine: como enfermeras en el frente o como víctimas en un segundo plano, madres que reciben los cadáveres de sus hijos, novias y viudas que lloran a los jóvenes sacrificados. Pero la realidad es muy otra. No sólo porque las mujeres ya no sólo nos dedicamos a desempeñar aquellos roles que la tradición consideró “naturalmente” femeninos – de modo que hoy encontramos ya a muchas desempeñando puestos políticos y militares decisivos a la hora de los conflictos armados- sino porque la guerra nos involucra de otras maneras, a menudo difícilmente percibidas. Una realidad de la que dan cuenta la literatura y el periodismo, como lo hizo Svetlana Alexievich en La guerra no tiene rostro de mujer y como hace Lula Gómez a través de Mujeres al frente, libro de entrevistas a siete mujeres que han tenido que ver con el conflicto armado colombiano.

Detrás de cada una de ellas hay historias muy distintas, pero en todas hay dolor, conciencia y empoderamiento: la voluntad de convertir una experiencia personal en acción social, en transformación y consecución de metas, ya sean justicia, rehabilitación, transformación legal o humana de las condiciones oprobiosas. Algunas son mujeres que se han crecido ante la adversidad y, como tantas otras, anónimas, han debido multiplicar sus fuerzas y hacer cosas que jamás imaginaron que podían hacer, como las madres de los muchachos asesinados en lo que se ha llamado “falsos positivos”, un nombre para crímenes infames cometidos por miembros de las fuerzas del Estado sólo para escalar posiciones, conseguir permisos o ganar dinero. Y otras, personas que, desde una visión de género, han embarcado sus vidas en proyectos solidarios y de defensa de las víctimas, haciendo visible lo que la sociedad muchas veces no ve: que hay una violencia de género que tiene un carácter estructural, que es un arma de guerra usada por los distintos actores del conflicto, y que se apoya en últimas en el machismo ancestral que se aprende en el hogar, se reafirma en la escuela y se ejerce en todos los niveles en las sociedades que han naturalizado la desvalorización de lo femenino.

Un prominente grupo de investigadores encabezado por María Emma Wills, dentro del Centro de Memoria Histórica que dirige el sociólogo Gonzalo Sánchez, ha adelantado un juicioso estudio sobre mujer y guerra en Colombia que demuestra que la violencia sexual fue una estrategia de sometimiento adelantada por casi todos los actores del conflicto, que como sabemos fueron paramilitares, narcotraficantes, agentes del Estado y guerrilla, muchas veces actuando en pérfidas alianzas; y que en algunos casos, como el de los paramilitares, esa violencia –ejercida contra mujeres y personas de la comunidad LGBTI– cuya intención era humillar, degradar, herir, fue desde imponer pautas de comportamiento, que incluían horarios de diversión, tipo de atuendo, corte de pelo, humillaciones públicas, etcétera, hasta violaciones, sometimiento a esclavitud, prostitución forzosa, desplazamiento y muerte. Dentro de esta violencia de género sistemática, se cuenta el asesinato selectivo de cientos de líderes comunitarias o de mujeres contestatarias que se atrevieron a desafiar a sus victimarios.

Este tipo de violencia ha sido soslayada por muchas razones, entre otras por el silencio de las propias víctimas, llevadas por el miedo a la estigmatización que a menudo trae la vejación sexual o por el deseo de ocultar a los hijos de los violadores su doloroso origen; pero también por indolencia de las instituciones del Estado, que hasta hace unos años ni siquiera aceptaba que existe un delito llamado feminicidio y que se ha interesado poco en investigar los crímenes desde una perspectiva de género. Miles de viudas o de madres que perdieron a sus hijos en la guerra, muchas de ellas, además, despojadas de sus tierras, se vieron forzadas a desplazarse a otras zonas o a las ciudades implacables donde las esperaba la discriminación, la miseria e incluso la mendicidad. Mantener la dignidad en esas circunstancias no es fácil. Aun así, muchas encontraron la manera de organizarse, de recomponer sus vidas y además de insertarse en un proceso de reconciliación y paz. Apoyadas por algunas ONG o por organizaciones estatales o internacionales, brotaron proyectos esforzados de productividad, y grupos centrados en recuperar la memoria de los hechos y restañar, hasta donde es posible, las heridas. De estos hay numerosos ejemplos. María Emma Wills, en artículo reciente sobre la resiliencia, nos dice: “…la imagen que me ayuda a seguir creyendo que Colombia sí tiene futuro es la de las familiares Débora, Telemina y Carmen, quienes no sólo emprendieron una lucha en los estrados judiciales estatales con el fin de que los responsables fueran detenidos y pagaran por sus fechorías, sino que, en una actitud altiva, lucieron mantas rojas en uno de los rituales de entierro de sus familiares. Con ese gesto indicaban a los perpetradores que sus actos de sevicia contra otras mujeres de su comunidad no las doblegaban ¡no a ellas!, que portaban con orgullo los emblemas de su estirpe”.

Lula Gómez nos enfrenta, a través de los testimonios de estas siete valiosas mujeres, no sólo a las realidades complejísimas de una guerra donde todo es maraña, difícil de desentrañar, sino, y sobre todo, a la capacidad de resistencia que ellas ilustran, apoyadas en su dignidad, su valentía y no poca imaginación”.

PIEDAD BONNETT

 

 

Mirar la guerra desde los ojos de las mujeres

(Publicado originalmente en el Huffington Post, Huffington Post. )

Colombia resulta fascinante: puede ocurrir de todo. Por la parte macondiana y más colorida, recuerdo manifestaciones de ladrones autorizadas en las que los maleantes gritaban que los auténticos malos no eran ellos. Gritaban a cara descubierta, ese día que podían, que quienes robaban estaban en las instituciones. También viví cómo en un cine rural al aire libre la entrada era diferente si se optaba por leer los subtítulos al revés; desde el otro lado de la pantalla. Pero si entramos en el drama, desde allí nos hemos hasta aburrido de ver masacres. Y absurdos, como a un Pablo Escobar que desde la cárcel recibía putas y manejaba el cartel de drogas. Más. Para un curioso, un inquieto, un periodista resulta fácil hablar con una persona que dice ser mercenario y dedicarse a matar. Pero ojo, tras ese espectáculo (cuidado, periodistas; cuidado, audiencias), hay que reiterar que Colombia es un lugar que se desangra por una guerra que resulta imposible de datar: no son 52 años, son muchos más. Porque allí, el conflicto es la desigualdad, que mata. Y son muchos los muertos y las muertas de esa esquina de América del Sur, son millones los desplazados, incontables las mujeres utilizadas como botín de guerra, los mutilados físicos y psíquicos y las víctimas de esa atrocidad que se llama guerra. Como cuento en el prólogo del libro que publico ahora con libros.comMujeres al frente, las guerras siempre me han llamado la atención.

Supe siempre que mi abuelo Mario había participado en la guerra, la nuestra, y aquello me provocaba tantas preguntas… Mi abuelo, aquel señor grande y tierno que comprendía y nos permitía siempre todo. No solíamos estar solos; por allí andaban también mi abuela y mi hermano. No obstante, recuerdo buscar momentos a solas para preguntarle si él había matado. En mi cabeza de menos de diez años me resultaba imposible que aquel señor que me protegía y daba cariño, hubiese disparado a otro hombre. Su respuesta a mi pregunta directa fue ambigua. Con tristeza y muy despacio, como costándole las palabras, me llegó a contar que aquello fue lo más triste con lo que jamás un hombre se puede enfrentar y que solo esperaba que nunca jamás se repitiese. Entendí que sí mató.

Con las muchas inquietudes que me sigue provocando nuestra guerra civil o cualquier otra, porque al final, todas son las mismas, Colombia y su guerra me ha respondido a muchas de mis dudas. Aunque en Mujeres al frente (tanto el libro como la película), quizás la clave esté en mirar el conflicto desde otra perspectiva, desde los ojos de ellas, las mujeres, quienes no suelen engrosar las filas de combatientes, pero sí ponen muertos, sus hijos que caen matando; sus hijas, que son violadas; sus maridos, muertos o ausentes, sus muchas miserias… Me paré en ellas porque en Colombia, desde hace años, de una forma silente y soterrada, las mujeres llevan inventándose alternativas a la muerte. Dicen algo tan obvio como que la violencia solo provoca violencia y están hartas del patriarcado y de que impere la ley del más fuerte. Repiten que la indiferencia mata, que no hay paz sin desarrollo. Afirman también que necesitan de la memoria para construir un nuevo país que no repita el horror de matar y matar. Quieren una Colombia democrática, y no hay democracia sin mujeres, por eso es importante que se las oiga. Y hay que hacerlo por dos motivos obvios: uno, por justicia, y dos, porque plantean ideas diferentes y porque las actuales, las de seguir apostándole a la violencia solo ha tintado los ríos de sangre.

Termino con sus nombres, que son quienes han hecho posible esta gran historia. Las protagonistas de Mujeres al frente son la campesina Nelly Zelandia; la afrocolombiana Luz Marina Becerra; la candidata al Nobel de la Paz Luz Marina Bernal; la ex comandante del M19 Vera Grabe; la fundadora de la Ciudad de las Mujeres, Patricia Guerrero; la lideresa comunal Mayerlis Angarita y la socióloga Beatriz Montoya. A todas ellas les agradezco sus lecciones de vida. Suelo repetir que ojalá fueran presidentas porque “no estaría mal escribir un libro sobre la guerra que provocara náuseas, que lograra que la sola idea de la guerra diese asco. Que pareciese de locos. Que hiciera vomitar a los generales”. Esta última afirmación es de Svetlana Alexiévich, Nobel de Literatura. Lo dice en su libro la Guerra no tiene rostro de mujer. Algo así pretende ser Mujeres al frente. FIN

El freno de las mujeres a guerra sin fin

(Contundente texto de Isabel Valdés, publicado en el Blog de Mujeres El País

Las violaron, las mutilaron, las despojaron de sus tierras, las arrinconaron, las desplazaron, las expulsaron, las hicieron desaparecer, emigrar, ocultarse. Las convirtieron en viudas, en madres sin hijos, en hermanas sin hermanos, en tumbas, en ira, en abuelas vacías, en nada. Colombia ha sufrido durante décadas una violencia ininterrumpida, brutal y expandida hasta el último rincón. En medio del terror que crecía sin pausa, las mujeres fueron víctimas desproporcionadas.

Desde el Bogotazo que dio paso a La Violencia, aquel periodo de acertado nombre entre 1948 y 1958 —aunque ningún historiador se pone de acuerdo en acotar aquellos años—, con casi dos millones de desplazados y alrededor de 300.000 muertos. Después, el conflicto armado para estrenar la década de los 60, y ya no paró: primero fue el Gobierno, luego la guerrilla, se sumaron los paramilitares, aparecieron los narcos y brotó la criminalidad.

Como parte de aquel horror, también quisieron participar en su final. Y lo hicieron. El papel de las mujeres durante ese proceso, y después para alcanzar el Acuerdo de Paz (firmado el 12 de noviembre de 2016, aunque no definitivo), apenas ha sido reconocido por la opinión pública más allá de los sectores con cierto interés por el papel femenino en la historia de Colombia. El texto firmado a finales del pasado año entre el presidente, Juan Manuel Santos, y el líder de las FARC, Rodrigo Londoño (conocido como Timochenko), incluye disposiciones de género importantes, tanto por la profundidad de las mismas, como por la garantía que supone para que ellas sigan participando de todo lo que está por venir.

La periodista y escritora Lula Gómez (Madrid, 1970) se encontró en 2015 con dos mujeres que cambiaron su futuro más inmediato, Luz Marina Bernal y Patricia Guerrero, y decidió, después de un sinfín de “noes” de medios de comunicación y editoriales, publicar un libro y grabar un documental que pusiera voz y rostro a esas mujeres que ponen voz y rostro a millones de colombianas, Mujeres al frente. Mujeres que expertos internacionales en la resolución de conflictos han calificado como innovadoras y modélicas.

Phumzile Mlambo-Ngcuka, directora ejecutiva de ONU Mujeres, y Zainab Hawa Bangura, representante especial del secretario general sobre la violencia sexual en los conflictos, hablaron en aquel momento sobre el trabajo sin precedentes de la Mesa de Conversaciones de Paz y su subcomisión de género: “Las mujeres son una fuerza dinámica para la paz y la reconciliación, y esto debe reforzarse en el acuerdo final y, de forma fundamental, durante la fase de implementación. Puede que éste sea el mejor ejemplo de una participación significativa y consistente de las mujeres en un proceso de paz”.

Patricia Guerrero, ex jueza y fundadora de la Ciudad de las Mujeres; Nelly Velandia, campesina que representa a seis millones de mujeres; Mayerlis Angarita, superviviente del conflicto y fundadora de Narrar para Vivir; Luz Marina Bernal, líder de las Madres de Soacha y nominada al Premio Nobel de la Paz; Beatriz Montoya, fundadora de AMOR y resistente ante la guerra; Vera Grabe, ex dirigente del M19 y directora del Observatorio por la Paz; y Luz Marina Becerra, líder afrocolombiana y activista de los DD HH. Ellas son la condensación de Lula Gómez en Mujeres al frente, de la pelea constante, ahora más visible y posible.

“Colombia es un país al que viajo mucho. En uno de esos viajes, después de conocer la historia de Marina Bernal y Patricia Guerrero, supe que tenía que socializar esas historias, contarlas, expandirlas. Volví a España y todo fue una negativa como respuesta por parte de los medios de comunicación”. Explica Gómez que su enfado derivó en intentar ir un poco más allá y empezó a pensar en incluir a más mujeres que pudiesen ampliar la narración: “Di con siete perfiles y, envalentonada, pensé en un libro”. Se lo ofreció a una editorial que, de primeras, le dijo sí. Luego fue un sí y 1.000 euros para viajar, conseguir los testimonios y volver. Al final fue un no y Gómez volvió a enfadarse. “Pues ahora me voy a montar un documental”, pensé.

Su malestar acabó siendo más productivo que obstáculo y todas aquellas puertas cerradas se convirtieron en un proyecto que le ha llevado dos años (aunque en diez días aterrizó en Bogotá, las localizó, les financió el billete hasta la capital y grabó), y que finalmente ha salido mediante crowdfunding a través de Libros.com. A 19 días de que terminara la campaña alcanzó los mecenas que necesitaba para publicar el libro, 200; ahora, su segundo objetivo es llegar a los 300.

Aunque asegura que el documental, fílmicamente hablando, es muy básico, demuestra que las historias sirven para algo más que para envolverlas en papel de regalo: “Estas señoras mantienen un librazo y un documental que ha estado en el Festival de Cine de Málaga, y ya tiene distintos premios”. Parte de la consistencia del libro y el documental viene por el discurso que sostiene a ambos: “Aunque parece de Perogrullo que la violencia solo lleva a más violencia, el poder sigue apostando por hacer más armas, más policía, más conflicto. Pero el cambio solo se dará con la educación y el desarrollo”.

Gómez exhala: “La indiferencia mata, eso comentan ellas todo el tiempo. Tienen una postura valiente, enfrentan a verdugos y víctimas, hacen posible el diálogo”. Diálogo, educación, desarrollo. “Reclaman un sistema nuevo que les reconozca derechos tan básicos como el de la propiedad de sus tierras o contar con soberanía alimentaria. Una nueva sociedad más igualitaria, un lugar que ha de ser construido de nuevo desde las bases si se quiere poder respirar paz”. Sin miedo a hablar, a pedir, a exigir. En Colombia, después de más de medio siglo de ser víctimas de las víctimas, es momento de construir alternativas desde la palabra, la memoria, la justicia y la reinserción.

LA CONFIRMACIÓN DE LA ONU

Según un estudio reciente realizado por Naciones Unidas sobre la implementación de la Resolución 1325 de mujeres, paz y seguridad, en los casos en que las mujeres tuvieron la oportunidad de ejercer una influencia profunda en el proceso de negociación, las probabilidades de alcanzar un acuerdo eran muy superiores que en los procesos en que esta influencia había sido escasa o nula.

De hecho, cuando se contó con la participación de las mujeres y estas ejercieron una influencia amplia, las negociaciones culminaron casi siempre con un acuerdo. Uno de los efectos que más se repetían de la participación de las mujeres en los procesos de paz era la presión que ejercían para iniciar, reanudar o concluir las negociaciones cuando habían perdido impulso o cuando las conversaciones habían fracasado.

Al controlar otras variables, los procesos de paz en los que participaban mujeres en calidad de testigos, firmantes, mediadoras y/o negociadoras registraban un incremento del 20% en la probabilidad de alcanzar un acuerdo de paz que perdurase, como mínimo, dos años. Este porcentaje aumenta a lo largo del tiempo, ya que la probabilidad de lograr un acuerdo de paz que dure 15 años crece un 35%.

Puedes descargar el estudio aquí: Estudio mundial sobre la aplicación de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.