La falsa paz de Colombia

La paz en Colombia es un espejismo en gran parte del país, donde persiste la desigualdad y el control de ciertas partes del país por grupos armados que asesinan, extorsionan y amenazan a quienes defienden sus tierras y se agarran a lo pactado hace ya casi tres años. Papel mojado.

Se cumplen casi tres años (noviembre de 2016) de la firma del Acuerdo para la Terminación Definitiva del Conflicto colombiano y la paz está muy lejos de ser real. Casi tres años y la ausencia del Estado en los territorios es un hecho. Casi tres años y la muerte, violencia, amenazas y desapariciones siguen siendo el pan nuestro de cada día en ese rincón de América terriblemente acostumbrado a ver muertos flotando por sus ríos.

Casi tres años de paz teórica y el país no deja de sangrar. Casi tres años desde que  las FARC se desarmó (era parte del acuerdo), para evidenciar el abandono de la violencia, pero el conflicto sigue allí. También la desigualdad, que se entiende fácilmente con una cifra: el 1% de los propietarios posee el 80% del territorio. Y en este aspecto, las mujeres -esenciales en la firma de un acuerdo histórico por su perspectiva de género-, por quienes la guerra pasó de forma atroz convirtiéndolas en botín de guerra, sufren con mayor fuerza esa desproporción. “Una vaca tiene más derechos que una mujer. Ellas tienen derecho a una hectárea de tierra mientras que nosotras, no. Una vaca tiene derecho a vacunación y eso es sagrado acá, tiene un veterinario. Las mujeres rurales no tienen ni un centro de salud”, declara una campesina que no da su nombre por miedo a ser perseguida. Es una de las declaraciones que recoge el informe Defensoras de Derechos agrarios, territoriales y medioambientales de Colombia, presentado por Intermón Oxfam en estos días.

Porque las están matando y Colombia es ya el segundo país más peligroso del mundo para quienes defienden los derechos humanos. En este sentido, el grado de violencia es tal que la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresaba hace unos meses su alarma por la cantidad de civiles asesinados, hostigados y amenazados. A fecha de julio de este año, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz -INDEPAZ, entre el 24 de noviembre de 2016 (fecha en la que se suscribió el acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC – EP) y el 20 de julio de 2019, 627 personas líderes sociales y defensores de Derechos Humanos han sido asesinados.

En tan solo los primeros cuatro meses de este año, se contabilizaban al menos 51 asesinatos de líderes comunitarios, ambientalistas, campesinos e indígenas. Y de nuevo aquí ellas, las mujeres que deciden defender su territorio, sufren con fuerza el estigma de género y el hecho de ser indígenas, afros o campesinas. En este sentido, Oxfam Intermón alerta de que en el primer trimestre del año, los ataques contra las defensoras se han incrementado en un 97% respecto al mismo periodo del año anterior. 55 defensoras han sido asesinadas desde 2016.

Pero mientras, van pasando días, casi 1.000 desde aquella esperanzadora jornada…, y muertos. Porque la realidad, en estos casi tres años, parece estar matando la esperanza. Porque ante la ausencia del Estado, esas tierras anteriormente ocupadas por los guerrilleros de las FARC, han sido tomadas por el ELN (todavía alzado en armas), las disidencias de las FARC, los grupos paramilitares y las llamadas “bacrins” (bandas criminales).

Tampoco han llegado las promesas de hace casi tres años. La reforma rural no se ha acometido y no han llegado ni los recursos y ni planes prometidos. “Hasta la fecha, solo el 3% de las disposiciones incluidas en el capítulo de la Reforma Rural se ha completado y casi la mitad ni se han iniciado”, recoge el documento de la ONG.

Han pasado más cosas en el país andino con la guerra interna más larga de Latinoamérica: 50 años. Desde hace casi tres años el cultivo de coca crece anualmente. Casi tres años en los que las empresas extractivistas aumentan su negocio. Casi tres años en los que las gentes del campo denuncian unas políticas extractivistas que va en contravía de sus intereses y que además contaminan sus ríos y bosques.

“El país se raja en materia de Derechos Humanos. Nos están matando en un contexto de conflicto y con total impunidad”, afirma Jaqueline Rivera, una activista indígena traída a Europa por la ONG para denunciar la vulnerabilidad de sus vidas y del acuerdo de paz. Ella pide que se haga un “ejercicio de escucha” hacia sus comunidades, históricamente olvidadas. “La pobreza está nosotras”, denuncia gráficamente Luz Amparo Vázquez, también defensora y parte de la misma campaña, Todas somos Victoria. Ambas subrayan que las matan por defender el territorio. También dicen hablar en nombre de todos y todas. Piden acompañamiento internacional y ser reconocidas como sujetos de derecho. Y en estos casi tres años, y con tantas compañeras y compañeros asesinados, amenazas a sus familias, y amistades forzadas al desplazamiento, reconocen que tienen miedo, pero también que han aprendido a tragárselo, a veces, confiesan conscientes de que su activismo las sitúa en el centro de la diana. FIN.

Publicado en Diario Público

La sangrante paz de Colombia

«En tres semanas han atentado contra tres mujeres, tres mujeres que conocí este verano en Colombia». Ese fue el arranque de este artículo, un comentario a la directora de LA MAREA que rápidamente me pidió escribiese sobre el tema. Afortunadamente a ninguna de ellas la mataron, pero desde entonces, hace poco más de un mes, los asesinos varios que andan desangrando esa esquina de América han aniquilado a decenas de defensores y defensoras de los derechos humanos. Y estamos en paz. Y en Colombia no hay guerra. Y la mítica guerrilla de las FARC, la más antigua de América Latina entregó las armas hace ya dos años. Y los informativos no hablan de ello. 

Quizás los más avezados lectores hayan visto en Internet los gritos de un niño de 9 años este fin de semana. La criatura presenció cómo disparaban a su madre. En las imágenes, el pequeño golpea como un loco la puerta de su casa con el cadáver de su madre a unos metros. Aúlla, patalea y se desgarra ante el cuerpo sin vida tirado en el suelo de quien le crió. María del Pilar Hurtado, que así se llamaba, había sido declarada objetivo militar por los paramilitares. «Nosotros no estamos con rodeos. Nosotros vamos es matando y recuperando el control y si buscan que el pueblo se caliente, pues se calienta esta mierda. Le damos plazo hasta las 12 de la noche de hoy», rezaba uno de los panfletos que le enviaron un día antes de matarla. Se dirigían a ella como «gorda, hija e puta y mujer del cacharrero». No está claro si ella, dirigente social, desplazada de otras tierras por otros violentos, era defensora o no. Hay fuentes que apuntan que fue un error y dicen que estaba incluida en esa lista fatal por equivocación. 

Mayerlis Angarita durante el rodaje de Mujeres al frente.

Que acertasen o no es lo de menos: está muerta, como los 702 líderes sociales y 135 excombatientes que han sido asesinados según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) desde que se firmó el tratado de paz de la Habana. Repito el recuento, una cifra que seguramente estará desactualizada cuando lean estas líneas: 837 personas entre enero de 2016 y mayo de 2019. El gobierno colombiano entre esas dos fechas “solo» reconoce 281 homicidios de líderes sociales, otras fuentes oficiales como la Defensoría del Pueblo hablan de 462 asesinatos. 

Ya sea con un asesinato cada 24 o 48 horas, lo que está ocurriendo en Colombia es un asesinato sistemático, están matando el acuerdo de paz mientras que el Gobierno y gran parte de la sociedad civil mira para otro lado. Es molesto mancharse de barro; es incómodo acercarse a los territorios (o sea, a las tierras que los campesinos y campesinas defienden con su piel y su sangre, donde “estuvo” la guerra); es cansino y aburrido seguir hablando de armas, desplazados y veredas a las que no llegan ni los funcionarios, ni los hospitales ni las carreteras. Porque en ellas reinan a sus anchas los narcos de Sinaloa -en unos tiempos donde los cultivos de coca se multiplican-, las disidencias de las FARC, el ELN (otra de las míticas milicias del país que viendo los incumplimientos de las promesas Gobierno hacia el grupo armado resulta difícil creer que entreguen las armas), las bandas criminales y los paramilitares. 

«Estamos alarmados por el chocante número de activistas asesinados, acosados o amenazados en Colombia, y el hecho es que esta terrible tendencia parece empeorar», decía hace apenas unos días el portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Rupert Colville. Y por poner cara, esbozo un somero perfil de esas tres mujeres que sobreviven y que podrían haber engrosado esa interminable escabechina que no cesa y que se dirige claramente hacia quienes defienden la paz y sus territorios. 

Tiemblo al hacerlo porque se me mezclan con las palabras de otra defensora, la periodista Jineth Bedoya, contra quien los bestias también han atentado varias veces. Ella, que fue secuestrada dos veces, torturada y violada de forma masiva. Ella, que vive con siete guardaespaldas, este fin de semana en Acampa por la Paz, en Coruña, decía que no callará a pesar de que la siguen apuntando. De algún modo, espera las balas. Algo muy parecido repite Mayerlis Angarita, otra defensora, otra mujer que ha renunciado a una vida propia por defender un país donde no sea normal que las maten, desaparezcan, violenten o torturen, explica. Ella es una de las mujeres más perseguidas en la zona en la que vive, Montes de María, en el norte de Colombia. Cuestiona el sistema de arriba abajo: por eso la quieren tumbar. Angarita ha sobrevivido a varios atentados, el último hace apenas un mes cuando iba en el coche con su hija y su sobrino. Vive también custodiada y tanto a la reportera como a ella se les quiebra la voz cuando piensan que cada vez que hablan puede ser la última. “Resulta difícil de entender que sigamos, claro. De hecho me ofrecieron salir de Colombia, pero quiero cambiar las cosas desde aquí. Me criticaron, me dijeron que no pensaba en mis hijos. Pero es porque pienso en mis hijos que me quedo. Y si tú no haces nada, eres parte de la indiferencia que nos mata. Las balas no matan, mata la indiferencia”, afirmaba en el libro Mujeres al frente. “A nosotros nos vulneraron los derechos y nos los tienen que restablecer. No nos protegieron, ni nos dieron garantías para que esos grupos no nos tocaran. Es el mismo escenario de lo que está pasando ahora. Nos están matando sin que a nadie le importe. La diferencia con lo que viví empezando el milenio es que ya no pueden tapar el sol con un dedo”, escribía hace unos días en el suplemento Semana.  

Contra Francia Márquez también fallaron. La afrocolombiana ostenta el premio Goldman, considerado como el Nobel del Medioambiente y vive en el Cauca, una de las zonas más peligrosas del país y una auténtica «mina de oro», un vergel que ha quedado seco por la actividad ilegal minera que drena y contamina los ríos. Con ella estaba la activista Clemencia Carabalí cuando las dispararon la última vez. Las dos siguen en pie y dicen que cuando les usurparon todo (amigos asesinados, tierras y derechos), también les quitaron el miedo. «El atentado del cual fuimos víctimas líderes y lideresas, nos invita a continuar apostándole a lograr la paz en nuestros territorios, en el departamento del Cauca y en nuestro país. Ya está bueno de tanta sangre derramada», comentaba Márquez en twitter. 

Hartas de tanta guerra tienen claro que deben seguir. Deben ser las lecciones que les ha dado la vida en un mundo que no ha conocido la paz. Otra defensora, la campesina Nelly Velandia, también desplazada, también perseguida, también acosada apuntaba hace tiempo que la guerra les enseñó que no podían claudicar. Sigo escribiendo, pero según lo hago -alentada por su fuerza- vuelvo a temblar. Me llega al móvil una nueva advertencia contra Mayerlis Angarita. Es de ayer. Y en ellas, las Aguilas Negras (paramilitares) la ponen la primera en su lista de las personas a callar. “Ninguno de los anteriores se salvarán de nuestras órdenes como son torturar, secuestrar, desaparecer, mutilar, descuartizar como ejemplo para que otros dejen de abrir la boca”. Tras el último tiroteo que vivió el Gobierno dijo que eran ladrones. Señores gobernantes: ¿van a hacer algo? Porque no vale lamentar las muertas. No vale aterrarse ante las imágenes de un niño desconsolado. FIN

Publicado en La Marea https://www.lamarea.com/2019/06/27/la-sangrante-paz-de-colombia/